La dirigenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), Alicia Muñoz, junto a la especialista en temas medioambientales de Grain, Camila Montecinos, expresaron este lunes su posición frente a la discusión del parlamento por la ley de obtentores vegetales, afirmando que la adhesión al convenio Upov 91 fue un proceso irregular, inconsulto, que transgrede la Constitución.
Junto con reafirmar que las organizaciones campesinas y expertos vinculados al tema no han sido escuchados por el parlamento, denuncian las supuestas presiones comerciales que se han realizado para empeorar la Ley 19.342 que ellas ya consideran "altamente nocivas" para la agricultura, agregando que los pueblos originarios no han sido consultados sobre el tema.
"El proyecto de ley prohíbe o restringe seriamente cualquier reproducción de las variedades registradas, incluso para el uso en la misma propiedad, ya que obliga al menos a comprar semillas año por medio, pero además permite confiscar cultivos, plantaciones, cosechas e incluso derivados de la cosecha en caso de infracción, terminado así con un derecho milenario y poniendo en riesgo la sobrevivencia de los campesinos" , afirmó la dirigenta de Anamuri.
Alicia Muñoz agregó que "la aprobación de este proyecto de ley constituirá un atropello a los derechos fundamentales de los campesinos e indígenas del país, quienes aún constituimos la gran mayoría de los agricultores" .
Por su parte Camila Montecinos señaló que "este proyecto mantiene la posibilidad de reclamar propiedad sobre " descubrimientos " y fue diseñada para reclamar propiedad sobre los inventos. En relación a las semillas agrícolas esto implica apropiarse de semillas desarrolladas por otros, ya que no existen semillas agrícolas no desarrolladas por mano humana" .
La representante de Grain en Chile manifestó que "la versión original de este proyecto de ley entregaba expresamente su fiscalización e implementación a los dueños de las variedades, es decir a entes privados, el texto actual no menciona el mecanismo, pero no lo excluye, ya que solo entrega explícitamente al SAG la definición de sanciones administrativas, dejando abierto a que este reglamento sea entregado a privados" .
Finalmente las representantes de las organizaciones campesinas informaron que este proceso ha sido acompañado con el aumento de los precios de las semillas y por programas gubernamentales que han obligado a los pequeños productores a comprar semillas registradas, prohibiendo la producción de semillas propias.
