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En nueve años se destinó más de 18 mil millones de bolivianos para pagar estos beneficios. El presidente Evo Morales, en su mensaje-informe del 6 de agosto, destacó que los bonos llegan a más de cuatro millones de bolivianos. "Es decir, el 42% de la población boliviana recibe bonos y rentas en Bolivia, casi el 50%”, manifestó.
En esa oportunidad el Mandatario también firmó el decreto de la quinta medida social de este tipo que crea su Gobierno: el subsidio prenatal, que consiste en la entrega de alimentos a las mujeres gestantes, equivalentes a 300 bolivianos a partir del quinto mes de embarazo. De todos es el único que se dará en especie.
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La Capitana Grande Guaraní dijo que si las autoridades no responden a sus demandas plantearán una Acción de Amparo Constitucional en contra de la política de exploración de hidrocarburos.
Los guaraníes de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) de Takovo Mora masificarán mañana el bloqueo de la carretera hacia Camiri y advierten con una Acción de Amparo Constitucional exigiendo que se respete la consulta a los pueblos indígenas sobre las medidas gubernamentales de exploración y explotación hidrocarburífera, informó la Capitana Grande Guaraní, Willma Redondo.
La dirigente informó que este domingo los guaraníes reiniciaron sus medidas de presión y se replegaron hacia la carretera a Camiri para bloquear la vía, hasta que las autoridades gubernamentales "bajen para dialogar" sobre sus políticas que están asumiendo y que afectan las tierras de los indígenas. Añadió que el conflicto no solo es de Takovo Mora sino de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), por esa razón "se sumarán a las medidas de presión al menos 500 guaraníes de Chuquisaca y similar número de Tarija", sostuvo.
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Los directores de las ONG que fueron atacadas el lunes por el Vicepresidente Álvaro García Linera, quien advirtió que podrían ser expulsadas del país, dijeron que seguirán trabajando en Bolivia y mantendrán su labor independiente. Dijeron que no pueden salir del país "porque son bolivianas".
García Linera mencionó que las ONG que vierten "mentiras" en el país son CEDLA, CEDIB, Fundación Tierra y Milenio. Las tres primeras son de línea izquierdista, y en el pasado apoyaron a los movimientos sociales que luego conformaron el MAS. La cuarta es de tendencia liberal.
"Esa es la política de esas ONG y ese discurso de fondo lo defienden con mentiras, con datos erróneos, hacen política. Entonces, por supuesto que nosotros también decimos: señor de la ONG, usted no tiene derecho a entrometerse en asuntos políticos en nuestro país, si se entromete se va afuera", afirmó García Linera. En 2013 el gobierno expulsó a la ONG IBIS Dinamarca por, supuestamente, realizar tareas de "desestabilización política".
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Fue aprehendido sin orden judicial y liberado como consecuencia de la presión de los comunarios del TIPNIS
El dirigente del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y excandidato presidencial por el Partido Verde de Bolivia, Fernando Vargas, tras ser liberado de las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de Trinidad, anunció que acudirá a organismos de defensa de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional.
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Tras el ampliado que realizaron sus afiliados entre el miércoles y el viernes pasados, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) prepara la presentación de una Acción Popular que buscará, mediante un amparo constitucional, la anulación de tres decretos supremos que autorizan la exploración y explotación de recursos naturales en áreas protegidas y territorios indígenas, informó ANF.
La magna asamblea se realizó en Macharetí, Chuquisaca, para analizar los tres decretos que, según los dirigentes indígenas, "vulneran los derechos” de los guaraníes y de los pueblos indígenas bolivianos en general.
Esos decretos son el 2366, que posibilita la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas protegidas; el 2195, relacionado con la exploración, explotación e industrialización de recursos naturales estratégicos; y el 2298, que se refiere a sistemas de consulta a los pueblos indígenas. Los guaraníes creen que estos decretos violan la Constitución Política del Estado porque alientan la explotación petrolera en sus territorios.
