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REPORTAJE A JUAN VALDES PAZ

“Estimular al pequeño productor”

 

Por Sebastián Premici

El sociólogo cubano Juan Valdés Paz visitó la Argentina para participar de una serie de charlas organizadas por el Ministerio de Agricultura, conducido por Carlos Casamiquela. Licenciado en Sociología por la Universidad de La Habana, en 1960, con tan sólo 21 años, fue nombrado administrador del Central Azucarero Abel Santamaría, como parte de la intervención del gobierno cubano a las empresas que pretendían boicotear la revolución. Allí conoció a Ernesto “Che” Guevara, cuando éste estuvo al frente del Ministerio de Industria. En 1963, Valdés Paz asumió la dirección ejecutiva de la presidencia del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA). En diálogo con el suplemento Cash, el sociólogo planteó la necesidad de que las políticas públicas tengan en su centro a un nuevo sujeto agrario, los agricultores familiares. Desde su perspectiva, “la cuestión agraria” vuelve a ser clave en las pujas políticas de la región.

Las organizaciones campesinas a nivel mundial, como la Vía Campesina y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) conmemoran el 16 de octubre como el Día de Acción Global por la Soberanía Alimentaria. En Chile organizaciones campesinas aseguran que enfrentan una dura batalla contra la imposición de un modelo neoliberal que vulnera la legislación en materia de derechos sociales, ambientales y humanos.

En el marco del Día de Acción Global por la Soberanía Alimentaria, organizaciones campesinas chilenas cuestionan el modelo de producción agrícola que en la actualidad está en directa relación con el fomento de la competencia, lo que da por resultado sistemas alimentarios que son controlados por las multinacionales, en desmedro de pueblos originarios, pequeños productores, asalariados, crianceros y familias.

Como Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida, instancia que reúne a más de 80 organizaciones y comunidades de distintas regiones, damos a conocer a la ciudadanía y a las autoridades nuestra posición frente a la Indicación Sustitutiva al Proyecto de ley que reforma el Código de Aguas, presentada por el gobierno el 8 de octubre de 2014:

  • Sobre  la declaración de las aguas como bienes nacionales de uso público

El gobierno NO se pronuncia sobre la reforma constitucional en materia de aguas (artículo 19 numero 24). Insistimos en que las aguas deben ser declaradas constitucionalmente como bienes nacionales de uso público. En este sentido, nos parece irrisorio volver a declarar las aguas como bienes nacionales de uso público, en circunstancias de que el Código de Aguas de 1981 en su artículo 5 ya las declaraba en esta condición y su aplicación ha sido letra muerta.

El artículo 13 del Convenio 169,  en relación a la protección de los lugares sagrados dispone que "los gobiernos deben respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras y territorios que ocupan o utilizan de alguna otra manera".

El Convenio 169 de la OIT es un tratado internacional de Derechos Humanos, vinculante al Estado chileno y aplicable con respecto a los lugares sagrados Mapuche.

Sin embargo, en Chile, diversos proyectos hidroeléctricos amenazan con emplazarse en lugares sagrados del Pueblo Mapuche, espacios de interés colectivo, cuya relación: habitantes, seres vivos, elementos de la naturaleza, tradición, religiosidad, cultura, conexión y cosmos, están enérgicamente  entrelazados.

Un representativo grupo de comunidades campesinas e indígenas y de profesionales del agro y la salud se reunió en Santiago el pasado 7 de agosto en el taller “Comunidades, Agroecología y Políticas Públicas”. “Necesitamos políticas públicas generadas desde las bases campesinas, mediante consultas vinculantes, para poder avanzar en la agroecología y la agricultura orgánica” señala la conclusión general de los miembros de 43 organizaciones venidos de Arica a Coyhaique.

Las comunidades exigen que el Estado dé prioridad a la relación con los pequeños productores y oriente su esfuerzo hacia las economías locales, vez de seguir apoyando el uso de insumos altamente contaminantes y los agronegocios orientados a la exportación. Asumen que una Asamblea Constituyente aseguraría estos cambios, pues se requiere instalar en una nueva Constitución el concepto de soberanía alimentaria: el derecho a decidir qué producimos y cómo, de acuerdo a nuestra cultura y necesidades.