SISTEMAS PARTICIPATIVOS DE GARANTÍA – SPG

Gabriela Paredes Porras, Ecuador; Valeria García López, México/Colombia; Lina Ramírez Avendaño,
Colombia; Héctor Jair Beltrán Vargas, Colombia; Wilfredo Rojas, Bolivia; Zulma Gareca, Bolivia; Margarita del Pilar Arriagada, Chile

Todos fueron integrantes del Curso Virtual: Leyes de semillas en los países andinos, enfoque de los bienes comunes (2018),
coordinado por el Campo virtual por la tierra y el desarrollo rural del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica – IPDRS.

1. Historia y origen del Sistema Participativo de Garantía (SPG)

Según Eva Torremocha (2012) Los Sistemas Participativos de Garantías nacen en Europa junto con los procesos de certificación ecológica. Los colectivos, organizaciones sociales y ambientales que desarrollaron producción ecológica en respuesta a la implementación de la agricultura industrial y la revolución verde, se vieron en la necesidad de crear una forma de certificación que les permitiera diferenciarse de los productores que no cumplían con sus criterios de producción. Los productos ecológicos tuvieron una gran acogida en la población, dando lugar al uso fraudulento del término “ecológico”.

Según la autora estos procesos de certificación ecológica dieron origen a los Sistemas Participativos de Garantías pues, “...el proceso de certificación se entiende como un proceso constructivo e inclusivo, con ánimo de acompañar a los miembros productores en su proceso. Se puede, por lo tanto, considerar que los Sistemas Participativos de Garantía tienen una primera fecha de nacimiento durante la década de los 70. A partir de entonces, la evolución de la certificación de la producción ecológica va a marcar el futuro de los sistemas participativos de garantía. Y ésta está íntimamente ligada a la regulación de la producción ecológica”

Si bien los SPG y la certificación ecológica surgen del seno de las organizaciones sociales y ambientales, y durante su proceso de evolución se han basado en principios como la participación, horizontalidad, transparencia, confianza y apoyo mutuo entre productores y consumidores, se han ido institucionalizando. Sin embargo, una tercera parte ajena a los involucrados en el proceso de producción y consumo como la única certificación válida “...De este modo, el modelo participativo de certificación establecido por algunos de los movimientos que la iniciaron pasa a convertirse en ilegal, y los productos que avala no pueden considerarse ecológicos (por lo que) la certificación de ‘tercera parte’ nos aleja de los valores inclusivos y participativos con los que habían nacido los SPG”.

A pesar de esto, los Sistemas Participativos de Garantía continúan desarrollándose de manera espontánea alrededor del mundo. Algunas organizaciones deciden construir alternativas a los procesos de certificación oficial a nivel local, regional e internacional, como el movimiento internacional denominado Sistemas Participativos de Garantía, creado en el 2004, durante el seminario sobre certificación participativa que se realizó en Río Grande do Sul Brasil organizado por el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA) y la Federación Internacional de movimientos de la agricultura ecológica (IFOAM).

1.2. Definición y características del Sistema Participativo de Garantía (SPG)

De acuerdo a la Campaña Semillas de Identidad de Colombia, el Sistema Participativo de Garantía (SPG) o Sistema Comunitario de Confianza (SCC) para semillas criollas y nativas es un mecanismo para garantizar la calidad de las semillas, que nace a partir de las organizaciones comunitarias y las Redes de Semillas, y se estructura en torno a las Casas Comunitarias de Semillas para garantizar la calidad de las semillas, antes de la venta, donaciones e intercambios. Estos sistemas se construyen a partir de la confianza, las redes sociales, el intercambio de conocimiento y la participación activa entre productores, consumidores y otros actores, conformándose como un aval de la calidad. Los SPG operan a nivel local, regional o nacional, dependiendo del lugar de actuación que tenga la Casa de Semillas o las Redes de Semillas.

Según Semillas de Identidad para las redes de semillas, las características mínimas que debe tener una semilla criolla y nativa para considerarse de calidad adecuada, son:

-Semillas cultivadas bajo esquemas de producción agroecológica.

-Semillas no híbridas, libres de transgénicos y libres de propiedad intelectual.

-Semillas sanas, libres de plagas y enfermedades, con condiciones óptimas de criterios de viabilidad, pureza física y porcentaje de germinación.

-Semillas criollas y nativas que se adaptan a las condiciones locales, producidas bajo condiciones conocidas y aceptadas por los miembros del Sistema Participativo de Garantías.

-Semillas que circulan a través de las casas comunitarias de semillas: intercambio, obsequio y venta.

-Semillas que son producidas por custodios articulados a las casas de semillas y que son acompañados por técnicos y promotores.

2. Experiencias del SPG en algunos países de América Latina

Para comprender el contexto de aplicación de las experiencias de SPG en América Latina seleccionamos la experiencia de Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y México, países de origen de los autores de este documento, participantes del curso sobre Leyes de Semillas realizado por el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica y el Grupo Semillas de Colombia.  

2.1. Bolivia

Bolivia reconoce los SPG a través de la Ley 3525 la cual reglamenta “la regulación y promoción de la producción ecológica y los Sistemas Participativos de Garantía – SPG”.

De acuerdo a esta ley, los SPG “son un instrumento de promoción de la agricultura ecológica, que contribuye al fomento de la producción y la transformación, al consumo local y nacional de alimentos ecológicos, al fortalecimiento comunitario, a la protección del medio ambiente, al uso responsable de los recursos naturales y la inclusión de familias de productores en mercados que reconocen el valor de su trabajo y su producción, fortaleciendo las economías de reciprocidad y solidaridad de las familias productoras y consumidoras. Además con el SPG se respeta y garantiza la equidad de género, se rescata y valoriza los diferentes saberes y culturas de nuestro país, estimulando su integración”.

La Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB) con 70.000 productores ecológicos asociados en todo el país, ha impulsado la promulgación de esta ley y siendo líder en la promoción y desarrollo de la producción ecológica permite crear “...un movimiento que en los últimos 25 años, ha permitido que miles de productoras y productores campesinos —con metodologías propias— transformen sus sistemas productivos a través de la producción ecológica”. La AOPEB ha iniciado el SPG nacional junto con el Consejo Nacional de Producción Ecológica (CNAPE) que “...propone la implementación de los SPG, como el Sistema Alternativo de Garantía   adecuado al contexto nacional, por constituir una opción económicamente viable, culturalmente favorecida y ecológicamente aceptable, que garantiza la calidad de los productos ecológicos, para su consumo en los mercados locales y nacionales del Estado plurinacional de Bolivia”.

Además, se están desarrollando los SPG Municipales, con el apoyo de los gobiernos locales y los procesos de garantía con la implementación del Consejo de Certificación Participativa Ecológica Municipal (COCEM). En Bolivia, un SPG es una certificación donde participan agricultores(as), transformadores(as), consumidores(as), autoridades, instituciones, y otros que se identifican con la Producción Ecológica.

Mediante la Resolución Ministerial 020-2012, el SPG en su aplicación, trabaja con “Insumos destinados a la producción y transformación tipificados como ecológicos… entre ellos la producción y comercialización de semillas ecológicas”. En el numeral 6 se indica que la semilla ecológica “...debe proceder de unidades de producción ecológica garantizadas”. Y como principio plantea la revalorización y recuperación de semillas nativas.

Los participantes del SPG actúan bajo los principios de la visión compartida, aprendizaje continuo, horizontalidad, confianza, transparencia y participación. Los tipos de SPG dependen del tipo de actor que lo establezca, organización de productores, comunidad y municipio. Para el SPG con organización de productores, se considera 5 dimensiones agroecológicas: tecnológica-productiva, ambiental, socio–cultural, económica y política.

Para implementar un SPG se necesita:

1) Evaluadores del sistema productivo en cumplimiento de la Norma Técnica Nacional del SPG, cuyas funciones son:

-Organizar reuniones para elaborar compromisos, croquis y planes de mejoramiento de la producción.

-Organizar reuniones para la autoevaluación, supervisión y apoyan en la elaboración de las hojas de evaluación.

-Elaboran una lista general de productores / transformadores bajo su responsabilidad.

2)  El Comité de Garantía define y califica si los sistemas de producción son ecológicos o en transición. Es una instancia neutral que toma decisiones en consenso. Está compuesto por un número impar de integrantes mínimamente tres, que tienen conocimiento de la Norma Técnica Nacional del SPG. Verifican la documentación presentada por los evaluadores.

3) El Representante del SPG, es una persona elegida democráticamente, puede ser una autoridad, representante del comité ecológico municipal o de una organización de apoyo. Sus funciones son:

-Revisar las hojas de evaluación.

-Realizar la verificación de las unidades de producción en un porcentaje establecido.

-Calificar a los productores, transformadores y comercializadores en su respectiva etapa sea en transición o ecológico.

2.2. Colombia

La legislación establece la Resolución 3168 de 2015 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) que restringe la producción y comercialización de semillas que no sean certificadas y la certificación por una tercera parte, como el único mecanismo para validar la producción ecológica y su comercialización, por lo cual “las organizaciones tienen serias dificultades al momento de poner en el mercado sus productos, ya que al no tener dichos certificados no pueden usar los términos: “orgánico, ecológico o biológico” en los empaques y etiquetas” (Resolución 187 de 2006) . Aquellos productos que no se sometan a estos procesos de certificación son ilegales y deben realizar su actividad comercial en la clandestinidad.

En Colombia, las organizaciones indígenas y campesinas, que llevan a cabo procesos agroecológicos y de soberanía alimentaria han estado posicionando los mercados, ferias agroecológicas, el comercio con consumidores organizados, entre otras estrategias. En algunas regiones estos mercados y ferias cuentan con el respaldo de gobiernos locales.

Algunas organizaciones, asociaciones, redes de productores y custodios de semillas se valen de mecanismos como los SPG, la certificación participativa, los sellos de confianza, la certificación comunitaria, entre otras estrategias para validar su producción. Es el caso de la Red colombiana de agricultura biológica (RECAB) junto con el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA) que promueven un SPG Andino, cuya primera fase realizó “la elaboración y socialización de un plan de acción de fortalecimiento en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a partir de la documentación de la experiencia de las organizaciones que implementan SPG en cada país”. 

Se viene consolidando un movimiento agroecológico nacional, que pretende posicionar los SPG, esto a través de la Campaña por la Defensa de la Soberanía, la Seguridad y la Autonomía Alimentaria, promovida por Ecofondo, y la campaña Semillas de identidad promovida por la Fundación Suiza de Cooperación al Desarrollo (SWISSAID).

La Red de semillas Libres de Colombia, espacio de articulación “abierto y descentralizado de las organizaciones locales y sociales” también promueve hace más de 10 años “la recuperación, conservación y multiplicación de semillas criollas y nativas” a través de las Casas Comunitarias de Semillas (CCS) y Casas Familiares de Semillas”. A raíz de este trabajo se construyó la Guía Metodológica: “Sistema Participativo de Garantía de la calidad de semillas criollas y nativas para las Casas Comunitarias de Semillas en Colombia”, disponible en la web.

La asociación de pequeños productores agroecológicos, promotores de la agricultura urbana de todo el país, y “Familia de la Tierra”, con el apoyo de la Alcaldía de Bogotá, el MAELA y Swissaid, realizaron un evento de socialización de experiencias de implementación de los SPG, junto a diferentes organizaciones indígenas y campesinas, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN, la Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú – ASPROCIG, la Federación de Prosumidores Agroecológicos - AGROSOLIDARIA, la Asociación de Caficultores Orgánicos de Colombia – ACOC, el Consejo Regional Indígena Del Cauca - CRIC, la Red de mercados agroecológicos del valle, la RECAB y la RECAR.

Esta asociación ha propuesto a la Alcaldía de Bogotá, el reconocimiento y validación de los procesos de certificación participativa y junto con otras organizaciones del país, pretenden la implementación de procesos de comercialización alternativa como la distribución comunitaria de los productos, redes de consumidores responsables, rincones de productos orgánicos, venta directa con restaurantes y tiendas, entre otras, y establecer “un esquema nacional para la certificación participativa”.

2.3. Chile

En Chile, podemos encontrar un SGP restringido, el que deriva del artículo 3º de la Ley Nº 20.089, del año 2006, que crea el Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas y establece, “En el caso de comercialización directa a los consumidores, ya sea en ferias, tiendas, mercados locales u otros, por parte de agricultores ecológicos (pequeños productores, familiares, campesinos e indígenas), insertos en procesos propios de organización y control social, previamente registrados en el organismo fiscalizador, éstos podrán tener sistemas propios y alternativos de certificación, una vez que esté asegurada a los consumidores y al órgano fiscalizador, la rastreabilidad del producto y el libre acceso a los locales de producción o procesamiento”.

Los grupos de pequeños productores que comercializan directamente sus productos no necesitan ser certificados por una certificadora externa. Estos grupos están bajo la fiscalización del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que es la autoridad competente y deben cumplir con los siguientes requisitos:

-Pertenecer a una organización legalmente constituida.

-Cumplir con los requisitos de producción establecidos en el Reglamento de la Ley Nº 20.089 y las normas técnicas oficiales vigentes.

-Llevar registros de sus actividades productivas, que permitan establecer un sistema de trazabilidad.

-Dar libre acceso a sus unidades productivas y unidades de comercialización a los inspectores del Servicio.

-Permitir las inspecciones, entregar la información y cumplir los requerimientos que el Servicio determine, dentro de sus funciones de fiscalización.

-Entregar al Servicio, al 31 de marzo de cada año, un informe anual de sus actividades.

-Presentar un sistema de control interno y sus procedimientos. El objetivo de incluir esta modalidad en la regulación chilena fue apoyar a los pequeños productores mediante una exención al requisito de certificación de tercera parte a través de alguna de las certificadoras registradas en el Registro del Sistema Nacional de Certificación Orgánica.

La principal diferencia con otros sistemas de garantía es que su alcance está restringido a la comercialización directa y no a todo el mercado nacional. Esto implica que, si el grupo vende sus productos a un supermercado u otra tienda de productos orgánicos en el país, distinta al propio local de venta del grupo, deja de ser venta directa y, por lo tanto, debe someterse al control de una certificadora externa bajo el sistema de tercera parte.

2.4. Ecuador

En Ecuador a partir del año 2009 y como fruto de un proceso de más de una década de tratamiento de la temática de la producción orgánica y agroecológica, se convoca a un diálogo entre organizaciones sociales, ONG para el desarrollo y el Estado, iniciando una cierta institucionalización de los SPG como marco previo a formulación de una nueva ley de semillas.

Tabla 1. Desarrollo de los SPG en Ecuador.

Si bien la mayor parte de las discusiones estuvieron enfocadas en la certificación de la calidad orgánica de los productos, debido al potencial de exportación del país con rubros como el café, cacao y banana, éstos y otros espacios de diálogo y acción sirvieron como preámbulo a la formación de movimientos enfocados en la defensa de las semillas. La Red de Guardianes de Semillas ha desarrollado un sistema llamado “Flor de Garantía Participativa”, que asegura la calidad ecológica de los productos de una forma fácil de entender y comunicar.

La Flor de ocho pétalos es el sello que identifica los productos o a la unidad productiva. Cada pétalo representa una característica. Un producto o unidad productiva adquiere más pétalos si cumple con las características buscadas en la categoría correspondiente. En el caso de que se cumpla parcialmente, y se constate un esfuerzo real por mejorar la producción, se otorga medio pétalo. Dentro de este sistema se encuentra también un Sistema Participativo de Garantía de las Semillas que contempla los siguientes aspectos:

-Heredad: La semilla es nativa o criolla, proviene de material heredado, y es capaz de multiplicar la vida.

