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En pasados días se realizó en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación –ETCR- de Pondores, municipio Fonseca, la presentación de un proyecto de turismo comunitario y rural, diseñado en el marco del proceso de reincorporación económica y social.

En el Perú, existen 5 millones 663 mil personas de 14 a más años que se autoidentifican como indígenas y representan el 24,2% de la población de este rango de edad. De este grupo, 2 millones 904 mil son mujeres. Así lo informó el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Aníbal Sánchez Aguilar, quien puntualizó que el 45,2% de esta población femenina (un millón 312 mil) cuenta solo con educación primaria, el 36% (un millón 46 mil) con educación secundaria y el 18,8% (547 mil) con educación superior. Hay que tomar en cuenta que la población indígena es aquella que se autoidentifica como quechua, aimara y nativa o indígena de la Amazonía.

El Congreso argentino será el escenario del debate sobre las tierras aborígenes que reavivó la desaparición de Santiago Maldonado. En noviembre vence la la ley 26.160, que impide los desalojos de los territorios que ocupan las comunidades indígenas.

El gobierno de Venezuela incentiva el fortalecimiento del cultivo del café como un importante rubro para el desarrollo de la economía del país, afirmó Andrés Álvarez, coordinador nacional del Congreso de la Patria - Capítulo Café.

Por estos días hay un gran debate en torno a la situación de las comunidades aborígenes en Argentina. El caso de Santiago Maldonado ha generado un sinfín de especulaciones y planteos sobre la propiedad de las tierras que se disputan entre pueblos indígenas y grupos empresariales nacionales e internacionales.

Existe en el país un mapa sobre los conflictos de comunidades aborígenes reconocidos por Amnistía Internacional en nuestro país, donde se marcan muchos casos a lo largo y ancho del territorio nacional, desde el Norte hasta la Patagonia.

En el caso de la región de Cuyo también se reconocen seis casos, de los cuales tres se ubican en la provincia de San Juan y otros tres en Mendoza.

En lo que respecta al territorio mendocino, dos de los tres casos se ubican en el Sur provincial, más precisamente en el departamento de Malargüe. El otro se registra en Lavalle.

Uno de los casos corresponde a la comunidad Suyai Levfv, en la zona de Los Molles, donde el documento destaca que “en octubre de 2015 enfrentaron un intento de desalojo solicitado por un privado de la localidad de San Rafael. La comunidad aborigen denunció que la jueza Mónica del Carmen Cubillos (del cuarto juzgado de instrucción local) rechazó aplicar la Ley 26160 y la acusó de tener vínculos con quien solicitó el desalojó”.

En el otro caso que se reconoce en esta parte de Mendoza, destaca la comunidad Lof Chenkeko, en la zona de Bardas Blancas, que el 26 de enero de 2016 sufrió “un intento de desalojo por parte de un privado, con apoyo policial, que destruyó parte de la vivienda familiar e incluso robó pertenencias de la comunidad”.

El tercero de los casos mendocinos corresponde a la zona de Lavalle, en comunidades de la etnia Huarpe, donde se encuentran en conflicto 760.000 hectáreas.

FUENTE: DIARIO SAN RAFAEL