Las 350 a 400 cabezas de ganado, sembrados de pastoreo, el tractor y las herramientas de trabajo que Jorge Ernesto Aragón Barrios, Segundo Filemón y Javier González Sáenz tenía en el predio El Agrado, en la vereda San Antonio, de Mapiripán, las tuvieron que abandonar en el año 2006 por las amenazas de los paramilitares. Estas tres personas sostienen que se convirtieron durante cinco años en víctimas del desplazamiento forzado, pese a ser propietarios de El Agrado desde el año 1989.
A partir del año 2011 volvieron a recobrar la posesión del predio, cuando uno de los lugartenientes se acogió al programa de desmovilización y los otros paramilitares entregaron voluntariamente el terreno, “pero el ganado, las herramientas y el tractor no fueron devueltos”, dicen. (Lea: Juez revisará la orden de libertad que le fue concedida al 'Alemán')
Para sorpresa suya, en julio de 2014, se enteraron que como por el proceso de Justicia y Paz que se adelanta contra el exjefe paramilitar Daniel Rendón Herrera, ‘Don Mario’, entregó el predio El Agrado III, con una extensión de 1.248 hectáreas, junto con las mejoras. ‘Don Mario’, al entregar el predio busca reparar a las víctimas y obtener beneficios de rebaja de penas, con un inmuebles que estas tres personas reclaman ser propietarios. Por ello presentaron una tutela para evitar que, otra vez, se queden sin El Agrado.
Esta es una de las tantas irregularidades que encontró la Contraloría General de la República en el informe que hizo sobre ‘Despojo y abandono de tierras en Mapiripán’, donde hay reclamaciones ante la Unidad de Tierras de 1.648 predios en un área de 282.195 hectáreas. El informe señala que tras las masacres paramilitares de 1997 y 1998 de Mapiripán y Puerto Alvira “las organizaciones armadas ejercieron control territorial sobre Mapiripán y a partir del mismo realizaron prácticas ilegales logrando enriquecerse o enriquecer a otros con los bienes productivos de la zona, a través del despojo”.
Un propietario La Contraloría encontró, en los documentos examinados en el Incoder, que históricamente el predio El Agrado perteneció a un solo propietario y que, según consta en los archivos de la Fiscalía, esa persona desapareció. Al desaparecer el propietario del predio, el Incidir lo declaró en abandono y se lo adjudicó a la hermana del adjudicatario, según la Contraloría. No obstante, los tres reclamantes que dicen ser propietarios del predio desde el 1989 sostienen que el Incoder mediante las resoluciones 534, 536 y 537, del 16 de abril de 2007, adjudicó el predio a los señores Ángel Diego Rivas, Luis Marino Soto Moncayo y Luis Germán Poveda Vargas dividido en tres, que denominaron El Agrado I, II y III. Lo paradójico es que ahora ‘Don Mario’ entregue El Agrado III para obtener beneficios. Este predio hoy está a cargo de la Unidad de Víctimas, por la medida de embargo y secuestro del proceso de Justicia y Paz. (Lea: Gobierno niega la extradición del exjefe paramilitar 'Julián Bolívar')
El informe de la Contraloría revela que ‘Don Mario’, también está ofreciendo el predio Secreto III, de 1.799 hectáreas, de Mapiripán, para reparar a las víctimas y obtener beneficios de la justicia. Era un predio baldío en el que se cometieron varias irregularidades para adjudicarlo a tres personas, y un año después, el 20 de noviembre de 2007, fueron vendidos a la Sociedad Agropecuaria Villa Diana. 'Cuchillo' también En el documento de la Contraloría también se registró una denuncia que interpuso un ciudadano contra Pedro Oliverio Guerrero, alias ‘Cuchillo’, desaparecido excomandante del ‘bloque Héroes del Guaviare’ de las autodefensas.
El finquero señala que ‘Cuchillo’ lo despojó e invadió sus tierras, lo desplazó forzosamente y le robó pertenencias que tenía en la finca. Además, ‘Cuchillo’ lo declaró objetivo militar a él y a su grupo familiar. La persona que puso esa denuncia le pidió al registrador de instrumentos públicos de San Martín (Meta) que revocara varias inscripciones, pues consideraba que se atenta contra su derecho a la propiedad, sin que se hubiera dado respuesta alguna a esa solicitud y por ende las inscripciones continúan en el folio respectivo.
La petición, sostiene el informe de la Contraloría, la había interpuesto el ciudadano porque estando vigente una medida de protección individual –de diciembre de 2007– a su favor, se realizó una compraventa basada en una autorización del Comité Municipal de Atención a la Población Desplazada de octubre de 2008, suscrita por la Alcaldía de Mapiripán. Pero el finquero no había sido consultado y tampoco había autorizado ese trámite en el predio Los Esteros, de 1.068 hectáreas, de la vereda Guacamayas, de Mapiripán.
La guerra La época de mayor guerra por el control del territorio y el negocio de los cultivos ilícitos entre las Farc y los paramilitares es la que en los registros del Incoder presenta mayor número de baldíos adjudicados en Mapiripán. El documento de la Contraloría señala que entre 1997 y 1998, cuando los paramilitares perpetraron las masacres de Mapiripán y de Puerto Alvira, “Es el período de mayor titulación de predios baldíos en el municipio, representando en área el 43 por ciento y en resoluciones el 46 por ciento del total histórico”.
Esa circunstancia también se refleja en la alta concentración de la tierra en pocos propietarios por las adjudicaciones que hizo el Incoder. La Contraloría estableció que “para Mapiripán hay una alta concentración en tamaños entre las 200 y las 2.000 hectáreas”. Pero lo que más preocupa es que tan solo 78 personas concentran el 57,9 por ciento del área total del municipio. Qué investigue La Contraloría le pidió a la Procuraduría adelantar investigaciones disciplinarias contra funcionarios de la alcaldía de Mapiripán, el Incoder y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Martín por irregularidades como: *
Permisos de venta por parte del Comité de Atención Integral a la población desplazada de Mapiripán, únicamente firmados por el alcalde y/o con fecha posterior a la de elaboración de la escritura de compraventa correspondiente. * Permisos que resultan ser simplemente una constancia del alcalde o que fueron tramitados a favor del comprador y no del vendedor, como si el comprador fuera el titular del derecho protegido. (Lea: Víctimas del Urabá le reclaman tierras al magistrado Pretelt) * Permisos sin argumentación alguna, que solo consignan que “en parte ha cesado la situación de violencia” para levantar de manera irregular la medida de protección por desplazamiento que cobijaba al respectivo predio. * Y solicitudes puntuales de presuntas víctimas que buscaban protección contra el despojo que no fueron tramitadas, sino que se archivaron por el Incoder. El Incoder también adjudicó predios baldíos por debajo de la UAF y sin la fundamentación debida inscribió baldíos que superan la UAF.