-Agroecología: Las semillas vienen de un proceso exclusivamente agroecológico.

-Germinación: Porcentaje de germinación adecuado, de acuerdo a la especie.

-Protocolos: Cultivo de acuerdo a los protocolos específicos para la especie, basados en técnicas tradicionales, para asegurar calidad y diversidad genética.

-Selección: Semillas escogidas, de tamaño y forma adecuados según la especie, libres de basuras y plagas.

-Almacenamiento: Uso de insumos ecológicos y condiciones adecuadas de almacenamiento, libres de químicos.

-Variedad definida: La semilla corresponde a las características definidas de la variedad.

-Equidad Social: Trato justo a todas las personas que intervienen en el proceso productivo, practicando reciprocidad y complementariedad.

Esta comprensión de la calidad de la semilla contrasta con la que la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) presenta en el Manual de control fitosanitario de semillas en sitios de producción, beneficio, almacenamiento y comercialización, aprobado en octubre del 2015.

Considerando que la entidad estatal llamada a "controlar" la calidad de las semillas es Agrocalidad y tiene una insignificante presencia en los territorios, una recomendación a las organizaciones campesinas es reforzar los SPG, tanto como sea posible y antes de que Agrocalidad tenga suficiente fuerza. Las organizaciones deben estar listos para hacer una propuesta a la hora de incluir los SPG en el reconocimiento institucional.

2.5. México                  

"El maíz no es una cosa, ni sólo una mercancía o un cultivo: el maíz es un tejido de relaciones. Es una crianza mutua que han ejercido muchos pueblos diferentes, por eso el maíz es tan variado y los pueblos florecieron tanto en la historia: su diversidad cultural y la del maíz se alimentan mutuamente" (Red de defensa del maíz, 2014).

Desde los años ochenta, las políticas neoliberales han entrado en el escenario mexicano afectando los avances en las políticas agrarias y rurales. Esto afectó a las semillas, se cercó a este bien común y benefició al comercio exterior con el aumento de importaciones y el ingreso masivo de semillas híbridas y paquetes asociados. A principios de los noventa, la firma del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), trajo cambios sustanciales en las políticas de abastecimiento interno de semillas y el detrimento de los límites para la entrada de organismos modificados genéticamente.

El caso más relevante es la amenaza del cultivo de maíz transgénico en el país de origen y domesticación de este cultivo, que es el alimento principal de la gastronomía mexicana, símbolo de la vida y la cultura. En esta vía, desde el 2013 se estableció una demanda colectiva de maíz con 53 demandantes entre activistas de derechos humanos, organizaciones de base, científicos/as, artistas, entre otros. Se logró impedir la entrada masiva de maíz transgénico.

Una alternativa de resistencia son los mercados o tianguis locales, que aportan una propuesta de que el qué comer y dónde comprar son actos conscientes y políticos. En esos espacios, los sistemas participativos se han desarrollado ampliamente, son un mecanismo para estrechar la relación campo-ciudad y productores-consumidores; basados en criterios construidos colectivamente, espacios de encuentro de asamblea y toma de decisiones, visitas a parcelas y talleres de intercambio de saberes.  Aún no se ha establecido un sistema para las semillas, pero al seguir este camino, es probable que se lo haga para completar el ciclo de la producción de forma más justa y equitativa, y que permita que las semillas permanezcan en manos de campesinos/as, indígenas y afrodescendientes.

Las características para implementar estos sistemas podrían ser una guía basada en los acuerdos comunes sobre el cuidado, viabilidad, prácticas orgánicas/agroecológicas, producción, entre otros.

3. Reflexiones

Estos sistemas comunitarios y participativos están logrando restablecer y reforzar los lazos y relaciones a través del cuidado y reproducción de lo común, que son grandes avances para lograr la protección y conservación de las semillas criollas y nativas.

Una alternativa para garantizar los derechos de los agricultores son los SPG, los SCC, las CCS y los avales de confianza, que ayudarán a que la actividad de los agricultores pueda ser de calidad, enriquecida con los conocimientos ancestrales, y a otros conocimientos sobre la conservación, cuidado y uso de las semillas que sean construidos e intercambiados en dichos sistemas. Además, permitirán legitimar la producción de los agricultores desde las comunidades campesinas e indígenas, que dan fe de su calidad.

En el caso de Chile, si bien es un buen sistema, por basarse en redes de confianza, presenta la falencia de entregar a las organizaciones, criterios que recaen en intereses comerciales, o bien, al no uso de agroquímicos; es decir, la atención se centra en las personas que van a certificar, el cumplimiento de estándares agroecológicos, la utilización de sistemas aceptados, o que la producción no vengan de productores no agroecológicos, con el riesgo de dejar de lado a las economías territoriales y el tipo de producción de la semilla de origen.

Bibliografía

CNAPE

2015   Los Sistemas Participativos de Garantía SPGs en Bolivia. La Paz: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – MDRyT, Consejo Nacional de Producción Ecológica – CNAPE.

Pino Andrade, Mauricio

2017   Los Sistemas Participativos de Garantía en Ecuador. Aproximaciones a su Desarrollo. Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socio.ambientales, Nº 22 (septiembre), 120-45. Disponible en: http://cort.as/-JpqL

Ramírez H, Andrés; Guzmán, Pedro

s/f        Sistemas Participativos de Garantía SPG en Bogotá: La apuesta del proceso organizativo Familia de la Tierra. Disponible en: http://cort.as/-Jpqz

Semillas de identidad

2018   Sistema Participativo de Garantía de la calidad de semillas criollas y nativas para las Casas Comunitarias de Semillas en Colombia. Disponible en: http://cort.as/-Jprq

Torremocha, Eva

2012   Sistemas Participativos de Garantía una herramienta clave para la Soberanía Alimentaria. Revista Soberanía Alimentaria Biodiversidad y Culturas.

Plataformas virtuales

https://plataformaachocalla.wordpress.com/cgema-y-spg/

http://www.agrocalidad.gob.ec/documentos/dvf/01-resolucion-0296-manual-de-control-de-semillas-aprobado.pdf

https://aopeb.org/quienes-somos/

Las semillas bajo ataque: expoliación de la naturaleza y de los pueblos en el contexto latinoamericano de colonialidad y dependencia

Jana Caroline Farias Melo*

La implementación del modelo agrario industrial en América Latina ha significado una amenaza constante a la Naturaleza y a los pueblos. Basado en la objetivación de la Naturaleza y en el agotamiento de recursos naturales, este modelo representó la implementación de un extractivismo agrario que tiene en la privatización de las semillas una de sus más recientes frentes de avance en busca de lucro, en un proceso de acumulación por expoliación marcado por la permanencia de la colonialidad y de la dependencia latinoamericana.

La agricultura industrial se difundió con la llamada Revolución Verde, que tuvo su inicio al final de la Primera Guerra Mundial y se expandió globalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, por la redirección del excedente de la tecnología militar producida en función del conflicto para usos civiles. La maquinaria bélica tuvo flujo con la producción de tractores para la agricultura, las armas químicas y biológicas desarrolladas fueron empleadas en la producción de agrotóxicos e incluso la tecnología nuclear fue redirigida para el control de plagas (esterilización por irradiación) y para la conservación de alimentos (esterilización nuclear) (Ceccon, 2008, p. 22). De esta forma, se inaugura la expansión mundial de la agricultura basada en el empleo masivo de insumos químicos sintéticos (agrotóxicos y fertilizantes), mecánicos (tractores y maquinaria en general) y biológicos (entre los que se encuentran las semillas y las plántulas fruto del mejoramiento biotecnológico).

Aunque se propuso como resolución del problema del hambre en el mundo (su idealizador Norman Borlaug ganó el Premio Nobel de la Paz en 1970 como consecuencia de ello), el sistema productivo de la Revolución Verde trajo varias consecuencias negativas al medio ambiente, a la seguridad alimentaria y a la supervivencia de la humanidad como un todo pero, en especial, de los pueblos del sur global, que son los más afectados por el modelo agrario extractivista que se intensificó con la agricultura industrial.

Actualmente, se estima que el 63% del mercado mundial de semillas y más del 70% del mercado mundial de agrotóxicos se concentra en sólo cuatro empresas: la alemana Bayer (que adquirió Monsanto en junio de 2018), la también alemana BASF, la estadounidense Corteva Agriscience (resultado de la unión de las empresas también estadounidenses Dow y DuPont) y la china ChemChina (que compró la suiza Syngenta en 2017 y hay previsión de ser incorporada por la también china Sinochem) (Mooney y ETC Group, 2018, p. 11). De estas empresas, las dos mayores (Bayer-Monsanto y Corteva Agriscience) ya controlan juntas más de la mitad (54,3%) del mercado mundial de semillas (Mooney y ETC Group, 2018, p. 8). Se trata, pues, de una clara situación de oligopolio mundial de empresas transnacionales, la mayoría originaria del capitalismo central, encargadas de la producción de semillas e insumos para la agricultura industrial.

La periferia del capitalismo, a su vez, se inserta en la dinámica de producción agraria como lugar de consumo intensivo de agrotóxicos y de biotecnología, a partir de un modelo agrario extractivista. El extractivismo caracteriza la inserción del sur global en el sistema-mundo como lugar de explotación intensiva de la Naturaleza para la exportación de recursos no (o mínimamente) procesados, y fue el "mecanismo de saqueo y apropiación colonial y neocolonial" (Acosta, 2011, p. 86) que posibilitó la acumulación de riquezas para el desarrollo de los países centrales. Aunque el mundo colonizado haya sido representado - cuando no simplemente negado - por el pensamiento moderno como el "otro", una exterioridad de la modernidad capitalista, la acumulación primitiva derivada del despojo colonial fue condición esencial para el desarrollo capitalista (Marx, 2013, p. 821) en un sistema de alcance mundial que, hasta los días de hoy, se sustenta en esta constante dinámica de explotación e invisibilización de las relaciones en las que se basa.

En el contexto de la producción agrícola, el extractivismo se expresa en un modelo basado en el monocultivo que degrada rápidamente la fertilidad del suelo y utiliza grandes volúmenes de agua - que, como señala Acosta (2011, p. 86), aunque sean recursos renovables, la explotación intensiva excede el ritmo natural de renovación, haciéndolos no renovables. Además de estos recursos directamente consumidos en la producción agrícola de modelo industrial, hay todavía el agotamiento de la naturaleza de difícil - o imposible - reparación que ocurre con la destrucción de ecosistemas, la contaminación del agua, de los suelos y del aire por los agrotóxicos utilizados, la amenaza a especies animales (como las abejas) por la pérdida de su hábitat, fuentes de alimentos o por intoxicación, así como la pérdida de la agrobiodiversidad como consecuencia de factores como la contaminación de plantas nativas o criollas por organismos genéticamente modificados, su eliminación por la utilización de agrotóxicos y su desaparición por la sustitución por semillas industriales. En cuanto a esta cuestión, señala Feiden que el monocultivo hace las plantaciones más susceptibles a plagas y enfermedades, la utilización de fertilizantes sintéticos contamina los alimentos, el agua y el suelo, los químicos utilizados para el control de enfermedades y de plantas y animales no deseados (“plagas") también contaminan alimentos y ambiente, además de impulsar la resistencia de los organismos a esos productos (lo que hace necesario un uso cada vez mayor para obtener los mismos resultados) y generar desequilibrio entre especies por la eliminación de predadores o competidores naturales, y, por fin, la forma de preparación mecanizada del suelo (realizada con arado intensivo) también empobrece el suelo (por la pérdida de materia orgánica), degrada y compacta, lo que reduce su capacidad de almacenamiento de agua y lo hace más propenso a la erosión (Feiden, 2005, p. 64).

Para la biodiversidad, este modelo representa una enorme pérdida derivada de la destrucción de ecosistemas y de especies y variedades vegetales, generando homogeneización, empobrecimiento y fragilidad. La uniformidad visada por ese modelo se refleja también en otras dinámicas, como en la destrucción de los bosques y de otros ecosistemas para la creación de espacios agrarios productivos homogéneos en los que las condiciones son controladas y la Naturaleza - mientras no sea mero "recurso natural" domesticado y lucrativo - es excluida y tomada como no deseada (como señala Marés de Souza Filho (2015), la naturaleza no mercantilizada pasa a ser tomada como un peligro a las necesidades humanas). En cuanto a las especies vegetales, esto se refleja en una estandarización y modificación en función de su eficiencia en la producción para el mercado y en una sustitución (generando la desaparición) de especies nativas o criollas (consideradas inadecuadas a los patrones del mercado, debido a su variabilidad en detrimento de su riqueza nutricional, ambiental y cultural). Además, también ocurre una homogeneización de las culturas alimentarias, con la estandarización del consumo llevada a cabo principalmente por la industria alimentaria - que se basa en un número muy limitado de alimentos [1] - y con la destrucción de los modos tradicionales de vida, de cultivo y de alimentación que ocurre con el avance del modelo agrario industrial y la desterritorialización de pueblos indígenas, campesinos y comunidades tradicionales.

En este contexto, el proceso de apropiación privada de las semillas, que es relativamente reciente, representa un nuevo nivel del proyecto de expansión del modelo agrario instituido por la Revolución Verde, así como una ofensiva contra los pueblos latinoamericanos que evidencia que la colonialidad que continúa marcando la región no es sólo eco de un pasado violento, sino que constituye una violencia continua que fundamenta la acumulación de riquezas (acumulación por desposesión) del capitalismo central con base en la privatización de los comunes y en la expoliación de los conocimientos y medios de vida de los pueblos latinoamericanos.

La agrobiodiversidad de las semillas no resulta sólo de evolución natural, ellas "tienen raíces, como los pueblos, no surgen por casualidad, venidas con el viento", como explica Blanca Chancoso (2019). Son fruto de interrelaciones milenarias entre Naturaleza y seres humanos, que a lo largo del tiempo recogieron, seleccionaron, cultivaron, guardaron, compartieron, cruzaron y mejoraron las semillas, adaptándolas a diferentes condiciones ambientales y a diferentes finalidades (nutricionales, medicinales, religiosas, sociales, culturales, ornamentales, entre tantas otras). Camila Montecinos explica muy bien esta cuestión al señalar que

Toda variedad vegetal es una obra humana de carácter colectivo, comparable a una pintura o una escultura en cuanto a la creatividad involucrada, y asimilable a un lenguaje en cuanto al carácter colectivo de su creación. Las variedades comerciales modernas no son una excepción a este carácter de obra común. El trabajo genético hecho por pueblos, comunidades y familias agricultoras a través de siglos y milenios es incomparablemente mayor al trabajo hecho por obtentores comerciales. Por lo mismo, incluso las llamadas variedades modernas o comerciales son por naturaleza un bien común y no deben se privatizadas. (Montecinos y Rodriguez, s. f., p. 64 )

Vandana Shiva, en el mismo sentido, explica que "la biodiversidad y la diversidad cultural se han moldeado mutuamente" (2016, p. 287). Las semillas tienen, así, una relación intrínseca con la historia de los pueblos, su ocupación del espacio, sus sistemas productivos, sus prácticas religiosas y culturales, su medicina, su conocimiento, sus tecnologías, su identidad, sus cosmologías. Integra la vida de los seres humanos de diversas formas, alimentando sus cuerpos, sus relaciones individuales, sociales y con la naturaleza, sus saberes y su identidad. Blanca Chancoso (2019) también resalta que las semillas tienen expresión política, relacionada a la soberanía de los pueblos, y funciones ambientales importantes, como la protección de cursos de agua.

