El Seminario Nacional de Tierras y Territorios convocado por el Coordinador Nacional Agrario (CNA) en Saravena, Arauca, analizó la realidad del campo y el territorio colombiano desde diferentes perspectivas. Las Zonas Agroalimentarias como resistencia al acaparamiento de tierras en pocas manos y como alternativa para la protección y conservación de semillas nativas.
El Seminario, realizado los días 2 y 3 de agosto en la Cámara de Comercio de Saravena, llevó el nombre de Héctor Alirio Martínez, en homenaje al líder campesino asesinado por el ejército hace 10 años, junto a Leonel Goyeneche y Jorge Prieto en la vereda Caño Seco.
Abrió las jornadas Germán Bedoya, secretario del CNA, con la presentación del seminario y el objetivo principal: “Elaborar una política nacional, presentar una propuesta al país sobre las Zonas Agroalimentarias y otras figuras territoriales, y adoptar un plan de acción para favorecer al campesinado sin dejar de pensar en lo étnico y popular”.
Campesinado o grandes propietarios
Alejandro Mantilla, director de la Corporación para la Educación, el Desarrollo y la Investigación Popular -Cedins- y colaborador del movimiento campesino, inició su exposición hablando de la política pública agraria: "Es expresión de las tendencias en la acumulación del capital, abriéndose a los mercados y al libre comercio, renunciando así a la redistribución y consolidando el poder de la oligarquía basado en un modelo privatizador, especulativo y extractivista”. Refirió además que la concentración de la tierra en pocas manos es "resultado del despojo violento, al menos el equivalente al 15% de la superficie agropecuaria del país fue despojada por la violencia en las últimas dos décadas, y del desplazamiento, ya que Colombia es el segundo país del mundo en número de desplazados”.
Como muestra del acaparamiento de tierras por unos pocos, Mantilla dio cifras clarificadoras: “Los grandes propietarios, unas 16.000 personas, poseen 2.500 hectáreas cada una, mientras que más de 4 millones de afros solo tienen 1,56 hectáreas por persona”.
Como consecuencia del abandono por parte del Estado, agregó el expositor, “el 65% de los campesinos son pobres; el analfabetismo es del 18,5%; el 11% no tiene vivienda; el 83% está en régimen subsidiado de salud; el 85% carece de alcantarillado y el 60% de agua potable". Terminó su turno diferenciando las visiones del desarrollo rural hegemónico del ex presidente Uribe y el actual, Santos, afirmando que “el gobierno de Santos conserva algunos elementos de la política de Uribe pero los inserta en una estrategia más amplia. La Tercera Vía de Santos no busca limitar el capitalismo sino vincularlo a la gente.”
Por su parte, el sociólogo John Jairo Rincón explicó la conformación y estructuración de los territorios campesinos: "Son resultado de las formas privadas de apropiación del territorio, herederas desde la colonia a partir de la combinación de intereses militares, religiosos, económicos y políticos. Los distritos mineros en tiempos de la colonia fueron para la explotación de la plata y el oro; las haciendas, plantaciones y minas en el siglo XX, para la explotación de la quina, el caucho, el añil, el tabaco y el café; los municipios, departamentos, distritos y zonas mineras e industriales para la explotación de cultivos ilícitos, banano, café, flores, palma y caña, en el siglo XX con el desarrollo del libre mercado; y finalmente, las zonas de desarrollo industrial y empresarial por encima de los municipios y departamentos para la explotación de hidrocarburos, minería y agroindustria en los siglos XX y XXI”.
Después de repasar distintas concepciones de “campesino”, Rincón continuó disertando sobre el acceso a la tierra del campesinado en el marco de los modelos de desarrollo y de la política de tierras, marcada por varias tendencias: el reformismo agrario distributivo del año 1960 al 1968, la política contra distributiva sin reforma agraria producto de la reacción terrateniente de 1974 a 1982, las negociaciones de paz sin reforma agraria de 1982 a 1988, la globalización del libre mercado de 1989 a 2010, y el tiempo de los nuevos sujetos, las víctimas y la restitución sin reforma agraria del 2011 al 2014.
Zonas de Reserva Campesina, Zonas Agroalimentarias
Figuras territoriales y Zonas Agroalimentarias fueron los dos puntos más importantes en la agenda de estas jornadas. Germán Cardoza, a raíz de su experiencia en el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -Incora- fue convocado por el CNA para brindar su aporte. El experto en conflictos campesinos fue mostrando mapas de Colombia que evidenciaban las diferentes figuras territoriales a tener en cuenta: los Consejos Comunitarios recogidos en la Ley 70 de 1993, los Territorios Indígenas, entidades territoriales recogidas en la Constitución, y las Zonas de Reserva Campesina -ZRC- incluidas en la Ley 160 de 1994 y concebidas como áreas geográficas seleccionadas por el entonces Incora, teniendo en cuenta las características agroecológicas y socioeconómicas regionales.
