La precariedad de los títulos de tenencia de la tierra y la falta de información catastral consolidada en el país impiden avanzar en temas urgentes como la restitución de tierras. Una de estas razones: porque existen 68 maneras de despojo legal de títulos. Problemas que exigen una solución inmediata y de fondo ante un inminente acuerdo de fin del conflicto armado con la guerrilla de las FARC. Su solución permitirá definir temas como las zonas de reserva campesina e impulsar el desarrollo rural, debilitado de manera institucional.
Después del acuerdo del primer punto de la Agenda en la mesa de conversaciones entre el Gobierno y las FARC denominado “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral” o tema agrario, Colombia está en mora de revisar toda su política de tierras y de desarrollo rural.
El abandono estatal al sector agrícola y la falta de apoyo a los campesinos han sido las principales causas del origen de los conflictos armados. Este fue el tema de conversación del abogado Baltasar Garzón y el analista político Pedro Medellín con el economista Juan Manuel Ospina en Hablemos de Paz y Derechos Humanos de Canal Capital.
Ospina, quien tiene una amplia experiencia profesional en materia agraria, como gerente del Incoder, así como en la Comisión Quinta del Senado y presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), aportó no pocos elementos para conocer y entender este asunto central en una etapa de post conflicto.
El Incoder no restituye tierras
Cuando Juan Manuel Ospina fue designado en 2010 como gerente del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, Incoder, esta entidad formaba parte de una lista de entidades que iban a ser liquidadas al inicio del actual gobierno. Entre otras, el DAS, el Inpec y la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).
Ospina, sin embargo, le propuso al presidente Juan Manuel Santos le permitiera organizar un equipo de trabajo y armar un “plan de choque” para reestructurar la entidad. “De ahí viene el Plan de Choque que manejó este Gobierno en el primer año largo destinado a las tierras”, recuerda Ospina.
Durante su gestión al frente de la entidad, cuenta el economista, se empujaron “muchos casos que se quedaron a mitad de camino. Eso nos permitió tener entre 500 y 600 mil hectáreas clarificadas, tituladas, no restituidas. Y se dejó estructurado un nuevo Incoder”.
A pesar de los buenos resultados mencionados por Ospina, su paso por la entidad fue fugaz. Solo 20 meses. La principal razón: diferencias con el entonces Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo.
“Tuvimos unas discusiones fuertes. Yo consideraba que era tan importante el tema del acceso a la tierra, de la titulación, la clarificación de la propiedad y la restitución donde fuese necesario como un proceso de desarrollo rural. Sin embargo, el doctor Juan Camilo Restrepo tenía la idea de un Ministerio de Agricultura ejecutando todas las políticas. En vez de fortalecer estas entidades, continuaron su proceso de debilitamiento”, señala.
Al momento de su renuncia del Incoder, el ministro Restrepo había argumentado que la entidad “iba a diez kilómetros por hora en restitución de tierras. Le dije: Ministro, nosotros no restituimos”.
Explica Ospina que el Incoder no restituye. “Ese es uno de los grandes enredos. Tiene facultades para hacer restitución por procesos administrativos. El Incoder es encargado de titular, clarificar la propiedad, de los procesos de extinción y del alinderamiento para realizar titulaciones colectivas a grupos étnicos o comunidades negras”.
De la restitución de tierras –precisa– se encarga la justicia especial creada por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, cuando es un conflicto entre particulares.
Sobre su salida del Incoder afirma que fue una experiencia muy dolorosa. “Realmente creí que iba a haber la posibilidad de dar un gran empuje a la tarea pendiente que tiene Colombia con su mundo rural, sobre todo con sus campesinos. Había voluntad política, una coyuntura internacional favorable, pero las cosas no se dieron”.
La debilidad operativa del Incoder no es exclusiva de este organismo. Según Ospina, el sector agrario en Colombia ha sido uno de los que más ha sufrido un empobrecimiento institucional.
Decisiones como la fusión de varias entidades importantes del desarrollo rural en una sola, el Incoder, son muestra de ese debilitamiento.
“En el Gobierno Uribe, a la brava, fusionaron instituciones agrarias muy significativas: el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora; el Fondo de Inversión Rural, DRI; el Instituto de Adecuación de Tierras, INAT; el Instituto de Pesca INPA, impulsado por razones de tipo fiscal: “Necesitamos un Estado más pequeño, más barato, menos burocrático”.
La moda de la reducción del Estado como solución a los problemas está llegando a su fin pero hizo mucho daño. El Estado no es la solución. El Estado es el problema”, subrayó.