Por otro lado, también las relaciones humanas contribuyen a la diversidad de las semillas, que son influenciadas por la selección y mejora practicadas por los pueblos sobre la base de los usos que hacen de las plantas, por su distribución geográfica determinada por las migraciones e intercambios humanos, por su adaptación a diferentes agroecosistemas basados en los diferentes modos de cultivo desarrollados. De esta forma, la interrelación milenaria entre los seres humanos y las semillas constituye una serie de valores que presentan una importancia concreta e inmediata para muchos pueblos y comunidades, absolutamente insustituible por el modelo agrícola industrial, que, en la estela de la racionalidad occidental moderna, objetifica la Naturaleza y en ella sólo ve un recurso. Blanca Chancoso (2019) ilustra muy bien esa insustituibilidad al explicar que, en casos en que las semillas transgénicas llegaron hasta las comunidades indígenas, al comerlas dijeron que "no tenían corazón".

Debido a la dificultad de control de las semillas, ya que son organismos vivos que traen en sí la potencialidad de la multiplicación en muchos otros organismos, resultado de evolución y adaptación continua para ese propósito (Bravo, 2014, p. 23), inicialmente las empresas de los insumos agrícolas tenían como foco el lucro con la venta de paquetes tecnológicos asociados a las semillas industriales (que necesitaban fertilizantes y agrotóxicos para producir). Sin embargo, pasaron a ver en las semillas otra potencial fuente de ganancia y a invertir en mecanismos que hicieran ese beneficio posible. Una de las estrategias utilizadas para el control y estandarización de las semillas fue el desarrollo de semillas híbridas para las especies de polinización cruzada o abierta (lo que genera gran variabilidad genética). Las semillas híbridas consiguen reproducir características positivas seleccionadas por medio de un proceso altamente controlado de mejora, y por lo que tales características sólo permanecen por una sola generación, haciendo estériles las plantas de ellas resultantes o haciendo sus semillas altamente variables (Bravo, 2014, p.25). Para las especies menos variables (cuya polinización es realizada por la misma planta), no hay mecanismo biológico que impida que sus semillas sean sembradas por varias generaciones obteniendo resultados satisfactorios. En estas especies, entre las que se encuentran las commodities soja, algodón y trigo, se busca implantar mecanismos para garantizar que las empresas sigan beneficiándose con ellas (Bravo, 2014, p.26).

Explica Elizabeth Bravo (2014) que los mecanismos utilizados para garantizar la privatización de las semillas y el lucro de las empresas son tecnológicos y legales. Entre los mecanismos tecnológicos desarrollados, además de la mencionada creación de híbridos, están las tecnologías genéticas de restricción de uso (GURT), también conocidas como tecnología terminator, que hace infértiles las plantas que resultan de la siembra de las semillas industriales adquiridas.

Además, la dominación del mercado y de los territorios con semillas industriales y transgénicas cumple la función de dificultar el acceso a las semillas nativas y criollas, impidiendo su multiplicación y distribución, así como contaminando las plantaciones y ocasionando la pérdida de las características de las plantas nativas y criollas (lo que también posibilita el cobro de regalías por las empresas que poseen el derecho de propiedad intelectual de la variedad contaminante). Hay también casos en que ese mecanismo tecnológico de privatización de las semillas puede ser utilizado de forma clandestina, como ocurre en México, donde hay el convencimiento de que, aunque no se permita el cultivo de maíz transgénico, está siendo cultivado y así difundiéndose por el territorio de forma ilegal (Alianza Biodiversidad, s.f., p. 31).

Entre los mecanismos legales mencionados por Bravo (2014), están la aplicación de leyes de propiedad intelectual (derechos de obtentor y patentes) a las cultivares, semillas y mudas, así como la exigencia de registro o certificación. En muchos casos, como en Brasil, se requiere certificación para que se pueda sembrar, almacenar, vender e incluso intercambiar semillas. Sin embargo, la certificación de semillas exige que cumplan con criterios de homogeneidad, estabilidad y distinción, lo que excluye las semillas no industriales de la posibilidad de registro. Además, la adhesión de los Estados al Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos (TIRFAA) y a los Convenios de la Unión para la Protección de los Obectores Vegetales (UPOV) garantiza la creación de leyes y mecanismos de protección a la propiedad intelectual, y en algunos casos la creación medidas de control administrativo y criminal sobre las semillas (Bravo, 2014).

Como señala Shiva (2016, p. 289), las empresas se benefician con la creación de uniformidad (y no diversidad) y vulnerabilidad (y no resiliencia) en las semillas, volcadas al procesamiento industrial ya la distribución a escala global, haciendo crímenes las prácticas campesinas de guardia y de compartir. Así, se crea una situación de dependencia creciente de la humanidad en relación al oligopolio de empresas de semillas e insumos agrícolas y al oligopolio de las empresas de alimentos industrializados, al tiempo que disminuye la agrobiodiversidad y la diversidad de cultivos no integrados a la lógica de la agricultura industrial.

Así se identifica, en el caso latinoamericano, que se genera con el aval de los Estados (expresado a través de las leyes que permiten la apropiación privada de las semillas y la difusión de un modelo de agricultura insostenible) una situación de creciente dependencia alimentaria (que amenaza no sólo la soberanía, sino también la seguridad alimentaria de la población latinoamericana), además de la dependencia económica ya alimentada por ese modelo.

Las amenazas del modelo de agricultura industrial y de la progresiva privatización de las semillas a la agrobiodiversidad ya son ampliamente identificadas. El Informe de Evaluación Global sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de la IPBES (Plataforma Intergubernamental Científico-Política sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos), lanzado en 2019, apunta que la acción humana ha causado la pérdida de la biodiversidad entre individuos, entre especies y entre ecosistemas a uno ritmo sin precedentes. Así, se produce la desaparición de especies endémicas, funciones ecosistémicas y contribuciones de la naturaleza a las personas (que se refiere a las formas por las cuales la naturaleza contribuye con la humanidad, incluyendo las condiciones ambientales y la provisión de recursos materiales y no materiales) (IPBES, 2019, p. 36-37). Entre esas contribuciones de la naturaleza, la polinización es una de las que se encuentran en riesgo y puede alcanzar más del 75% de los cultivos en el mundo. De acuerdo con el Informe, la pérdida de la agrobiodiversidad representa una peligrosa disminución de la resiliencia de los agroecosistemas, que así se vuelven cada vez más vulnerables a las plagas, patógenos y cambios climáticos, amenazando seriamente la seguridad alimentaria global y la posibilidad de opciones de alternativas frente a amenazas como el cambio climático (IPBES, 2019, p. 3).

Frente a la amenaza de la pérdida de la agrobiodiversidad, algunas iniciativas han sido presentadas como solución por los países del norte global, como la creación del Banco Mundial de Semillas de Svalbard, en el Círculo Ártico, a partir de una iniciativa del Gobierno de Noruega y de Global Crop Diversity Trust, respaldada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Aunque se reconozca la importancia de esta iniciativa para la protección y posibilidad de rescate de semillas, propuestas como ésta dejan algunas cuestiones. La primera cuestión que se puede plantear es si y cómo ocurrirá el acceso de los campesinos a las variedades guardadas en el Banco (aunque se establezca que agricultores e investigadores deban acceder, no se sabe hasta qué punto y en qué circunstancias puede darse el acceso).

Además, también cabe cuestionar hasta qué punto se puede preservar la agrobiodiversidad aislándola del medio ambiente y de las prácticas agrícolas que permanentemente permiten su mejora y adaptación. Esto es porque la mayor riqueza y potencialidad de las variedades nativas y criollas es su resiliencia, diversidad y capacidad de adaptación ambiental, que se deriva entre otros factores de su interacción permanente con las comunidades. En este sentido, se entiende que no se puede preservar de hecho las semillas de forma aislada de los sistemas productivos y prácticas tradicionales que le dan soporte y significado (Ita, 2016, p. 339). La preservación de la agrobiodiversidad, considerando la semilla no sólo de forma objetificada, como "recurso natural", sino en toda la diversidad de sentidos que envuelve aspectos sociales, agrícolas, culturales, nutricionales, medicinales, simbólicos, identitarios, históricos, ambientales, entre tantos otros, depende de la preservación y promoción de los modos de vida y sistemas agrícolas que desde hace milenios vienen protegiendo, desarrollando y diseminando las semillas.

Por último, se puede cuestionar si la creación de grandes bancos de semillas financiados por el capitalismo central (como el mencionado, que fue construido con recursos de la Fundación Bill y Melinda Gates) puede ser utilizada como argumento para continuar (o intensificar) el modelo de la agricultura industrial a pesar de la identificación de las amenazas que representa a la agrobiodiversidad, bajo la justificación de que ya estaría siendo preservada por el mantenimiento de esos bancos. En ese sentido, es bastante ilustrativo un discurso de Davi Kopenawa, indígena yanomami, que, al visitar un zoológico, afirma que "los blancos atrapan a los animales para mantenerlos vivos; así pueden matar a todos los demás que queden libres" (Marés de Souza Filho, 2015, p. 88). Es imprescindible, por lo tanto, mirar la cuestión de la defensa de la agrobiodiversidad a partir de la Naturaleza como sujeto (y no como objeto), de forma interrelacionada con la defensa de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales y campesinas.

El modelo agrario industrial también trae graves consecuencias a los pueblos latinoamericanos. En América Latina, este sistema ideado para el monocultivo a gran escala se beneficia de una estructura altamente concentradora de tierras [2] resultante del proceso de colonización y agravada por el agronegocio, que amenaza permanentemente a los campesinos, pueblos indígenas y comunidades tradicionales de diversas formas (que atraviesan la amenaza a su supervivencia por la destrucción del ambiente donde viven, por la pérdida de sus territorios, modos de cultivo y modos de vida, y también por la violencia física directa, siendo que Global Witness (2018) señala que el agronegocio en América Latina fue el mayor responsable por las muertes de defensores de la tierra y del medio ambiente en 2017).

Además, este modelo representa, para los campesinos que optan por él, una situación de dependencia en relación a las empresas transnacionales, ya que necesitan comprar nuevas semillas a cada siembra (la reutilización de semillas o es inviable, en el caso de los híbridos y las tecnologías de restricción de uso, o prohibidas, en el caso de las semillas patentadas o con derechos de obtentor). Esta dependencia también se extiende a los demás insumos vendidos junto a las semillas como un "paquete tecnológico", sin los cuales las semillas no se desarrollan como previsto. Así, los agricultores que optan por el modelo de la agricultura industrial - tanto por esperanza de mejores rendimientos o como única opción frente a la desaparición de las semillas tradicionales, nativas y criollas - se ven dependientes de las empresas para acceder a sus medios de producción y de subsistencia, en muchos casos acumulando deudas. Tal situación acaba por impulsar a muchos agricultores al abandono de sus cultivos, para buscar en el trabajo precarizado en las ciudades sus medios de supervivencia.

A partir de eso, se puede identificar que el extractivismo en el contexto agrario latinoamericano representa la destrucción de la Naturaleza, en una dinámica desigual que, por un lado, exporta las riquezas naturales (el agua, la fertilidad del suelo, la biodiversidad) y, por otro, recibe contaminación química (por medio de agrotóxicos que, en muchos casos - como lo demuestra Bombardi (2017) - están prohibidos en los países del norte) y biológica (a través de los organismos transgénicos). También representa la destrucción de la agrobiodiversidad resultante de la ocupación del espacio por monocultivos, de la contaminación por agrotóxicos y organismos genéticamente modificados, y de la dominación del mercado de semillas por las empresas de biotecnología que hacen a los agricultores cada vez más difícil encontrar semillas nativas o criollas. Representa una amenaza a los pueblos indígenas y comunidades campesinas y tradicionales, que tienen sus medios de supervivencia (material e inmaterial) amenazados por la degradación ambiental, por el despojo de sus tierras por la expansión de las fronteras del agronegocio, y por la imposición de un modelo de agricultura industrial fundamentado en la apropiación y en la expoliación del trabajo y del conocimiento desarrollados por estos pueblos a lo largo del tiempo. Por último, representa una amenaza a la población latinoamericana como un todo, que pasa a depender cada vez más de una alimentación basada en pocas variedades que son utilizadas por la industria alimentaria, mientras que pierden la diversidad nutricional presente en las variedades locales y así se queda en una situación de creciente inseguridad alimentaria.

Se puede analizar también que la destrucción y explotación de la Naturaleza latinoamericana y la expoliación de los pueblos son aspectos de un mismo proceso de acumulación marcado por la dependencia (Marini, 2005), que inserta a los países periféricos del capitalismo en una posición económica de proveedor de bienes primarios y de consumidor de productos manufacturados y de tecnología, sometiendo a su población trabajadora, tras la expoliación de sus medios de supervivencia, a la superexplotación (Marini, 2005). El capitalismo central, en la figura de las empresas semilleras transnacionales y con el aval de las legislaciones locales, busca apropiarse de la rica agrobiodiversidad latinoamericana que es el resultado de milenios de trabajo realizado y de conocimiento desarrollado por los pueblos originarios, comunidades tradicionales y campesinos. Exigen regalías y criminalizan su uso, además de negar el conocimiento y las tecnologías desarrolladas por esos pueblos, al imponer una visión de que las semillas nativas y criollas son de baja calidad (justamente por la diversidad, variabilidad y resiliencia que las permitieron llegar a los días de hoy) y al negar que estas semillas que utilizan como base para las modificaciones biotecnológicas son resultado, ellas mismas, de la tecnología desarrollada por los pueblos.

Este proceso también está marcado por la colonialidad (Quijano, 2005), comprendida no sólo como las consecuencias de la obra colonial para la dominación de los pueblos y su inserción de forma periférica (o dependiente) en el sistema-mundo, pero también, de manera indeleble, como su mantenimiento como medio para la acumulación primitiva permanente, o la acumulación por desposesión (Harvey, 2005), basada en la explotación y la violencia contra los pueblos y en la apropiación privada de los comunes (incluida la naturaleza y los conocimientos tradicionales). Se ataca, en el mundo colonizado, no sólo el trabajo productivo (para acumulación de la plusvalía), sino los medios mismos de reproducción de la vida. Por eso, la defensa del derecho de los pueblos a las semillas es indispensable para la defensa de la agrobiodiversidad y de la soberanía latinoamericana.

*Abogada, estudiante de maestría en Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidade Federal do Paraná (Brasil), becaria de la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

[1] De acuerdo con la FAO (2018), sólo 9 plantas son responsables de más del 66% de los cultivos en el mundo.

[2] La distribución de la tierra en América Latina es la más desigual del mundo, presentando un coeficiente de Gini de 0,79 (en una variación que va de 0, representando una distribución absolutamente equitativa, a 1, que representa la concentración máxima, situación en que todas las tierras pertenecen a una sola persona). La situación de América del Sur, tomada aisladamente, es aún más desigual, presentando un índice de 0,85. Además, más de la mitad de la superficie agrícola latinoamericana se concentra en sólo el 1% de las propiedades. (OXFAM, 2016) El latifundio, así, herencia colonial, se ha convertido en el medio ideal para la producción a gran escala promovida por la Revolución Verde, basada en el monocultivo.

