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Los investigadores Fernando Barberi, Cecilia López, Alfredo Molano Bravo y Carlos Salgado analizaron los planteamientos de los candidatos a la Presidencia sobre tratados de libre comercio, situación de la mujer rural, zonas de reserva campesina y política de baldíos. 

La ONG internacional Oxfam es una agrupación de 17 organizaciones que tiene presencia en 90 países del mundo, donde trabaja para encontrar soluciones al problema de la pobreza. En Colombia sus investigaciones sobre la inequidad en la tenencia de la tierra y el acceso a recursos por parte de campesinos han sido de gran valor académico y social. En los últimos tiempos han desarrollado profundos análisis sobre el problema de la adquisición de tierras baldías por parte de poderosas empresas nacionales y transnacionales, así como han dedicado un importante esfuerzo a explicar la manera como la distribución de la tierra es el origen de la brecha social entre el mundo rural y el urbano.

Esta vez dicha ONG se propuso indagar sobre los planteamientos de los cinco candidatos a la Presidencia en lo que tiene que ver con el mundo agrario en Colombia. Para esto pidió a los investigadores Fernando Barberi, Cecilia López, Alfredo Molano Bravo y Carlos Salgado que analizaran las posiciones de los aspirantes a la Casa de Nariño desde sus propuestas para cuatro temas específicos: los tratados de libre comercio, que trabajó Barberi; la situación de la mujer rural, analizada por López; las zonas de reserva campesina, desde la perspectiva de Molano, y la política de baldíos, vista por Salgado.
Al final los investigadores hicieron un estudio profundo de las temáticas en los programas de gobierno de cada aspirante y propusieron una serie de preguntas que deberían ser tenidas en cuenta a la hora de abordar un debate presidencial que toque dichas materias. Son análisis críticos de la manera como los problemas de los campesinos en Colombia son abordados en la campaña electoral, que el próximo domingo tendrá su primera prueba de fuego, ya que las encuestas indican que habrá segunda vuelta.

 Planteamientos de los TLC

Fernando Barberi, uno de los más reconocidos investigadores del desarrollo rural en Colombia, adelantó un análisis sobre los planteamientos de los candidatos presidenciales en lo que respecta al tratado de libre comercio con Estados Unidos. Barberi sostiene que la negociación de este tratado es el evento más importante de la política de “internacionalización” de la economía colombiana en los últimos 20 años. Sin embargo, no duda en afirmar que el sector agropecuario colombiano fue el gran perdedor en estas negociaciones.

Barberi toma el estudio Garay para explicar los impactos en la economía agropecuaria y sostiene que “el estudio concluyó que el acuerdo comercial no reconoció el profundo grado de asimetría entre las economías de ambas naciones, lo que derivó en una negociación desfavorable para los pequeños agricultores de Colombia, que representan el 87% del total de productores del país, el 10% de la población trabajadora, y contribuyen con el 49% de la producción agrícola nacional”.

Finalmente, Barberi ofrece un análisis detallado de los planteamientos que cada candidato hace sobre los tratados de libre comercio. Afirma, por ejemplo, que Marta Lucía Ramírez no tiene en cuenta en su plan de gobierno los impactos de los TLC en la economía campesina y no plantea estrategias para minimizar estos impactos. Frente al programa de Óscar Iván Zuluaga, refiere que en la propuesta agrícola del candidato del Centro Democrático no se menciona nada sobre los tratados de libre comercio.

Barberi señala que el programa del presidente Santos aunque hace énfasis en la intención de fortalecer los vínculos de Colombia con los países que suscribieron la Alianza del Pacífico, no hace referencia al sector agrícola. Sobre la propuesta de Enrique Peñalosa, anota que el aspirante critica los acuerdos comerciales por no tener en cuenta estrategias a largo plazo y los impactos en los sectores productores, y advierte que se deben aplicar cláusulas excepcionales de los tratados e incluso renegociar algunos de ellos. En cuanto a la propuesta de Clara López, la candidata sostiene que el principal problema del agro son los tratados de libre comercio y que por tanto deben ser renegociados, pero tampoco propone algo concreto para mitigar su impacto.

 Zonas de reserva campesina

Para el sociólogo Alfredo Molano Bravo las zonas de reserva campesina son una respuesta a diversos movimientos contra las organizaciones campesinas, como el Pacto de Chicoral, en 1972; la Ley 4ª del 73, que autorizó la calificación predial para determinar su productividad, y la Ley 5ª, que creó un sistema de financiación para los cultivos de mayor rendimiento.

