El Colectivo Mujeres al Derecho y la Asociación de Mujeres Productoras del Campo (ASOMUPROCA), conjunto de entidades colombianas que actúan en las cuestiones de género, ciudadanía, naturaleza y desarrollo, denuncian que Asomuproca ha sufrido, recientemente, reiteradas situaciones de intimidación. Llamadas telefónicas y abordajes hostiles, amenazas de muerte y persecuciones estarían siendo dirigidas a las dirigentes e integrantes de la entidad por personas desconocidas.
La Asociación está compuesta por 75 mujeres víctimas de violencia y desalojo en el Departamento de Magdalena, al norte de Colombia. Según la organización, los recientes hechos estarían causando aflicción, estado de pánico y evidenciando un alto grado de inseguridad, al que se encuentra expuesto el grupo de mujeres, formado en gran parte por adultas con serios problemas de salud.
Esas mujeres reclaman por tierras a partir de la Ley nº 1.448, de 2011, que dicta medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y que viene generando una serie de amenazas a sus beneficiados. Recientemente la asociación conquistó la incorporación del registro de tierras despojadas mediante acto administrativo, emitido por la Unidad de Restitución de Tierras de Magdalena, que rectifica su condición de propietaria del edificio Los Playones de Pivijay y la habilita a demandar, judicialmente, la restitución del inmueble.
"Si bien la asociación cuenta con medidas de protección para uso colectivo suministradas por la Unidad Nacional de Protección a tres mujeres de la organización, éstas podrían resultar ineficaces para la protección de las 75 mujeres que integran la ASOMUPROCA y que se encuentran en siete municipios de los departamentos de Magdalena y Atlántico”, se evalúa desde la organización, en un comunicado. "Se hace necesario hacer un llamado a la implementación celera y oportuna de la ruta colectiva de valoración del riesgo y el otorgamiento de medidas colectivas adecuadas para este tipo de situaciones y riesgos”, complementa.
Las asociaciones piden que organizaciones sociales, de mujeres y de derechos humanos nacionales e internacionales se pronuncien lo más breve posible sobre el caso. Que "exijan al Estado colombiano la investigación oportuna e imparcial y que se adopten las medidas de prevención y protección que garanticen la vida e integridad de las mujeres defensoras y las mujeres víctimas”, se agrega.
Las asociaciones de mujeres afirman dirigir su denuncia, especialmente, al presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos; al vicepresidente de la República, Germán Vargas; al ministro del interior, Juan Fernando Cristo; al director de la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior, Andrés Villamizar; al director de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión y Restitución de Tierras Despojadas, Ricardo Sabogal; y a la directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, Paula Gaviria.
La denuncia se dirige directamente también a la Fiscalía General de la Nación, al defensor público Jorge Otalora, a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos - EACDH (en inglés, Office of the United Nations High Commisioner for Human Rights, OHCHR); a ONU Mujeres (entidad de la Organización de las Naciones Unidas para la igualdad de género y empoderamiento de la mujer); y al Alto Consejo Presidencial para la Equidad de la Mujer de Colombia.
Traducción: Daniel Barrantes - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