Referencias

• Acosta, Alberto. Extractivismo y Neoextractivismo: dos caras de la misma maldición. En: Lang, M. y Mokrani, D. (eds.). Más allá del desarrollo. Quito: Fundación Rosa Luxemburgo y AbyaYala, 2011. pp. 83-120. Recuperado de: http://www.rosalux.org.mx/docs/Mas_alla_del_desarrollo.pdf . Acceso: 17 mayo 2019.

• Alianza Biodiversidad. Leyes de semillas y otros pesares: los pueblos de América Latina las cuestionan e impugnan. Argentina: Alianza Biodiversidad (sin fecha). Recuperado de: https://www.grain.org/media/W1siZiIsIjIwMTQvMDkvMTIvMTFfNDdfNDRfMzYyX0xFWUVTX0RFX1NFTUlMTEFTX3lfb3Ryb3NfcGVzYXJlcy5wZGYiXV0 . Acceso: 10 abril 2019.

• Bombardi, Larissa Mies. Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. São Paulo: FFLCH - USP, 2017. Recuperado de: https://www.larissabombardi.blog.br/atlas2017 . Acceso: 15 mayo 2019.

• Bravo, Elizabeth. En el laberinto de las semillas hortícolas: una visión desde la Ecología Política. Quito: Abya Yala – UPS, 2014. Recuperado de:
  https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/7902/1/En%20el%20laberinto%20de%20las%20semillas%20horticolas.pdf . Acceso: 20 abril 2019.

• Ceccon, Eliane. La revolución verde: tragedia en dos actos. Ciencias, Vol. 1, Núm. 91, julio-septiembre, 2008, pp. 21-29. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2008. Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/644/64411463004.pdf . Acceso: 18 mayo 2019.

• Chancoso, Blanca y Vélez Ortiz, German A. (2019, 25 de abril). Propuestas alternativas para la defensa de los bienes comunes y de las semillas [Webinar]. Recuperado de: https://www.facebook.com/interaprendizajeIPDRS/videos/447789996027467/ y https://www.facebook.com/interaprendizajeIPDRS/videos/450124809057196/ . Acceso: 15 mayo 2019.

• FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Biodiversity for sustainable agriculture: FAO’s work on biodiversity for food and agriculture. FAO, 2018. Recuperado de: http://www.fao.org/3/CA2227EN/ca2227en.pdf . Acceso: 29 mayo 2019.

• Feiden, Alberto. Agroecologia: introdução e conceitos. En: Aquino, A. M. de; Assis, R. L. de. (Ed.). Agroecologia: princípios e técnicas para uma agricultura orgânica sustentável. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica; Seropédica: Embrapa Agrobiologia, 2005. Capítulo 2, pp. 50-70. Recuperado de: https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/recursos/AgrobCap2ID-upGSXszUrp.pdf . Acceso: 20 mayo 2019.

• Global Witness. A que preço? Negócios irresponsáveis e o assassinato de defensores da terra e do meio ambiente em 2017. Recuperado de: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/a-que-pre%C3%Ao/ . Acceso: 8 diciembre 2018.

• Harvey, David. El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión. Socialist register 2004 (enero 2005). Buenos Aires : CLACSO, 2005. Recuperado de: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20130702120830/harvey.pdf . Acceso: 25 mayo 2019.

• IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services); Díaz, S.; Settele, J.; Brondízio, E; et. al. Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. 2019. Recuperado de: https://www.ipbes.net/system/tdf/spm_global_unedited_advance.pdf?file=1&type=node&id=35245 . Acceso: 20 mayo 2019.

• Ita, Ana de. Conserving the diversity of peasant seeds. En: Shiva, Vandana. Seed Sovereignty, Food Security: Women in the vanguard of the fight against GMOs and corporate agriculture. Berkeley, California: North Atlantic Books, 2016. pp. 326-340

• Marés de Souza Filho, Carlos Frederico. De como a natureza foi expulsa da modernidade. Revista Crítica do Direito, n. 5, vol. 66, ago.dez. 2015. p. 88-106.

• Marini, Ruy Mauro. Dialética da dependência. En: Traspadini, Roberta y Stedile, João Pedro (Orgs.). Ruy Mauro Marini: Vida e Obra. Editora Expressão Popular, 2005.

• Marx, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro I: o processo de produção do capital. São Paulo: Boitempo, 2013.

• Montecinos, Camila y Rodríguez, Francisca. UPOV 91: El ataque contra las semillas en Chile. En: Alianza Biodiversidad. Leyes de semillas y otros pesares: los pueblos de América Latina las cuestionan e impugnan. Argentina: Alianza Biodiversidad (sin fecha). Recuperado de: https://www.grain.org/media/W1siZiIsIjIwMTQvMDkvMTIvMTFfNDdfNDRfMzYyX0xFWUVTX0RFX1NFTUlMTEFTX3lfb3Ryb3NfcGVzYXJlcy5wZGYiXV0 . Acceso: 10 abril 2019.

• Mooney, Pat; ETC Group. Blocking the chain: Industrial food chain concentration, Big Data platforms and food sovereignty solutions. Berlin and Val David, 2018. Recuperado de: http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/blockingthechain_english_web.pdf . Acceso: 30 abril 2019.

• Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina. OXFAM International, 2016. Recuperado de: https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/desterrados-informe_completo-esp.pdf . Acceso: 10 mayo 2019.

• Quijano, Aníbal. Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina. En: Lander, E. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. Buenos Aires : CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2005. Recuperado de: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100624103322/12_Quijano.pdf . Acceso: 12 mayo 2019.

• Shiva, Vandana. Sowing seeds of freedom. En: Shiva, Vandana. Seed Sovereignty, Food Security: Women in the vanguard of the fight against GMOs and corporate agriculture. North Atlantic Books : Berkeley, California.11 2016. pp. 287-296

DE GEOGRAFIA E DE DIVERSIDADE: CONTRIBUIÇÃO PARA UM DIÁLOGO DE SABERES

Carlos Walter Porto-Gonçalves  *

Falar em diversidade e de diálogo de saberes implica reconhecer que há múltiplas versões, múltiplos lugares, múltiplas culturas, múltiplos povos, múltiplos grupos/classes sociais. Implica se perguntar porque tantos foram negados, olvidados e, assim, que não basta reconhecer que são múltiplos. Sabemos como os negócios e os negociantes contribuíram para isso quando começaram a impor a ideia de ganhar dinheiro como leitmotiv do sistema mundo que, surgido em 1492, nos governaria até hoje. E falar de negócio é falar de negar o ócio – negotium - e, assim, negar outras relações com a vida, outros modos de estar no mundo, enfim, outras versões, outros lugares, outras culturas, outros povos, outros grupos/classes sociais. Enfim, junto com a expansão dos negócios e dos negociantes, colonização. 

Assim, em 1492 o mundo começa a se desorientar. Isso mesmo, a desorientar-se. Afinal, até ali todos os caminhos se dirigiam ao Oriente até que os turcos em 1453 tomaram Istambul, ou melhor, Constantinopla. E essa desorientação leva às Índias Ocidentais (ou Acidentais?) que encobrindo seus habitantes originários passará a ser denominada com múltiplos nomes (Nova Granada, Nova Inglaterra, Nova-Algum-Lugar-Europeu) até que o nome América se consagre, sobretudo com as independências onde os filhos dos colonos brancos nascidos nesse outro continente vão afirmar o nome América. Sim, até 1776 com o primeiro abalo na geopolítica colonial com a independência dos Estados Unidos, o nome América não circulava em uso público.

Entendamos a desorientação: até 1453/1492 a Europa estava marginalizada dos principais circuitos comerciais que iam buscar os negócios da China, o Oriente. Desde então, a Europa se colocará como centro nomeando o outro continente que então passara a conhecer como Índias Ocidentais e só a partir de então a Europa ganhará centralidade política e econômica. E como o poder não se sustenta somente na economia, impôs seu sistema de saber como parte do sistema de poder. Epistemicídio. Assim, passaremos a ver o mundo com a ideia eurocêntrica

de conhecimento universal. O que se visa aqui com essas primeiras palavras é um diálogo de saberes que supere a colonialidade do saber e do poder (Quijano, 2005 [2000]). 

O que se critica aqui não é a ideia de pensamento universal, mas, sim, a ideia de que há Um e somente Um pensamento universal, aquele produzido a partir de uma província específica do mundo, a Europa e, sobretudo, a partir da segunda metade do século XVIII, aquele conhecimento produzido a partir de uma subprovíncia específica da Europa, a Europa de fala inglesa, francesa e alemã, enfim, a Europa da segunda moderno-colonialidade, que teima em olvidar o conhecimento produzido na primeira moderno-colonialidade, aquela de fala espanhola ou portuguesa (Porto-Gonçalves, 2002: 217). 

Com essa desprovincianização da Europa da ideia de pensamento universal o que visamos é o deslocamento do lugar de enunciação e, assim, proporcionar que outros mundos de vida ganhem o mundo, mundializando o mundo. Insistimos que não se trata de negar o pensamento europeu, o que seria repeti-lo com sinal invertido, mas sim dialogar com ele sabendo que é europeu e, portanto, um lugar de enunciação específico, ainda que sabendo (1) que essa especificidade não é igual a outros lugares de enunciação pelo lugar que ocupa na contraditória estrutura do sistema mundo moderno-colonial, (2) nem tampouco que esse lugar de enunciação europeu seja homogêneo e não abrigue perspectivas contraditórias, sejam de afirmação da ordem, sejam de perspectivas emancipatórias. Enfim, o lugar de enunciação não é uma metáfora que possa ignorar a materialidade dos lugares, enfim, a geograficidade do social e do político (Porto-Gonçalves, 2003). 

Assim, falar de transversalidade é convidar a que se desprovincianize a razão. Com a prática do negócio muitos foram considerados ociosos, preguiçosos e indolentes, movidos por um tempo lento, afinal entrávamos no tempo dos negociantes: time is Money. A cartografia passou a medir o espaço pelo tempo em segundo e minutos de latitude e longitude com uma nova projeção, a de Mercator1, que viria facilitar em muito a vida dos mercadores. Assim, os povos e regiões não-europeias do mundo passaram a ser alinhados numa linha do tempo que lhes era estranha, imposta. Enfim, para promover necessária desprovincianização e o reconhecimento de outros lugares de enunciação é preciso trazer o espaço para dentro da história e deixá-lo falar. A visão unilinear do tempo silencia outras temporalidades/outras territorialidades que conformam o mundo simultaneamente. Sucessão e simultaneidade, sucessões simultâneas, eis o espaço-tempo. O mundo não tem um relógio único. Nesse sentido, é preciso abandonar essa

 1 A projeção de Mercator foi criada em 1569 por Gerhard Kremer (1512-1594), nascido nos Países Baixos.

visão linear do tempo e que não é só um tempo abstrato, mas um tempo europeu, branco, burguês e fálico da segunda moderno-colonialidade (Dussel, 2005 [2000]), e se abrir para as múltiplas temporalidades que conformam os lugares, as regiões, os países, enfim, os territórios que as conformam. 

Assim, a cartografia da Terra foi grafada pelo Papa, em 1493, com um meridiano, o de Tordesilhas e, desde o século XIX, a Ciência laica se encarregaria de remarcar um novo ponto zero de onde passa a recartografar o mundo, agora a partir do meridiano de um subúrbio de Londres, Greenwich. Marca-se o globo como se marca o gado para lembrar que tem dono! 

Embora a segunda moderno-colonialidade, aquela do Iluminismo, procure ignorar a verdadeira revolução no conhecimento da primeira moderno-colonialidade, é preciso assinalar que a missão ibérica, ao mesmo tempo em que estava consagrada pelo Deus cristão, se ancorava na melhor ciência matemática, cartográfica, náutica em suas grandes navegações. “Navegar é preciso, viver não é preciso”2 (Fernando Pessoa), enfim, navegar é coisa do campo da técnica, da precisão, e os portugueses foram grandes navegadores, sobretudo. Não é incompatível a missão salvacionista e evangelizadora com um saber rigoroso, técnico como, mais tarde, na segunda moderno-colonialidade, se tentará fazer crer. A primeira máquina verdadeiramente moderna, o relógio, surgiu nos monastérios da Idade Média exatamente para controlar o tempo das orações de modo objetivo (Mumford, 1942 e Porto-Gonçalves, 1989). Na verdade, a ciência da segunda moderno-colonialidade está impregnada de um sentido religioso de emancipação. Não nos cansamos de ouvir, ainda hoje, que a ciência opera milagres. 

A América experimentará essa razão moderno-colonizadora de um modo muito próprio. As primeiras cidades verdadeiramente planejadas racionalmente no mundo moderno-colonial surgiram na América, onde o espaço da plaza foi concebido sob o signo do controle, da dominação. Já, ali, haviam desplazados. As primeiras manufaturas moderno-colonizadoras se montaram em Cuba, no Haiti, no Brasil haja vista o açúcar não ser exportado para a Europa in natura, mas, sim, manufaturado. A própria monocultura, enquanto técnica, inicialmente para o cultivo da cana, era uma imposição, haja vista a impossibilidade material de um povo ou uma comunidade qualquer se reproduzir fazendo monocultura para si próprio. Assim, a monocultura não é só a cultura de um só produto, mas também a cultura para um só lado. Por isso a energia da chibata para mover o sistema. Afinal, ninguém faz monocultura espontaneamente até que

 2 Viver não tem precisão técnica, continua o poeta Fernando Pessoa: “Navegar é preciso. Viver não é ´preciso”.

tenhamos subjetivado as relações sociais e de poder assimétricas e contraditórias (a mão invisível do mercado foi precedida de outra mão bem visível que brandia a chibata). 

Desde o final da segunda guerra mundial que a centralidade do pensamento europeu vem perdendo terreno junto com a descolonização da África e da Ásia e o surgimento de dezenas de novos estados nacionais num contexto marcado pela guerra fria, mas é a partir dos quentes anos sessenta que o direito à diferença ganha maior visibilidade. 

O questionamento das fronteiras que hoje se vê é, assim, o melhor indício de que as relações sociais e de poder estão sendo desnaturalizadas. O questionamento da conformação geográfica de poder do estado territorial vem sendo feito por cima e por baixo no período atual de crise do sistema mundo moderno-colonial. Nesse sentido, múltiplos grupos/classes sociais passam a falar a partir de diferentes lugares/regiões trazendo seus mundos de vida, numa polifonia desnorteadora que indica o caos sistêmico que vivemos. Desnorteadora tal como em 1492 foi desorientadora? Não sabemos no sentido do saber/episteme, mas experimentamos/sabemos com o corpo: sabor e saber, savoir e saveur, sapore e sapere. 

Sublinhemos o significado do fato de vermos, hoje, outros protagonistas emergindo à cena política, como os camponeses, os povos/etnias/nacionalidades indígenas e quilombolas. Não estamos aqui diante de um conceito qualquer: protagonista deriva do grego protos, primeiro, principal e agonistes, lutador, competidor (Cunha, 1992: 641). Estamos, assim, diante daquele que luta para ser o primeiro, o principal num sentido muito preciso daquele que luta para ser o princípio, que é de onde vem príncipe, isto é, aquele que principia a ação.3 Numa sociedade democrática o príncipe deixa de ser escrito com letra maiúscula, como o fez Maquiavel, pois é quando a igualdade se inscreve como condição de cada quem poder tomar a iniciativa, o que pressupõe a conversa, isto é, o diálogo, a versão diferente que, só tem sentido verdadeiro, insisto, na igualdade. Como afirmara Hanna Arendt (Arendt, 1987), a iniciativa da ação é o cerne da política. 