No obstante Ospina cree que el país está viendo los resultados de su gestión. Tanto en términos de metas logradas de la política de tierras como en las de desarrollo rural.
“Nosotros no nos inventamos el término pero lo impusimos. El desarrollo rural con enfoque territorial es una de las satisfacciones que me quedó. Es que ese es el “apellido” que tiene el tema, por ejemplo en La Habana”, afirma. (Ver: No hay acuerdos clandestinos en la mesa de negociación con las FARC en La Habana. Blogs Capital)
Zonas de reserva “huelen” a FARC, ergo, satanizadas
Uno de los puntos que se han acordado en la mesa de diálogo de La Habana, anotó Pedro Medellín, es el de desarrollo rural. ¿Cuál es la diferencia entre lo discutido en La Habana y la política de desarrollo rural del Gobierno?
Para el economista Ospina, los dos programas son concordantes. “Salvo que existan agendas que no han salido o documentos que no se conocen, puedo decir con toda tranquilidad: es compatible con lo que se ha venido planteando”.
En ese sentido, Ospina considera acertada la decisión del presidente Santos de apostarle al proceso de paz.
“Un político es un inversionista de un capital político y Juan Manuel Santos llegó para invertirlo en la paz de Colombia. Entendió que para entrar por la puerta grande y ahorrarse etapas muy complicadas, tenía que coger el toro de las víctimas y la tierra por los cachos. Y como se dice en tauromaquia entró matando con el tema. Avanzo de manera significativa en este terreno. De alguna manera le quito argumentos a las FARC y rápidamente pudo entrar a una negociación”.
Uno de los temas más espinosos en la agenda agraria de los diálogos es el de zonas de reserva campesina. “Se ha vuelto “el tema” de la diferencia por una razón muy sencilla: nace al calor de las marchas cocaleras en los años 90”.
Ospina distingue dos tipos de campesinos en la agricultura colombiana.
“El campesino consolidado que está en las zonas agrícolas viejas de Colombia: Boyacá, Nariño, Cauca, que fueron los de las marchas y los que están hoy en el paro. Y está el campesino de la frontera que ha tenido que migrar no hacia la marginalidad urbana sino selva adentro. Tumbando selva, avanzando, colonizando de forma espontánea. Muchas veces ha estado acompañada por las FARC, organizada por las FARC.
“Allí fue donde llegaron muchos de los sembrados de coca. Donde se encuentran colonos campesinos, descuaje de selva o de monte, guerrilla y coca”. (Ver: Comunidades indígenas de la Amazonía, en peligro de desaparecer. Blogs Capital)
Con el objetivo de que los campesinos no continuaran depredando selva, echaran raíces en los territorios colonizados y se cerrara la frontera agrícola, se creó el concepto de zonas de reserva campesina. Ley 160 de 1994 durante el gobierno del presidente César Gaviria Trujillo.
“Buscaban que esas tierras una vez han sido “civilizadas” por los campesinos, no sean vendidas al señor que viene atrás comprando tierras para hacer ganadería, sino que ellos se queden allí. Que el Estado los acompañe y ese colono se pueda convertir en agricultor de pequeña escala, permanente, organizado con su comunidad”, argumenta.
Lo que hace a esta figura controversial es que las zonas donde surgió por primera vez son territorios con presencia tradicional de las FARC, además porque muchas veces quien llegaba a colonizar estas zonas era la guerrilla.
“Pero equiparar zonas de reserva campesina con FARC es un error grave. Seguir por esa vía, simplemente se va a cerrar la posibilidad de que esas comunidades puedan integrarse a la órbita del Estado colombiano y salgan de la influencia ‘fariana’”, señala Ospina.
Por eso insiste en dejar de satanizar esta figura para empezar a superar el conflicto.
“Creo que las zonas de reserva podrán empezar a operar el día que se supere el conflicto armado con las FARC. Porque hoy lo que “huele” a FARC ahí mismo es satanizado. Las zonas de reserva “huelen” a FARC, ergo son satanizadas”.
En un escenario futuro de posconflicto, cuando se pongan en marcha los acuerdos de paz, muy posiblemente estas zonas serán una base electoral para su participación política, sobre lo cual Ospina lanza una hipótesis.
“Creo que FARC no está aspirando a llegar en un primer momento al Congreso de la República. Están queriendo consolidar poderes regionales y desde ahí ascender”.
¿Cómo llega a esa conclusión de que las FARC no quieren Congreso?, pregunta Baltasar Garzón.