En una proyección se podía leer que “las Zonas de Reserva Campesina tienen por objeto fomentar y estabilizar la economía campesina, superar las causas de los conflictos sociales que las afectan, y en general, crear las condiciones para el logro de la paz y la justicia social en las áreas respectivas. Son concebidas como una forma de organización, la cual permite la reunión en un proyecto común y de desarrollo sostenible, mas no como un modelo de gobierno propio, por lo que tienen autonomía en modelo organizativo pero no en educación, salud y justicia”.
Según Jairo Rincón, las ZRC tienen su esencia en el reconocimiento estatal a las luchas agrarias que se han desarrollado desde hace siglos en el país, e integran uno de los puntos tratados en las negociaciones de paz de La Habana. Éstas se pueden constituir en zonas campesinas, zonas baldías, áreas de colonización, regiones de conflicto social para la reconstrucción del tejido social y sustitución de cultivos de uso ilícito. Ya son seis las ZRC constituidas y siete a constituir, a las que hay que añadir 11 solicitudes más. Casi todas ellas coinciden con zonas de amplia presencia guerrillera. “Las Zonas de Reserva Campesina son un mecanismo para evitar la concentración de la tierra y procurar que todos los campesinos de la Zona accedan a la propiedad de la tierra; fortalecen el tejido social para mejorar la capacidad de gestión de las comunidades campesinas y priorizan la inversión social del Estado.”
Cardoza fue el último en intervenir. Presentó la propuesta del CNA que debía ratificar la asamblea: las Zonas Agroalimentarias. Dicha propuesta se basó en la concepción que el CNA tiene sobre el territorio, en la que se destaca la ineficiencia en el uso del suelo rural ya que solo el 68% tiene un uso adecuado, estando el resto subutilizado o sobreexplotado. Cardoza destacó que “del 19% del suelo apto para actividad agrícola, solo se usa el 5%. Asimismo, si la cantidad total de suelo apto para la ganadería es del 13%, se está usando el 33% en pastos y herbazales, está sobreexplotado. De las 48 millones de hectáreas (el 42% de la tierra) aptas para plantaciones forestales con fines comerciales, solo se utiliza 0,1 millones”.
Los datos sobre tenencia de la tierra resultaron ilustrativos de la realidad del campo. La gran propiedad representa al 2% de los propietarios que poseen el 28% de hectáreas cuando en el microfundio se encuentra el 77% de los propietarios, aunque solo disponen del 18% del área. El resto se lo reparte el minifundio y los pequeños y medianos propietarios.
Además de las deficiencias en el uso de la tierra y su distribución, la propuesta del CNA se basa en los artículos 64 y 65 de la Constitución y en la Ley 160 de 1994. El artículo 64 establece que “es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual y asociativa.” Y el 65 dispone que “la producción de alimentos goza de la especial proyección del Estado y que para tal efecto se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales.” Dentro de los objetivos de la Ley 160 se hallan los de promover y consolidar la paz, a través de mecanismos encaminados a lograr la justicia social, la democracia participativa y el bienestar de la población campesina; eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad o su fraccionamiento antieconómico y regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la nación, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos.”
Entre los objetivos y principios orientadores de las Zonas Agroalimentarias propuestos por el CNA, cabe destacar la corrección del fenómeno de acaparamiento de tierras rurales, el ordenamiento social de la propiedad y el acceso a tierras, y la protección y conservación de semillas nativas para garantizar la soberanía alimentaria y la biodiversidad. El CNA también contempla la prioridad a los procesos productivos orgánicos y de trasformación de materias primas que garanticen la sustentabilidad de los recursos naturales, la relocalización de ocupantes de áreas de parques naturales nacionales y regionales y de los páramos y el apoyo a los campesinos, indígenas, afrodescendientes y productores agropecuarios para que puedan controlar el conjunto de las cadenas productivas sin supeditarse a las transnacionales ni a los grupos financieros ni a los latifundistas.
Después de desgranar los programas y los planes prioritarios en las Zonas Agroalimentarias, Cardoza resaltó las áreas a priorizar, excluyendo de éstas los parques nacionales naturales y las áreas indígenas y afros. Terminó dando a conocer las regiones a priorizar: Magdalena Medio; el sur de la Guajira y el norte del Cesar; los Montes de María; el centro, norte y sur de Nariño y Tumaco; el norte del Cauca; Boyacá centro, el nororiente de Cundinamarca y la cuenca del río Suárez; el norte de Boyacá, el sur de Santander, la provincia de Vélez; el sur del Tolima; el oriente antioqueño, y por último, el norte de Santander.
El Seminario terminó reforzando la necesidad de ajustar las propuestas a las diferencias existentes entre regiones, trabajo que se propuso a la Secretaría de Organización.