A globalização que muitos acreditavam socioculturalmente homogeneizadora se mostrará, ao contrário, “não só não provoca a uniformidade cultural esperada ou anunciada e, mais ainda, complica o fato cultural e em seu seio se registra um forte renascimento das identidades, acompanhado de lutas reivindicatórias em crescimento” (Diaz-Polanco, 2006: 16). E, mais que multiculturalismo, como certa narrativa pós-moderna quer sugerir, é a interculturalidade que vem sendo sugerida “desde abajo” quando os grupos/classes sociais em situação de

 3 Machiavel soube vê-lo. Daí O Príncipe.

subalternização reivindicam a ruptura das relações de dominação/exploração que acompanham o sistema mundo capitalista moderno-colonial e que impedem o verdadeiro diálogo entre as culturas/os povos (Walsh, 2002). Até porque a cultura não é algo abstrato, mas implica o comer (agri+cultura), o habitar, respirar, o curar-se (as medicinas), enfim, o espaço concreto (com significado4) da vida. 

Bibliografia 

Diaz-Polanco, Hector (2004). El Canon Snorri. México, D.F, Ed. UACM.  _________________, (2006). Elogio de la diversidad: Globalización, multiculturalismo y etnofagía. Ed. Siglo XXI. México, D.F. Dussel, Enrique (2005 [2000]) Europa, modernidade e eurocentrismo. In Lander, Edgardo A Colonialidade do Saber: eurocentrismo e ciências sociais – perspectivas latino-americanas. Buenos Aires, Clacso.  Haesbaert, Rogério (2005). O Mito da des-territorialização. Bertrand, Rio de Janeiro.  Harvey, David (1989). A Condição Pós-moderna, Rio de Janeiro, Loyola.  Lander, Edgardo (2005 [2000]). A Colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Ed. Clacso, São Paulo.  Mariátegui, José Carlos (1975). As correntes de hoje: o indigenismo - sete ensaios de interpretação da realidade peruana. São Paulo: Alfa Omega.  Mignolo, Walter (2004). Histórias Locais/Projetos Globais. Belo Horizonte, Ed. UFMG.  Mumford, Lewis (1942). Técnica e Civilização. Barcelona, Editorial Ayuso.  Nietzsche, Friedrich (2000). Humano, Demasiado Humano. São Paulo, Companhia das Letras.  Porto-Gonçalves, Carlos Walter (2001). Geo-grafías: movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad. Ed. Siglo XXI, México, D.F. _______________, (2002) Da Geografia às geografias: um mundo em busca de novas territorialidades. In Ceceña, A.E. e Sader, E.La Guerra Infinita: hegemonía y terror Mundial. Buenos Aires. Ed. Claso. ______________, (2003) A Geograficidade do Social. In Seoane, José (org) Movimientos sociales y conflicto en América Latina. Buenos Aires, Clacso.  ______________, (2006) A Reinvenção dos Territórios: a experiência latino-americana e caribenha. In Ceceña, Ana Esther (Org.) Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado. Buenos Aires, Ed. CLACSO.  Quijano, Anibal (2005) Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina. In: Lander, Edgardo (Org.) A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latinoamericanas. São Paulo/Buenos Aires. Ed. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Scott, James (2004 [1990]). Los Dominados e la Arte de la Resistencia. Ed. Era, México. Seoane, José (org) (2003). Movimientos sociales y conflicto en América Latina. Buenos Aires, Clacso. 

 4 Não há apropriação material de algo sem sentido. Toda apropriação material é simbólica. O território é onde a cultura se materializa e, ao mesmo tempo, onde a natureza é significada (territorialidade). Como o signo nunca pode conter seu referente “objetivo” é sempre possível dizer de outro modo o mundo. A palavra pedra nunca será sólida, assim como a palavra água nunca matará a sede de ninguém. Todavia, os homens e as mulheres só vivem através dos símbolos, dos signos, das representações que nunca poderão conter o mundo que representam, simbolizam, significam. Nenhum livro, seja sagrado ou científico terá o contexto no texto, razão de tantos dogmatismos. Como diria Pierre Bourdieu, é da natureza da realidade social a luta permanente para dizer o que é a realidade social.

Sousa Santos, Boaventura 2006 A Gramática do Tempo – para uma nova cultura política. São Paulo, Ed. Cortez.  Walsh, Catherine (2002). Las geopolíticas de conocimientos y colonialidad del poder. Entrevista a Walter Mignolo. In Walsh, C; Schiwy, F. y Castro-Gómez, S. 2002 Indisciplinar las ciencias sociales. Geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder. Perspectivas desde lo Andino, Quito; UASB/Abya Yala.

* Doctorando en Geografía, Programa de Post-graduación en Geografía, Universidad Federal Fluminense (Brasil). Investigador del “Laboratório de Estudos de Movimentos Sociais e Territorialidades” (LEMTO-UFF). Miembro del movimiento de defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente (MODATIMA, Chile). Con experiencia de investigación en las temáticas de conflictos territoriales y reapropiaciones del agua en América Latina.

Francisco Hidalgo[1]

¿Desde dónde analizar los resultados de las elecciones seccionales del 24 de marzo en el Ecuador?, mirarlos como una serie de acontecimientos con una lógica provincial o, pese a su ámbito seccional, desde una óptica desde las tendencias nacionales. Optamos en este artículo iniciar por lo segundo, y en un siguiente análisis abordaremos lo local.

El ámbito más general es aquel del cierre del ciclo de los regímenes progresistas y la afirmación de un nuevo ciclo neoliberal, en un nivel más específico del proceso ecuatoriano se plantea respecto de la afirmación o no del régimen político del presidente Lenin Moreno, cuyo signo fundamental es el retorno neoliberal y una reestructuración institucional. 

En segundo lugar, señalar que en la evolución política 2017 – 2019 el eje de poder tiene sus pilares, por un lado, en la consolidación de una alianza entre el “morenismo” y el partido social – cristiano; y por otro lado, en un rol de subordinación a la égida de Washington cuyo aspecto sustancial es la profundización del extractivismo como la vía para resolver la crisis económica. 

Esto se ha evidenciado en los cambios en roles claves del gabinete ministerial, incluido el cambio en la vicepresidencia de la república, en las articulaciones dentro del poder legislativo y judicial. En el plano internacional lo más evidente es la entrega de Assange a la policía británica, en la víspera de un nuevo viaje de Moreno a Washington.

Por lo tanto, cabe mirar que aconteció en estas elecciones de mitad de periodo con los partidos de gobierno: Partido Social Cristiano y Alianza País.

Antes dejemos colocado el antecedente de que, en la consulta popular de febrero del 2018, el Morenismo logró un importante aval político, con un resultado a favor del 65% de la votación para eliminar la reelección indefinida y la reestructuración del consejo de participación ciudadana. 

La principal voluntad del retorno neoliberal ha girado alrededor del Partido Socialcristiano: ¿qué sucedió con ellos el 24 de marzo pasado?

Los socialcristianos pretendían alzarse luego de este proceso electoral como la clara opción de renovación y a la figura de Nebot como el líder indiscutido hacia una futura presidencia. Pero aquello no pasó. Veamos los datos:

Gana en el 25% de los cantones en los cuales participa. Ahora los números totales en votos y porcentajes. La fuente es: Consejo Nacional Electoral; la elaboración corresponde a: “Thevozz.com: data + politics”

La segunda carta del retorno neoliberal, en un rol subordinado, corresponde a Alianza País, cuyo director nacional es el presidente Lenin Moreno, quién extrañamente resolvió no hacer campaña publica por su partido y candidatos. Recordemos que Moreno ganó las elecciones de abril 2017 bajo la bandera de este movimiento y luego pugnó ferozmente con Correa por controlar el aparato partidario, lo que logró en diciembre de 2017.

Veamos qué pasó con Alianza País en las elecciones:

Gana en el 15% de los cantones en los cuales participa. Ahora los números totales en votos y porcentajes

Según el análisis, en el marco de los datos señalados, los partidos que lideran el retorno neoliberal, y que hoy controlan el aparato estatal, alcanzan el 28,5% del total de los votos de las elecciones seccionales del 24 de marzo.

Esto claramente indica que no son la fuerza mayoritaria del país, añadamos que la precandidatura de Jaime Nebot queda bastante mellada, luego de estas elecciones, pues en las principales ciudades del país, fuera de su bastión Guayaquil, su partido alcanza niveles mediocres, para alcaldes: en Quito el 3,5%; en Manta el 6,8%; en Cuenca no participa

Para finalizar, un acontecimiento político que se dio junto a las elecciones seccionales, pero que los grandes medios de comunicación lo relegan, aunque es fundamental, respecto del rechazo a la estrategia fundamental del extractivismo.

Se trata de que en el cantón Girón de la provincia de El Azuay, se llevó una consulta popular respecto de un caso concreto de minería, a la pregunta: ¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Kimsacocha (Quimsacocha)? el 86,8% de electores dijo No^[2].

En conclusión, los resultados de las elecciones seccionales de marzo del 2019, a mitad de periodo del gobierno de Moreno, nos muestran que la vía del retorno neoliberal no tiene un apoyo masivo del electorado, los principales partidos que impulsan este retorno, juntos no alcanzan el 30% de la votación.

Han perdido casi la mitad del respaldo que tenían en febrero del año pasado: su devenir está muy agrietado.

Y la principal estrategia de este retorno, la vía del extractivismo también queda fuertemente golpeada, y se genera un antecedente político importante: recurrir al mecanismo democrático de la consulta popular en las zonas afectadas por la minería a gran escala.

[1] Magíster en Educación sobre Historia del Ecuador (Universidad Central del Ecuador - 2002).

[2] Ver: www.eluniverso.com/noticias/2019/03/26/nota/7253636/consulta-popular-giron-gana-no-mineria

Magali Vienca Copa Pabón^[1]

El Estado Plurinacional boliviano tiene su razón de ser en los Pueblos y Naciones Indígenas. El artículo segundo de nuestra Constitución, promulgada hace más de una década, nos señala que la libre determinación de los pueblos indígenas es un derecho pre-constituido. Mucho antes de que lo establezcan las leyes, los pueblos y naciones, dada su condición pre-colonial y el dominio ancestral sobre sus territorios, ejercitaron su derecho a la autonomía exigiendo el respeto de sus territorios desde tiempos coloniales. La condición plurinacional de nuestro Estado, más allá del discurso político y la instrumentalización simbólica, se fundamenta en la existencia, persistencia y respeto a los derechos indígenas.

Esta condición de plurinacionalidad es la que está en juego con la marcha de las naciones indígenas inaugurada por la Nación Qhara Qhara el seis de febrero de 2019 en la ciudad de Sucre, a la que se unieron una diversidad de luchas de otros pueblos y naciones indígenas, convergiendo en una agenda común contra las medidas legales, políticas y acciones contrarias a los derechos indígenas por parte del gobierno.

Tras un mes de caminata, a pesar de las  condiciones climáticas y el insuficiente apoyo de la población, medios de comunicación e instituciones de derechos humanos como el Defensor del Pueblo, vemos una marcha fortalecida por la presencia de cientos de originarios de las naciones Soras, Lupacas, Jacha Suyu Pakajaqi, Qerwa-Zongo, el Pueblo Uchupiamoma, la Sub Central de Comunidades de Tariquia, el Territorio Indígena Multiétnico (TIM) y la CPEM-B, de tierras altas y bajas de nuestro país.

Estos pueblos, por medio de diferentes pronunciamientos, cabildos y propuestas se articulan y constituyen una sola voz de respuesta tras diez años de silencio de las organizaciones sociales afines al gobierno. Los temas de esta nueva agenda de lucha son cruciales pues hacen al modelo plurinacional concebido en la Asamblea Constituyente, entre ellas: la restitución territorial ancestral, las autonomías indígenas con autodeterminación y el ejercicio pleno de la justicia indígena. 

Una nueva agenda por una lucha histórica: Marka Quila Quila

Existen registros históricos de la larga lucha por la restitución territorial de la marka Quila Quila de la Nación Qhara Qhara a lo largo de los periodos colonial y republicano^[2]. Sus líderes señalan que desde tiempos coloniales han defendido su territorio, en especial de las medidas estatales de despojo y desintegración del mismo. Llevaron más de una década de lucha legal desde que presentaron ante el INRA, el 16 de octubre de 2006, su pedido de conversión de sus tierras colectivas tituladas en lo proindiviso en la reforma agraria de 1952 a Tierras Comunitaria de Origen (TCO), hoy llamada Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC)^[3].

Lamentablemente, a pesar del avance constitucional de 2009, la Marka Quila Quila enfrentó muchos obstáculos jurídicos y políticos  que fueron subalternizando los derechos indígenas a los derechos individuales, bajo la figura de “terceros”. La situación empeoró con una acción de desconocimiento por parte del INRA Nacional a la Marka Quila Quila como pueblo indígena, exigiéndoles que presenten personería jurídica para dar continuidad al proceso de saneamiento (2014) a sabiendas que este requisito paralizaría su pedido por años. En efecto,  mediante diversas acciones constitucionales, la Marka Quila Quila logró que el Tribunal Constitucional  (SSCCPP 0242/2014 y la SCP 006/2016) declare inconstitucional el requisito de “personalidad Jurídica” el año 2016. No obstante, a pesar de esta victoria legal el INRA nacional declaró la nulidad de todo el proceso de saneamiento el cual ya se encontraba en proyecto de resolución final de saneamiento como TIOC, dejando en foja cero todo el proceso.

A pesar de las acciones legales de la marka Quila Quila contra esta resolución de nulidad no se logró respuestas favorables, por lo que tras una década de lucha jurídica inician la marcha indígena que hoy reúne no solo a los miembros de esta nación sino de otros pueblos que sufren similares situaciones ante el INRA.

En la actualidad la Marka Quila Quila tiene veinticuatro comunarios procesados por el INRA, más de seis heridos (resultado de conflictos entre Ayllus y Sindicatos), y enfrenta las acciones  del gobierno. Personeros del INRA con ayuda de la fuerza pública ingresaron a su territorio el 27 de febrero de 2019 para acelerar el proceso de saneamiento (Pagina Siete 28 de febrero de 2019) favoreciendo la modalidad individual en aquellos polígonos que fueron anteriormente tramitados como TCO, promoviendo el despojo y fraccionamiento de los ayllus originarios de la Marka Quila Quila.  El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en una nota publicada en su página el 14 de marzo dio por concluida la primera etapa de saneamiento señalando que “ingresaron 15 brigadas de campo, durante 13 días, escoltados por efectivos policiales para resguardar su seguridad, donde se llevó adelante la medición de 688 parcelas”^[4] informando además que sólo queda pendiente la etapa de gabinete y posterior titulación. Esta acción es ilegal y contraria a los derechos indígenas por cuando no fue concertado con los ayllus afectados que se encentraban en la marcha indígena.