Uno de los argumentos de Ospina es que las FARC han aprendido de la experiencia pasada. “Para ellos tratar de volver a armar el partido de las FARC y aspirar a tres, cuatro, cinco, ocho curules en el Congreso. Ellos han visto en qué termina eso. No termina bien”.
De igual manera –anota–, esta agrupación armada es la primera que hace un proceso de paz en el contexto de la Corte Penal Internacional y la legislación global en materia de crímenes de lesa humanidad.
“Los márgenes de maniobra que las FARC van a tener allí nunca fueron como los que tuvieron el EPL, la Corriente de Renovación Socialista, el M-19. Por otro lado es en escenarios regionales donde ellos se van a mover con más confianza”, dice.
El trabajo que las FARC están planteando en La Habana es: “llevemos el Estado a esas regiones”. ¿Quién va a recibir ese Estado allá? Pues lo van a recibir ellos”, sostiene. No obstante admite que esta guerrilla tiene un nivel de rechazo igual o superior en esas regiones donde han estado como en el resto del país.
El tema de tierras no es el eje central de la agenda de La Habana, pero Ospina está seguro que será un elemento muy importante para definir los acuerdos.
“Reducir el problema de Colombia solo al tema de la tierra es simplificar mucho una realidad que es mucho más compleja, pero de un mal arreglo de las tierras como el que vive Colombia sí se te desprenden cualquier cantidad de fuentes de conflictos, de injusticias”.
El despojo de tierras por vía legal
La titulación de las tierras siempre ha sido uno de los problemas más graves en Colombia, plantea Baltasar Garzón. En muchos casos se ha puesto el foco sobre la labor de entidades como el Incoder para determinar responsables.
El gran problema de despojos de tierras en Colombia se debe en gran medida a la precariedad de los títulos.
“En las notarías se puede despojar propiedades de una manera muy fácil: no están debidamente consolidados esos títulos. La falsedad en la tradición impera hoy en muchísimas regiones del país. Se dice que más de la mitad de la tierra de producción en Colombia está en condiciones de precariedad legal de tenencia de la tierra”, asegura el exdirector del Incoder.
Mientras estuvo al frente de esta entidad, Ospina dice que descubrió que ocurrían cosas muy absurdas.
“El Incoder expedía el título y ahí cesaba su responsabilidad. El campesino se llevaba el título y lo guardaba debajo del colchón. Nunca lo elevaba a escritura y nunca registraba la escritura. En el Incoder se empezó a coordinar de manera tal que el título se entrega solo una vez después de los trámites de formalización. Porque, si el título no se eleva a escritura y la escritura no se registra, no existe”.
No hay claridad de cuántas tierras se dedican a la agricultura, cuántos son baldíos ni a quién pertenecen los terrenos.
“Creo que el Superintendente de Notariado y Registro tiene esas cifras y tiene identificadas las 66 o 68 maneras como usted puede, legalmente, sin ponerle un revolver en la sien al cristiano, quedarse con su tierra. Porque hay una precariedad en los títulos”, puntualiza.
Por esta razón, no duda en afirmar que aquí en Colombia ha habido más despojo de tierras por vía legal que por vía armada.
“En Montes de María, lo ocurrido en la oficina de registro de Carmen de Bolívar es como para hacer un estudio de caso de corrupción. Ahora, la gente está en la cárcel”.
Precariedad que se origina, según el economista, a cómo se habitó Colombia en sus primeras épocas.
“Este era un país de oferta ilimitada de tierras. Aquí sobraba tierra y faltaba gente. Tierras que prácticamente no tenían dueño se iban ocupando. El movimiento de tierras no era sobre la propiedad de la tierra, sino de compra por mejoras. Mejoras sobre una tierra que formalmente seguía siendo un baldío”, explica. (Ver: Ensayos sobre historia de la política de tierras en Colombia. Instituto de Estudios Urbanos Universidad Nacional)
Frente a estos problemas aprueba varias iniciativas que se están poniendo en marcha como la cartografía satelital a cargo del Instituto Agustín Codazzi (IGAC) o el censo agropecuario.
Ospina cree que no existe mucha credibilidad en las cifras actuales de tierras. “Hay una especulación de cifras muy grande. Este ha sido uno de los problemas porque las metas de esta política a veces no son muy claras. Usted escucha la cifra y resulta que hay más tierra despojada que tierra cultivada en Colombia”.
El censo le va a permitir al Estado acercarse mejor no solamente a la realidad catastral sino a la realidad de la tenencia de la tierra, la realidad del uso de la tierra. “Es insólito que tengamos cuarenta y pico de años sin censo. Ahí es donde vamos a saber realmente cuál es la tierra despojada, cuál es la tierra abandonada”, concluye.
