Fallo judicial ordena consultar a pueblos indígenas.
Un sorpresivo giro tuvo la protesta contra el proyecto de Ley de Aguas. El presidente de la Asamblea Legislativa, Fernando Cordero, anunció ayer que se aplazará la votación prevista para cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional de marzo pasado que ordena realizar la consulta a los pueblos indígenas (Foto: Conaie).
Cordero evocó esa obligación para evitar que la ley sea declarada ilegal por "vicios de procedimiento" y negó que sea "un as bajo la manga" para desactivar las movilizaciones de las organizaciones indígenas.
Esas demostraciones iniciadas el 4 de mayo, cuando fue sitiado el Congreso, continuaron el miércoles con bloqueos de carreteras y refriegas, que dejaban al menos 20 lesionados y 19 detenidos.
La Corte Constitucional emitió la sentencia al resolver un pedido ciudadano para que ese tribunal reglamentara las consultas previstas en la Carta Magna sobre leyes que impliquen derechos colectivos, dijo el viceministro de los Pueblos Orlando Pérez.
Los indígenas, que componen el 35 por ciento de la población ecuatoriana de 14,2 millones de habitantes, rechazan el proyecto alegando que perderán el control de las fuentes hídricas en sus territorios, y que la legislación favorecería a mineras y empresas embotelladoras.
Previamente, el viceministro de los Pueblos (a cargo de la política indígena), Orlando Pérez, dijo que la aprobación había quedado postergada en cumplimiento de la sentencia emitida al fallar la Corte Constitucional una demanda de los pueblos indígenas.
Cordero señaló a su vez que el plazo legal para ese proceso es de cinco meses y garantizó que "todas las comunidades van a ser informadas y consultadas".
"Si es que se aprueba la ley tal como está en este momento, sin ese previo proceso de consulta (...) tendría un carácter inconstitucional", advirtió Pérez. "Por tanto, en este momento cambió completamente el escenario con la sentencia", dijo.