Otras respuestas del gobierno a las demandas de los marchistas fueron las del propio presidente Evo Morales quien declaró que los Ayllus por ser minorías deben someterse a las mayorías (Fides 22/02/2019), por su parte el ministro de Desarrollo Rural Cesar Cocarico – quien en noviembre de 2018 fue denunciado por encubrimiento a su hermano implicado en un proceso de tráfico de tierras y estafa agravada por cobros múltiples a víctimas de una comunidad menonita a quien habría ofrecido sanear “tierras ilegales” y fiscales el 2016 (La Razón 06/11/2018)- minimizó la marcha señalando que solo son unos cuantos originarios quienes se oponen al saneamiento.

No se puede alegar que las autoridades desconocen los derechos indígenas. Lo que vemos es que al interior de una cara “indígena” del gobierno se reproducen lo mismos defectos del Estado colonial en su políticas de desaparición del Ayllu. La lógica del ayllu se diluye en el despojo, la mercantilización de la tierra y la fragmentación, donde lo individual y lo colectivo son compartimientos estancos de intereses políticos y económicos que buscan desaparecer a las naciones originarias que sustentan el modelo plurinacional, las que paradójicamente son desconocidas por el propio estado como “ no indígenas”. El Estado define a “sus indígenas” y así intercambia favores y desconoce derechos. Como señaló Samuel Flores de la nación Qhara Qhara: “los derechos no se negocian, la historia está claro, la historia nos ha dicho que somos originarios, somos indígenas, somos legítimos de esta parte de la madre tierra, la pachamama, y no somos forasteros, por lo cual tienen que luchar sin claudicar, sin venderse”^[5].

Una marcha por los derechos indígenas, pero sin las organizaciones sociales

Frente a los retrocesos de los temas indígenas que el gobierno en complicidad con las organizaciones sociales viene consolidando, vemos en la marcha indígena una profunda necesidad de independencia para luchar y enfrentar al gobierno. En tiempos donde las organizaciones indígenas atraviesan su peor crisis organizativa esta marcha devela una posibilidad de articulación desde las naciones originarias que denuncian los límites y las brechas que el gobierno pone a sus derechos.

 En diez años de vigencia de la CPE, existen apenas tres autonomías indígenas, dos por vía municipal (Charagua y Uru Chiapaya) de los más de 212 municipios rurales y uno por vía Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC)  de los más de 300 TIOC que existen^[6]. Varios estudios demuestran que los efectos de una vasta lista de requisitos y procedimientos burocráticos hacen inalcanzable la autonomía indígena para los pueblos indígenas^[7]. Entre ellos, la exigencia de un segundo referéndum para la aprobación del Estatuto Autonómico Indígena en la que se privilegia las reglas de la democracia liberal para la aprobación de su norma estatutaria en vez de las “normas y procedimientos propios”, tal cual lo ordenan los tratados y convenios internacionales^[8].

Frente a esta situación en la marcha se exige la derogación de los artículos de la Ley Marco de Autonomías que son contrarias a las autonomías indígenas promoviendo un anteproyecto de ley de modificación de estos artículos. De igual forma con la Ley de Deslinde Jurisdiccional que le quita valor y ejercicio a la Justicia indígena. Acontece que cuando una autoridad indígena solicita la competencia de un caso, para lograrlo, debe enfrentarse a muchas formalidades jurídicas contrarias a su sistema jurídico, lo que se traduce en años de lucha legal, la mayoría de las veces, sin resultados. Por lo que, en los hechos, la justicia indígena se encuentra subordinada al sistema jurídico estatal y sin recursos para administrar la justicia.

¿Qué significa la marcha de los Qhara Qhara en el contexto actual?

Las demandas de esta marcha son resultado de un modelo de indigenismo Estatal en desgaste. Tras una década de promesas y discursos del gobierno que minimiza al indígena a algunos reducidos espacios como la autonomía, la justicia, las TIOCs, los que además resultan inaccesibles a los propios peticionarios, muestra un deterioro profundo del tema indígena en  las políticas estatales “plurinacionales”. Las promesas constituyentes son arrebatas y canceladas por el propio gobierno indígena.

Por ello, la marcha indígena retoma el camino de la lucha y la protesta por la recuperación de sus agenda propias, alejada del Estado, pero exigiéndole al mismo tiempo el cumplimiento de la Constitución y el bloque de constitucionalidad en materia de derechos indígenas. Recuperar su agenda es recuperar la dignidad.

Debemos reconocer que la marcha indígena se da en un contexto de crisis de independencia política y social de las naciones indígenas. Estamos en tiempos donde lo plurinacional significa la desvinculación, división y cooptación de las naciones indígenas. Donde la egida es que el indígena es objeto de simpatía o rechazo según el color político desde donde se le mire. Por ello es importante pasar hacia una la lucha independiente que enfrente al gobierno esté o no con poncho. Que encima de intereses políticos electorales se elija el camino de los verdaderos proyectos indios.

[1] Abogada y maestra en Derechos Humanos.

[2]Sobre las luchas de la nación Qhara Qhara: http://youtu.be/ht-bvoawOx0

[3] Referencias dadas por Samuel Flores, ex curaca de la Nación Qhara Qhara.

[4] Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, noticias, en: http://www.inra.gob.bo/InraPb/paginaController;jsessionid=3667F51F0397732B93086EDE26018F77?cmd=noticia&id=68779.

[5] Entrevista Samuel Flores realizado por el IPDRS, en: https://youtu.be/ht-bvoawOx0

[6]  https://youtu.be/2–FFt6iNTwk

[7] VILLAGOMEZ, Freddy, Estado de situación de la implementación de las autonomías indígenas en Bolivia. La Paz, IPRS, 2018; COPA, KEENEMORE y LOPEZ, Desafíos y potencialidades de la autonomía y la gestión territorial indígena en el marco de los procesos de desarrollo, La Paz, Unitas, 2018.

[8] El Convenio 169 de la OIT (Art2) y  la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas  (Art. 4).

El año 2018 Bolivia ha iniciado por primera vez en su historia, la producción de dos fertilizantes químicos importantes para la agricultura: la urea producida en la planta de Bulo Bulo (Chapare-Cochabamba) y el muriato de potasa (cloruro de potasio) en base a los yacimientos evaporíticos del salar de Uyuni. Estos fertilizantes proporcionaran dos macronutrientes indispensables para el crecimiento y desarrollo de las plantas: nitrógeno y potasio respectivamente.  

La urea es un fertilizante nitrogenado, producido en este caso a partir de una síntesis química del gas.  Gracias a la planta del Chapare, Bolivia dejara de importar cerca de 27.000 T, cantidad que equivale a la demanda interna de los últimos años, mientras que la demanda interna del fertilizante potásico en el país no excede las 3.000 T.

La producción local de estos dos fertilizantes, incidirá en primer lugar en la disminución sustancial del costo en el mercado interno (los costos en Bolivia son superiores a los de los países vecinos, debido a los  costos de transporte, impuestos y otros) y segundo que al convertirse Bolivia en  un país productor, estos abonos estarán a disposición de los productores lo que permitirá su masificación en el agro boliviano y también su exportación, lo que generara ingresos interesantes para el país.

Según la Encuesta Regional de la FAO-Bolivia, 1997, en las décadas del 80 y 90, los fertilizantes químicos como el fosfato di amónico, la urea y otros abonos compuestos, generalmente fueron utilizados en Bolivia en pequeña escala en comparación a países vecinos. Estos abonos provenían principalmente de las donaciones otorgadas por algunos países (Japón y Holanda) y por importaciones realizadas por algunas empresas y el propio gobierno. Los cultivos que recibían mayores dosis de estos abonos eran principalmente la papa, maíz para choclo y hortalizas. En la actualidad se ha incrementado sustancialmente el uso de la urea en otros cultivos como arroz,    girasol, trigo, caña de azúcar, coca y otros. Este mayor uso, está orientado principalmente a  mejorar los rendimientos de los cultivos, debido a que el nitrógeno se encuentra en nuestros suelos en forma deficitaria, ya sea  por la baja fertilidad natural de este recurso  (Altiplano,  Bloque Oriental,  Chaco y otras regiones)  o por la sobre explotación y deterioro que vienen sufriendo las tierras  de cultivo desde hace décadas.

 El nitrógeno en el suelo, se encuentra principalmente ligado a la materia orgánica, es fundamental para el desarrollo de las plantas y forma parte de cada célula. Participa en la síntesis de la clorofila y por lo tanto está involucrado en los procesos de la fotosíntesis. Es componente de los aminoácidos, proteínas, vitaminas y otros compuestos. La deficiencia de N en plantas incide en su crecimiento, las hojas son pequeñas y de color amarillo (clorosis), tallos débiles y por consiguiente una baja producción de biomasa y rendimientos.

El potasio es otro macronutriente importante para el crecimiento y desarrollo de los cultivos en razón de que ayuda a cumplir varias funciones, activa más de 60 enzimas. Juega un papel vital en la síntesis de carbohidratos y de proteínas, mejora el régimen hídrico de la planta y aumenta su tolerancia a la sequía, heladas y salinidad. Las plantas bien provistas con K sufren menos enfermedades y por lo tanto permite garantizar de alguna manera la producción agrícola.

Según algunos personeros de gobierno y de las nuevas empresas, la producción de estos dos fertilizantes y la masificación de su uso en el agro, podrían ayudar a mejorar los rendimientos de los cultivos por unidad de superficie y así avanzar hacia la soberanía alimentaria. Sin embargo, es necesario recalcar y tomar muy en cuenta lo siguiente:

El crecimiento y desarrollo de los cultivos no solo, depende de estos dos macronutrientes (nitrógeno y potasio), sino también requiere de otros como el fósforo, calcio, magnesio y azufre que también provienen del suelo o de los fertilizantes aplicados. La vegetación para su crecimiento, requiere también de carbono, oxigeno e hidrogeno (que los toman del aire y agua).

Las plantas demandan además, para su desarrollo, algunos micronutrientes en cantidades mínimas (boro, zinc, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y otros) que también proceden del suelo o caso necesario de su aplicación.

Otros factores importantes para que las plantas crezcan adecuadamente son el clima (luz solar, temperatura, humedad), sobre los que el hombre tiene una menor incidencia. También es necesario considerar las características del suelo, su manejo y otros como las características del cultivo.

En ese sentido, es importante que para el uso eficiente y adecuado de estos dos fertilizantes por los agricultores del país y previo a su masificación, el gobierno nacional, a través de las instituciones involucradas, realice algunas acciones ya sea con carácter inicial, paralelo o de manera complementaria y continua a su difusión (como estudios de suelos, zonificación, investigación agrícola, capacitación y extensión de los usuarios, entre algunas). Todo esto, para evitar falsas expectativas, pérdidas económicas o gastos innecesarios especialmente a nivel de   los pequeños agricultores. Esta preocupación se debe, a que los mismos podrían recurrir para adquirir estos fertilizantes a sus escasos recursos económicos o a préstamos. Como  los  fenómenos del  cambio climático, se  presentan cada vez con mayor frecuencia e intensidad (heladas, granizadas, inundaciones, riadas  y otros),  hacen que la  agricultura sea cada vez más riesgosa  y en muchos casos el agricultor  puede sufrir la pérdida parcial o total  de su producción  aún  con la aplicación de fertilizantes químicos.

Por otro lado, si bien la urea es un abono químico ampliamente utilizado a nivel mundial a partir de los años 60,  para intensificar la agricultura, ya sea aplicándolo directamente al suelo, diluido en el agua de riego o como abono foliar, diferentes estudios y resultados de investigación, han comprobado  que su uso excesivo e inadecuado y sin considerar otros aspectos técnicos como la fertilidad del suelo, requerimiento de los cultivos, clima y otros, podrían incidir negativamente sobre la salud de las plantas, la calidad de los alimentos, el medio ambiente y  la propia salud  humana Entre las desventajas y efectos negativos que podría tener  la urea ( según Agro  Insumos  Nova Terra SA. y otros ) se puede mencionar:

La urea,  es un fertilizante   con una elevada concentración  de  Nitrógeno (46%),  por lo cual,  si se aplica sin otros nutrientes deficitarios como el  fosforo y otros, puede ocasionar algunos desequilibrios nutricionales en  la  fertilidad de  los suelos y  los cultivos.

El nitrógeno (N) de la urea no se encuentra inmediatamente disponible  para las plantas debido a que se encuentra en  forma  de (CH4N2),  este compuesto  puede  producir algunos  daños a los pelos adsorbentes de las raíces (poda química radicular) y  afectar la asimilación de los nutrientes por la planta y por consiguiente el  desarrollo de los cultivos.

El N de la urea, para reaccionar y descomponerse en el suelo a formas más asimilables, necesita de   una humedad adecuada y   de la participación de los microrganismos del suelo (como bacterias). Durante este proceso ocurren   las mayores pérdidas del N por volatilización (especialmente si la urea queda sobre la superficie del suelo). Según algunos estudios, por cada kilogramo de urea aplicado a un suelo normal, el cultivo solo asimila de 200 a 400 gramos, esto especialmente por falta de humedad y escasa actividad microbiana.

Otro de los problemas que se puede presentar con la aplicación de la urea en cantidades desmesuradas (especialmente en suelos salinos/alcalinos y cuando las temperaturas son elevadas), son  los procesos de desnitrificación (proceso químico-biológico en el que las  bacterias transforman el nitrógeno de la urea a óxidos nitrosos),  gases que inciden de manera global sobre el  efecto invernadero (incremento de la temperatura). Este gas es 300 veces más contaminante que el dióxido de carbono (CO₂) y también provoca el rompimiento de la capa de ozono. En el caso de producirse óxido nítrico los efectos son más locales y podrían favorecer la formación de lluvias ácidas. 

Debido a estos procesos, existe un aumento de los iones libres de hidrógeno (H +) en el suelo, lo que disminuye el pH del suelo. Por lo tanto en zonas con suelos ácidos del país (como San Buenaventura), el uso de urea para la caña de azúcar u otros cultivos, podría acidificar aún más los suelos y por consiguiente generar la necesidad de neutralizar este el exceso de acidez con ayuda del encalado.

Una impureza común que se puede presentar en la urea es el biuret (producto que se forma durante la fabricación de este abono a temperaturas mayores a 132^o C), compuesto que se va descomponiendo lentamente en el suelo y que puede ser tóxico para el suelo y las propias plantas.

En zonas donde las lluvias son intensas o en suelos donde se aplica el riego de manera inadecuada (inundación), el nitrógeno adicionado se puede perder por lixiviación (lavado). Este nitrógeno lavado y no utilizado por las plantas, puede terminar en las aguas subterráneas o en los ríos, lagos y lagunas artificiales, causando en estos últimos la eutrofización de las aguas, (incremento de   las concentraciones de nutrientes). Este fenómeno puede provocar la proliferación de algunas algas que no dejan pasar la luz, disminuyen los contenidos de oxígeno en el agua y por consiguiente incrementan la mortandad de la vida acuática como los peces.

Cuando el N se acumula en los acuíferos destinados a consumo humano puede afectar la salud humana (En caso de que las embarazadas ingieren cantidades altas de nitratos con las aguas, se puede elevar la mortalidad de los hijos por malformaciones que afectan al sistema nervioso central, al muscular o al óseo). Otro problema de los nitratos es que al ser reducidos a nitritos en el organismo humano, producen la transformación de la hemoglobina a metahemoglobina, lo que disminuye la capacidad de la sangre de transportar el oxígeno. También se ha podido comprobar que existe una correlación directa entre el consumo de alimentos o aguas con exceso de nitratos y los cánceres gástricos.  