Así, el investigador social hace un repaso histórico por los diferentes movimientos sociales que desde principios de los años 70 centraron sus exigencias en la adquisición de tierras y en la protección de la economía campesina y de colonización. En esta crisis se introducen los cultivos ilícitos. “En resumen, fue la crisis de la economía campesina de colonización que condujo al cultivo de la coca y a la figura de reserva campesina, que implicó de manera indirecta revivir el tema del ordenamiento territorial”, dice Molano.
Al final, propone preguntar a los candidatos si creen que es adecuado el ordenamiento territorial basado en criterios político-administrativos y electorales; ¿por qué ha fracasado el ordenamiento territorial basado en criterios ambientales y sociales?, ¿apoyaría una política de cambio del uso de los suelos para incentivar la producción campesina mediante imposiciones tributarias?, y, ¿se podría dar tierras de la misma calidad y en la misma cantidad a empresarios y campesinos?

 La cuestión de los baldíos

El investigador Carlos Salgado Araméndez, director de Planeta Paz, adelantó el análisis relacionado con los planteamientos sobre terrenos baldíos en el debate presidencial. Según Salgado, la historia de los baldíos enseña dos cosas: la incapacidad del Estado para definir una política de manejo integral del territorio nacional, y “el comportamiento de las élites del empresariado nacional, en alianza con capitales extranjeros, demuestra su incapacidad para promover el desarrollo rural, acoger la ley y respetar los derechos ciudadanos de la población rural”.

De igual manera, el académico sostiene que, a pesar de que la anterior gerencia del Incoder adelantó una actualización de los baldíos entregados por el Estado hasta 2012, cuyo estimado es de 23’431.557 hectáreas y 619.937 predios, aún se desconoce cuáles son las tierras baldías del Estado.

Salgado recuerda los recientes escándalos de presunta apropiación indebida de tierras baldías por parte de grandes empresas como las multinacionales Cargill, Forest First o Pacific Rubiales y advierte que “estamos entonces en una situación similar a la del siglo XIX y comienzos del XX, cuando se hacían adquisiciones de tierra que superan el límite permitido, bajo la disculpa de que la inversión privada es superior a la ley”.
Al final, el investigador arroja una serie de preguntas que deberían estar incluidas en el debate presidencial, como cuáles son las propuestas sobre el uso de los baldíos, si se estima que el modelo de la agricultura empresarial, atrapada en 1,6 millones de hectáreas y expandiéndose sobre tierras campesinas y algunas compras ilegales de tierras, es el modelo a seguir, si tiene sentido y pertinencia la inversión extranjera en tierras y qué valor y papel se estima que deben tener las familias campesinas en el uso de los baldíos y en el desarrollo rural.

 Mujer rural

Para la investigadora Cecilia López Montaño la situación de la población rural hoy hace parte de la agenda nacional debido a dos situaciones: primero, por ser el desarrollo rural el primer punto de la agenda de diálogos con las Farc, y los reclamos de los campesinos que desencadenaron el fuerte paro agrario de agosto de 2013.

“Si la situación de la población del campo en Colombia en general es precaria en todo sentido, lo que viene sucediendo con la mujer rural es mucho más grave”, explica la exsenadora, quien agrega que “Datos recientes del Departamento Nacional de Estadística, (DANE, 2012), señalan que las mujeres constituyen el 52% de la población nacional, de las cuales el 46% se encuentra ubicado en zonas rurales, y de ellas, el 19,8% son jefes de hogar”, expresa la investigadora.

Respecto al lugar que ha ocupado la problemática de la mujer rural en el debate presidencial, López señala que aparece “dentro de un esquema tradicional” que prioriza su rol dentro de la familia. También afirma que en los programas de Gobierno el tema se trata de manera marginal y no como una política que requiere de políticas particulares, y destaca que sólo la candidata conservadora Marta Lucía Ramírez dedica un párrafo al tema.López Montaño concluye que la manera de abordar el tema en el debate electoral no está basada en la particularidad de la realidad de la mujer rural en Colombia sino de manera general y expresa: “No parece haber suficiente conciencia entre los candidatos y candidatas a la Presidencia sobre el tema de Mujer Rural”.