Por otro lado, con el uso excesivo de urea, al igual que cualquier otra fuente de nitrógeno, cuando se encuentra en elevadas concentraciones en el suelo afecta o impide la germinación de las semillas. También puede incidir en la tasa de crecimiento, madurez (acelerada o retardada), dureza o debilidad de la cutícula lo que puede influir indirectamente en la incidencia de plagas y enfermedades. Algunos estudios reportan incrementos en el número de áfidos (pulgones)   y ácaros en respuesta al incremento de las tasas de fertilización nitrogenada.  

En el caso del potasio, uno de los problemas que se podría dar en caso del uso excesivo de cloruro de K, es el papel salinizante del cloro, especialmente en zonas secas y sin riego. Por otro lado, puede afectar a algunos cultivos sensibles como el tabaco, vid y la papa, que soportan mal el efecto del cloro o también incidir sobre la calidad de sus productos.

Trabajos de investigación realizados por el IBTA (en la década del 70-80), en sus estaciones experimentales del Occidente del país, sobre la respuesta de algunos cultivos (papa, cebada y otros) a diferentes niveles de aplicación de potasio,   han mostrado que no existen respuestas significativas (rendimientos) a estas aplicaciones. Esto puede estar muy relacionado con la geología y mineralogía de algunas regiones del país y los suelos formados a partir de estos materiales.  La presencia de la illita (arcilla mineralógica) en los suelos del país (Orsag y Blanco, 2000), al parecer ayuda a liberar paulatinamente el potasio retenido entre sus láminas, por lo tanto no habría necesidad del uso marcado de este tipo de fertilizantes en algunas zonas de Bolivia. Por otro lado, si bien el potasio es necesario en cantidades importantes para algunos cultivos agroindustriales como la caña de azúcar, según Vargas (2000), inclusive los suelos de San Buenaventura, presentan por el momento cantidades interesantes de potasio, que podrían satisfacer las necesidades de este cultivo.

De la misma manera, el proyecto FAO-Fertisuelos (1997) en Bolivia, dentro de algunas recomendaciones técnicas para incrementar los rendimientos de algunos cultivos, menciona la necesidad de incrementar   sustancialmente  la  fertilización química en Bolivia  con fertilizantes nitrogenados y fosfatados para cultivos como la  papa, arroz, trigo y maíz y otros  y no así  el uso de fertilizantes potásicos, lo que al parecer está muy relacionado con las características de los suelos del país y los niveles de este macronutriente.

Los sistemas de producción tradicional en el pasado, en algunas regiones del occidente de Bolivia se han basado en el uso de prácticas y saberes locales, estrechamente relacionados con el uso de abonos orgánicos (estiércol y otros), rotación de cultivos y manejo integral del espacio. Como los contenidos de nutrientes en la materia orgánica son bajos y requieren de cierto tiempo para que estos se encuentren de manera disponible para las plantas, es necesario aplicarla en mayores cantidades y de manera oportuna. También son muy importantes para ayudar a mantener las propiedades físicas y biológicas del suelo y por lo tanto su capacidad productiva.

En algunas regiones del mundo y bajo una agricultura intensiva y agroindustrial, existe una tendencia de utilizar cada vez más fertilizantes químicos, debido a que la concentración de nutrientes es mayor y por lo tanto su transporte y aplicación al suelo es más fácil ya que no se requiere de grandes cantidades. Sin embargo, también tienen sus desventajas como precios poco accesibles para los agricultores pobres. La alta concentración puede afectar la germinación de las semillas y a la actividad microbiana del suelo y en algunos casos incidir sobre la calidad de los alimentos debido a que algunos fertilizantes contienen elementos traza.

En ese sentido, a fin de que estos dos fertilizantes sean utilizados adecuadamente en el país,    evitando   pérdidas  innecesarias que repercuten sobre la economía campesina y no contribuyan a la contaminación del medio ambiente, es necesario, entre otras, tomar en cuenta algunas consideraciones:

• Primero: Conocer las características del suelo y la disponibilidad en la que se encuentran los diferentes macronutrientes y micronutrientes. Los resultados de los análisis de suelos permitirían determinar si en las tierras o parcelas en cuestión, los nutrientes se encuentran en cantidades suficientes o deficitarias y así poder aplicarlos en las cantidades (dosis) adecuadas y no fertilizar innecesariamente.
• Segundo: Conocer el cultivo a ser sembrado en razón de que si bien los cultivos requieren diferentes macronutrientes y micronutrientes, estos difieren de un cultivo a otro y aun las diferentes variedades de un cultivo, responden de manera diferente a los fertilizantes aplicados.
• Tercero: Conocer Las condiciones climáticas del lugar: Las altas precipitaciones de un sitio y con suelos permeables, pueden favorecer la pérdida (lavado) de los nutrientes aplicados al suelo. Estos aspectos deberían ayudar a definir en qué época y en qué forma conviene aplicar un determinado nutriente faltante (como catión o anión especialmente en el caso del nitrógeno ya que las cargas eléctricas (-) del suelo ayudan a retener el N incorporado en forma de catión.
• Considerando las incidencia que pueden tener las sobredosis del uso de algunos fertilizantes sobre el medio ambiente, salud y calidad de los cultivos  y  por otro lado pérdidas económicas innecesarias para el productor, la aplicación de fertilizantes químicos al suelo debería ir acompañada de una estrategia de investigación liderada por el INIAF, las Universidades y otras instituciones  de una manera integral, es decir considerando en primer lugar  conocimiento del  recurso suelo, las características de los cultivos , el manejo del suelo, el  manejo integral de plagas y enfermedades y otros. Todo esto de manera coordinada y continua para poder dar las recomendaciones adecuadas de su uso. Para esto es necesario que las instituciones involucradas cuenten con técnicos altamente capacitados y con cargos institucionalizados, laboratorios de suelos y plantas acreditados, soporte económico adecuado y otros. Este programa debería determinar en una primera instancia en las principales zonas de producción del país los niveles de los principales macronutrientes y otros y luego instalar parcelas de investigación para evaluar de manera participativa las respuestas de los cultivos a diferentes niveles de fertilización, épocas y formas de aplicación en diferentes tipos de suelos entre otros.
• Estos trabajos de investigación realizados de manera continua permitirían obtener respuestas sólidas para difundirlas y ayudar a capacitar y concientizar a los usuarios en lo referente al uso eficiente de los fertilizantes, manejo de suelos, y otros, con el fin de proporcionar el máximo beneficio a sus cultivos con un impacto mínimo sobre el medio ambiente y la salud de las plantas.

Para concluir, considerando que a nivel mundial existe una tendencia y mayor demanda por consumir alimentos inocuos y saludables, para lo cual es necesario eliminar o disminuir el uso de los fertilizantes de síntesis y otros agroquímicos (herbicidas, fungicidas, etc.), es necesario que el país siga apostando por una agricultura orgánica caso de la quinua real, café y otros cultivos que tienen una alta demanda en el mercado internacional. Por lo tanto es importante no descuidar el enfoque agroecológico para una producción sostenible. Madaula y cols. 1992 (utilizar rotaciones de cultivo  con variedades adaptadas, emplear técnicas agrícolas respetuosas  con el medio ambiente y con la conservación del suelo, evitar el uso de agroquímicos y otros). En ese sentido, se debe dar más énfasis a intensificar los ciclos biológicos del agrosistema con ayuda de la materia orgánica y el uso de biofertilizantes fijadores de nitrógeno, hongos Micorrizicos o Micorrizas que ayudan a la solubilización de nutrientes del suelo (fósforo y potasio), sin descuidar de que además existen productos orgánicos para el tratamiento de plagas de insectos y enfermedades.  

Referencias:

• AGRO INSUMOS NOVA TERRA SA, El Problema Ambiental del Uso de la Urea como Fertilizante 
• FAO-Bolivia.1997.Hacia una Estrategia de Fertilizantes. 1987 a 1997.Elaborado en base a la Encuesta Regional FAO. La Paz-Bolivia
• Madaula,F. (coord.).1992.Estudi sobre l` Agricultura ecológica  a Catalunya. Jornada de presentacio.D.G Promociò.i Desenvolupament. DARP. 20 pp. Barcelona   
• Orsag,V.; Blanco, M. 2000. Caracterización Físico-química de Algunos Suelos del Bloque Andino Oriental de Bolivia y Mineralogía de sus Arcillas. En Memorias del Primer Congreso Boliviano de la Ciencia del Suelo.28 - 31 de julio de 1999. La Paz, Bolivia.
• Vargas,R. 2000. Mapeo Digital del Suelo y su Evaluación con Fines de Producción y de Caña de Azúcar en los Municipios de Ixiamas y San Buenaventura. Conservación Internacional .La Paz-Bolivia.

COMPLEJAS CONJUNCIONES: CAMBIO CLIMÁTICO Y REPRIMARIZACIÓN DE LAS ECONOMÍAS

Karen Mercado Andia *

Hace pocos días, como salidas de algún filme, rondaban imágenes de Chicago con temperaturas extremas de bajo cero, recordándonos, pero esta vez de manera rotunda, los comentarios cotidianos de los cambios en el clima, entre ellos: el calor esta insoportable o este frío no lo habíamos sentido nunca, las lluvias se han retrasado y no podemos empezar la sembrar, la sequía es cada vez más larga… comentarios que estación tras estación se hacen más recurrentes.

Y sí, la ola de fríos extremos sentidos en Estados Unidos, a pesar de que Trump se niegue a entenderlos como parte del cambio climático, como sus propias instituciones gubernamentales -como el NOAA- indican, guarda relación con los efectos del calentamiento global. Pues, a decir de sus meteorólogos, la corriente fría atravesada es efecto del calentamiento repentino sobre el Polo Norte, originado por una ráfaga de aire caliente formada en Marruecos en diciembre de 2018.  (BBC. 29 de enero, 2019)

 Las olas de frío no son las únicas modificaciones en el clima, más al contrario, en América Latina, como en el resto del mundo, el incremento de temperaturas es una las principales manifestaciones del cambio climático. Al respecto, la Organización Meteorológica Mundial, en su publicación de avances preliminares sobre el Estado del clima en 2018, señala que el aumento promedio de los últimos cinco años 2014-2018 fue de 1,04 grados centígrados, respecto a la era preindustrial. De igual forma el informe Planeta Vivo 2018, indica que en los últimos 50 años la temperatura media global se ha incrementado 170 veces más rápido que el ritmo natural. Si bien este incremento de temperaturas -que afecta no sólo la producción, sino el ritmo y los tiempos de trabajo- no siempre es negativa, a menos eso es reportado en algunas regiones andinas como en el altiplano norte y centro boliviano, donde el aumento de temperaturas permitiría introducir producciones no habituales para climas fríos y de altura, para el resto de las geografías los cambios no suele representar ventajas, sino más bien desafíos.

Estos retos se presentan en tanto las variaciones climáticas si bien son parte de la dinámica y reflejo de la vida misma, actualmente son por demás intensas y aceleradas, pues responden al tiempo y lógica del capital, donde los ciclos de regeneración, reposición y adaptación biofísicos de la misma tierra se hacen más cortos y menos posibles. En tanto, el motor de estos, la actividad del homo economicus de racionalidad capitalista con modelos de desarrollo, patrones de consumo, generación-imposición de necesidades, y la renovada y continua acumulación de capital nutrida materialmente del despojo depredador de la naturaleza, además de no dar tregua, es intrínsecamente discordante con la temporalidad larga de los ciclos naturales.

Desde esta comprensión, el cambio climático no deja de ser un hecho social y la discusión de la crisis ambiental involucra también un posicionamiento geopolítico. Así, principalmente para la mayoría de los países de Sudamérica con una larga trayectoria histórica de ser exportadores o abastecedores de materias primas, hace que muchos proyectos extractivistas, junto a la agroindustria más centrada en los commodities, impliquen que la amenaza del cambio climático se acreciente, especialmente por la disminución de la biodiversidad, la sobreexplotación de especies, la re-conversión de los suelos, bajo la lógica y patrones del capitalismo y desarrollismo, que significa la destrucción de la naturaleza, el incremento de la vulnerabilidad de sectores económicos empobrecidos y la desposesión de territorios, principalmente a indígenas y campesinos de la región.

Ante esta situación,  los gobiernos sudamericanos  firmaron el acuerdo de Paris para enfrentar el cambio climático -salvo Ecuador y Nicaragua que consideraban que era poco ambicioso y deficiente en relación al apoyo a los países en desarrollo- y se comprometieron a considerar como prioritario -dentro de sus planificaciones- el tema de la mitigación y adaptación al cambio climático. A pesar de esto, los gobiernos regionales no siempre se ajustan con lo que enuncian, presentándose más bien acciones inconexas e incluso contradictorias, dentro de los modelos de desarrollo que implementan.

Tal el caso de Bolivia y Ecuador, gobiernos que si bien han reconocido en sus constituciones y normativas el derecho de la naturaleza o de la madre tierra,  más allá de reforzar discursivamente el planteamiento, muchas de estas iniciativas dentro de la política contemporánea se acercan más al espectáculo que al compromiso real de transformación y de cuidado del medio ambiente. Tornándose en derechos y discursos abstractos, cuando en lo concreto la apertura a proyectos extractivistas y agroindustriales que causan mayor deforestación y degradación forestal no han cesado en los territorios.

Con igual frecuencia estas contradicciones vienen aparejadas del atropello al derecho de la consulta previa, libre e informada, conquistada por los pueblos indígenas.

Si fijamos la atención en la Amazonía es fácil corroborar que los modelos de desarrollo implementados por los distintos niveles de gobiernos de los países que conforman esta región ecológica, no han cesado en la explotación insostenible de madera, implementación de proyectos  hidroeléctricos, ampliación de la frontera agrícola para el cultivo agroindustrial en especial de soya y palma africana y la ganadería intensiva.

En el caso de Colombia, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales se perdieron 219.973 hectáreas de bosque en 2017, la cifra más alta registrada en los últimos seis años. Para Perú, los datos del proyecto de monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP),  constató la pérdida de 142,425 hectáreas durante el 2017. (Mongobay, 2018). Brasil entre agosto de 2015 y julio de 2016, año en el que nuevamente se incrementa la deforestación, se perdió alrededor de 800 mil hectáreas, según estimaciones del Instituto Nacional de Investigaciones sobre el Espacio. Ecuador y Bolivia, no presentan mejores panoramas.

Evitado caer en posiciones fatalistas, el futuro de la Amazonía se pinta más gris que verde, entre las promesas de políticas de Bolsonaro anti ambientales en Brasil, el crecimiento del mercado chino para la soya, y el aumento de la demanda de agrocombustibles, donde Colombia, Perú y ahora Bolivia, con soya y aceite de palma como promesa, perfilan no dar paso atrás en la deforestación.

A esto, para terminar de quitar verdor a los días amazónicos, se suma la amenaza creciente de la explotación del oro para los territorios de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.  El reporte Amazonía saqueada, a través de un mapeo de los lugares identificados con minería ilegal, señala que existen alrededor de 2312 sitios con minería ilegal.  Venezuela, que enfrenta una profunda crisis económica y política, presenta más de la mitad de los puntos mapeados, le sigue Brasil con 321, Ecuador 68 y Perú con 24. En Colombia y Bolivia siendo la unidad de análisis los ríos, no presenta datos de puntos cuantificados, pero eso no los excluye de la fiebre por este y otros minerales.

En el caso de Bolivia, datos del Instituto Nacional de Estadística permiten ver las variaciones. Hasta 2005, el oro no superaba los 100 millones de dólares de exportación, ya para el 2014 alcanza un pico de  1.361 millones de dólares. Si bien los siguientes años hay una leve disminución, el 2018 las cooperativas auríferas exportaron  1.165 millones de dólares. El interés por la explotación de este mineral, se ratifica con las 1.562 solicitudes, en 2018,  para obtener permisos  de la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM) para operar en zonas auríferas tradicionales en La Paz, Beni y Pando. (www.paginasiete.bo/economia/2019/2/8/en-2018-hubo-1562-solicitudes-para-explotar-en-zonas-auriferas)

Así, revestida de oro, una nueva amenaza se suma  al asedio de la Amazonía, esta vez con dragas y barcas y esparciendo mercurio por ríos.  A la vez, las dimensiones de esta nueva amenaza son los reflejos de lo poco certero que están siendo los gobiernos y aún menos consecuente con los compromisos asumidos, no sólo con organismos internacionales, sino también con sus poblaciones.

Por suerte más allá de los gobiernos, hay pueblos, naciones y organizaciones, que no dejan de luchar, porque entienden que no solo nosotros dependemos de la naturaleza, lamentablemente ahora, también ella depende de nosotros, urge pues replantear el debate de los modelos de desarrollo, de las necesidades, de los patrones de consumo y de vida, de pensar ya no en clave del control de la naturaleza por el hombre, sino el control de la relación entre la naturaleza y la humanidad.

* Economista y maestra en sociología por la Universidad Autónoma de Puebla. Participó en varios procesos de investigación sobre violencia/mujeres, medio ambiente y (re)producción social, económica y política de entramados comunitarios. Actualmente es parte del equipo de planificación y proyectos del IPDRS.

DESPOJANDO PARA ALIMENTAR AL GIGANTE:
CHINA Y EL AGRONEGOCIO EN CHILE

Alexander Panez Pinto *

Este 5 de febrero se celebra el año nuevo chino, y los empresarios del agronegocio en Chile están entre quienes más conmemoran este evento. Festejan porque este año nuevo, gran parte de las cerezas que serán obsequiadas en esta fecha como símbolo de prosperidad y elegancia por las familias chinas de estrato medio y alto, provienen de Chile. Mientras estas familias chinas celebran, cientos de personas que viven en la comuna de Paine (región metropolitana), se confrontan con el indignante y triste escenario de la laguna de Aculeo que se encuentra agonizando. ¿Qué tiene que ver la laguna de Aculeo con el año nuevo chino? Sucede que la “fiebre” por mandar cerezas a China, ha llevado a que en lugares como Aculeo, el acaparamiento de agua y tierra para las plantaciones de cerezos crezca de manera descontrolada, siendo uno de los protagonistas en la disminución dramática del agua de la laguna.  

Y es que el crecimiento de la exportación de cerezas a China ha sido sin pausa, pasando de 149.330 toneladas en la temporada 2017-2018 a 163.619 toneladas de la temporada 2018-2019 (Revista del Campo de El Mercurio, 21/01/2019). Tanto es el afán por mejorar el envío de cerezas a China, que se han ideado nuevos mecanismos para poder reducir los tiempos de transporte. Muestra de ello, es el nuevo servicio marítimo de Hamburg Süd, denominado “Cherry express” (estrenado en la temporada 2016-2017) que promete a los productores que sus cerezas lleguen a China en tan sólo 22 días, a diferencia del servicio normal que demora aproximadamente 1 mes.

Cajas de cerezas exportadas a China. Fuente: mundomaritimo.cl (2018)

El interés de las empresas que actúan en Chile por cruzar el Pacífico para llevar “materias primas” a China, viene hace un par de décadas con la exportación de cobre y más recientemente de litio. Lo inédito es que, en la trayectoria china de convertirse en potencia del sistema-mundo, la estrategia actual del partido comunista chino de fortalecer el mercado interno, ha incrementado la capacidad de consumo de una creciente “capa media” y de los sectores altos de ese país. Estos grupos comienzan a consolidar dietas más “refinadas” según las pautas de consumo urbanas globalizadas, que incluyen el consumo de vegetales y frutas todo el año sin límite estacional, la ingesta de carnes e incluso la compra de bebidas alcohólicas como vinos y cervezas extranjeras. La rapidez con la que aumenta la demanda de alimentos importados en China, implica el incremento en el uso de energía, agrotóxicos, suelo y agua, necesarios para producir una oferta de alimentos que esté preparada para satisfacer el creciente apetito chino.

Laguna de Aculeo, comuna de Paine (2018). Fuente: Universidad de Chile

Chile es un ejemplo de esta tendencia. En la temporada 2017-2018, se exportaron a China 390.218 toneladas de fruta fresca, lo que representa un aumento de 45% en los volúmenes enviados a ese país en la temporada anterior (Portal de Radio Agricultura, 09/11/2018). En este contexto, no es para nada casual que el actual embajador de Chile en China sea Luis Schmidt Montes, quien ya fuera presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y también presidente de la Federación de Productores de Fruta de Chile (Fedefruta).

Sin embargo, los actores del agronegocio requieren enfrentar algunos obstáculos que pueden limitar sus ambiciones. Aquí los señores del agronegocio (sí, señores, porque en general son hombres viejos y nuevos terratenientes) tienen dos grandes desafíos; llegar de manera más rápida y barata a China, sin perder la calidad del producto, y contar con el agua suficiente para asegurar la expansión de la producción frutícola en el país. En el primer punto, junto con la ampliación del tratado de libre comercio con China, el desafío está en mejorar la cadena logística de circulación de los productos agrícolas a través de la modernización de packings, mejora de infraestructura vial, ampliación y mejoramiento de puertos e incluso, la propuesta de construir un “puerto frutícola” en la región del Maule. La mayor aspiración en este ámbito, es que Chile se beneficie por la iniciativa “Nueva Ruta de la Seda” (“One Belt, One Road” en inglés), que impulsa el gobierno chino y de la que Chile es parte desde el año 2018. La república popular de China con la “Nueva Ruta de la Seda”, ofrece a los países participantes una oferta de cooperación financiera “ventajosa” para inversiones en infraestructura que mejoren la conectividad terrestre y marítima con este país asiático. Esto, además de profundizar la dependencia financiera al gobierno chino, presiona una agenda de infraestructura que privilegie el transporte de mercancías a Asia y no la mejora de las condiciones de vida de los pueblos que son afectados por las actividades extractivistas en Chile.

El segundo desafío de garantizar agua para el agronegocio, va desde dar certeza jurídica de la propiedad privada de las agua (léase, indicación sustitutiva del gobierno Piñera al código de aguas) hasta promover asociaciones público-privadas para construir infraestructuras hídricas que amplíen la “oferta” de agua en las cuencas donde actúa el agronegocio. Las iniciativas más ambiciosas en esta dirección sobre las propuestas de “carreteras hídricas”, tanto el proyecto de canal abierto de la Corporación “Reguemos Chile” como la carretera submarina “Aquatacama”, promovida por la empresa “Vía Marina” (que presentó el proyecto al Ministerio de Obras Públicas en diciembre de 2018, para la evaluación de su concesión privada). Ambas iniciativas varían en costos y alcances, pero prometen disponibilizar agua que permita regar entre 200 mil y 1 millón de nuevas hectáreas. Con esto, la agricultura de exportación podría seguir incrementando su consumo de agua, concentrando aún más el uso que hace de este bien común natural en el país.

Estos desafíos para que el agronegocio abastezca el mercado chino, implican millones y millones de dólares de inversión, donde el Estado seguramente será protagonista, porque curiosamente, en el “libre mercado” chilensis, quién pone más plata y asume los riesgos, siempre es el Estado. Detrás de estos ambiciosos proyectos y las grandes inversiones estatales que podrían implicar, está el “incuestionable” apoyo al modelo de agronegocio como la forma de agricultura que traerá “progreso” y “desarrollo” a Chile.

No obstante, desde los años ochenta, cuando se acelera la modernización capitalista del campo en Chile, hasta la actualidad, hemos podido ver que la expansión frutícola ha implicado el deterioro de los suelos, el aumento en el consumo de agua, el incremento en el uso de agrotóxicos, además de la pérdida de las formas de vida campesinas (agri+cultura), la reconcentración de la propiedad de la tierra, la precarización del trabajo agrícola y la pérdida de soberanía alimentaria. Un ejemplo, que permite dimensionar la profundidad de los impactos de los negocios frutícolas, es lo que sucede en Petorca. El año pasado, calculamos que la cantidad aproximada de agua utilizada para la producción de paltas en 1 año en la provincia (25 mil toneladas según Agropetorca), equivale a 4 años de consumo de agua potable de todos los/as habitantes de la provincia de Petorca. Este uso desigual de las aguas, ocurre en una región donde cientos de familias son abastecidas de agua por camiones aljibes, recibiendo apenas 50 litros de agua por persona diarios, siendo que la norma mínima definida por la Organización Mundial de la Salud, establece 100 litros de agua diarios por persona.

La expansión desregulada de la agricultura para exportación nos está llevando a que se multipliquen el despojo que viven territorios como Aculeo, Petorca, recientemente en Panquehue y tantos otros. Un modelo en donde un árbol de cerezo o palto para exportación es más importante que el agua de bebida para una familia o que el caudal de los ríos, nos está llevando a la mayoría al abismo.

Necesitamos fortalecer las estrategias conjuntas de quienes no nos compramos el consenso de “Chile: Potencia alimentaria” y las promesas de “progreso” del agronegocio, para denunciar las implicancias socio-ecológicas del modelo agrícola dominante en los territorios. Y de manera urgente, viendo las proyecciones del crecimiento agroexportador a China, necesitamos discutir formas de hacer frente a los proyectos de infraestructura mencionados, que buscan que el agronegocio siga incrementando sus ganancias sin restricciones, alimentando el apetito del gigante.

* Doctorando en Geografía, Programa de Post-graduación en Geografía, Universidad Federal Fluminense (Brasil). Investigador del “Laboratório de Estudos de Movimentos Sociais e Territorialidades” (LEMTO-UFF). Miembro del movimiento de defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente (MODATIMA, Chile). Con experiencia de investigación en las temáticas de conflictos territoriales y reapropiaciones del agua en América Latina.

TRIUNFO CAMPESINO SOBRE MONSANTO BAYER EN 2018

Rodrigo Bernardo Ortega Bejarano *

El 17 de diciembre de 2018 quedará inscrito en la historia como un día fundamental para el reconocimiento de los derechos de los campesinos y campesinas del mundo. Ese día la Asamblea General de Naciones Unidas, siguiendo la línea del Consejo de Derechos Humanos de la misma organización adoptó la “Declaración sobre los derechos de los campesinos y otros trabajadores rurales”. Aunque el documento fue el resultado de un arduo proceso iniciado a mediados de 2001 e impulsado por organizaciones como la Vía Campesina, tuvo una férrea oposición desde diversos sectores, entre ellos, los gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos, dos de los pesos pesados en el Consejo de Seguridad de la ONU. Al observar de cerca el texto es posible reconocer el porqué de esa actitud. En efecto, el documento contiene una serie de principios que buscan proteger los derechos de las poblaciones rurales que, según estimaciones, ascienden a la mitad de la población mundial pero cuyas condiciones de pobreza y necesidades básicas insatisfechas son cercanas a 80% (https://bit.ly/2FousAf). Para Gran Bretaña y otros de sus socios económicos, la declaración puede poner en peligro los intereses de las multinacionales de alimentos pues dentro de los valores consignados se promueve la libertad de siembra, asociación, opinión y expresión de los campesinos, algo que resulta un desafío para estos emporios.

De acuerdo con el relator especial sobre el derecho a la alimentación, Oliver Schutter, la declaratoria sugiere una enorme contribución en materia de bienestar para los campesinos en al menos cuatro dimensiones. Primero, contribuirá a la lucha contra el hambre en las zonas rurales; segundo, permitirá proteger la agricultura familiar de pequeña escala de las intenciones depredadoras de las grandes empresas agroindustriales; tercero, aumentará el acceso a los medios productivos por parte de los campesinos; y finalmente significará un instrumento regulatorio enmarcado en el derecho internacional que implica un avance notorio en el reconocimiento de los trabajadores del campo (https://bit.ly/2H6KMbc). Con todo, la declaración sugiere un paso significativo para los campesinos y campesinas del mundo en la permanente lucha por la afirmación de sus derechos. ¿Por qué la resolución simboliza un duro golpe a las empresas multinacionales como Monsanto-Bayer? En base a los principales puntos de la declaración, el presente documento busca desentrañar las consecuencias que tendrá para los emporios económicos la histórica decisión de la ONU.

El primer paso fue la aceptación en el Consejo de Derechos Humanos por 33 votos a favor liderados por Cuba y Ecuador, 11 abstenciones entre las que se destacan los casos de Alemania (casa matriz de Bayer) y Brasil, y tres votos en contra Australia, Hungría y Gran Bretaña.

Finalmente, el proceso llegó a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el contexto de la 73ª periodo de sesiones, en la cual de 193 Estados, 121 votaron a favor, 54 países se abstuvieron y 8 lo hicieron en contra. Además de los tres mencionados, al voto en contra se sumaron, Estados Unidos de Norteamérica, Guatemala, Israel, Nueva Zelanda, Suecia.

Un motivo de vergüenza mundial fue la decisión del gobierno colombiano (cuya población rural representa al menos 20% del total y la pobreza tiene un índice de 36 (https://bit.ly/2UULkUE). LA decisión del gobierno de Colombia refleja caracteriza el gobierno de Iván Duque respecto a la desprotección de los derechos de los trabajadores del campo.

A pesar del triunfo contundente y el apoyo a los campesinos en el mundo, las decisiones adoptadas por la Asamblea General de la ONU no son vinculantes, es decir, sólo marcan objetivos o derroteros que las naciones pueden acoger o no. Además, debe tomarse en cuenta la tendencia al ascenso de gobiernos de derecha cada vez más radicales, lo que significa una afrenta a los derechos humanos.  

Ahora bien, la declaración comienza con la definición de campesina o campesino, entendida como una mujer u hombre que tiene una relación directa con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos u otros productos agrícolas (art. 1). Dentro de esta categoría se incluyen las comunidades locales, familias y demás grupos que trabajan la tierra, así como las personas indígenas dedicadas a dichas labores. También son campesinos, los individuos que por distintas circunstancias no poseen territorio y cuya única alternativa es vender su mano de obra. Generalmente, los campesinos y campesinas son personas sin acceso a condiciones dignas de supervivencia, razón por la cual, la declaración propone una serie de derechos a título individual y colectivo que sugieren la protección de la libertad en un marco de igualdad fundada sobre la no discriminación por su condición económica y sociocultural (art.2).

Un punto fundamental en relación con lo anterior es la soberanía alimentaria que comprende “el derecho a una alimentación saludable y culturalmente apropiada, producida mediante métodos ecológicamente racionales y sostenibles, y el derecho a definir sus propios sistemas de alimentación y agricultura” (https://bit.ly/2HfOn6O). Este concepto que ha sido históricamente construido por organizaciones campesinas es fundamental para entender sus luchas y demandas y, al tiempo, implica una amenaza latente para las multinacionales alimentarias como Monsanto-Bayer. En efecto, al hablar de soberanía alimentaria se hace referencia al reconocimiento de sistemas ancestrales y autóctonos en la producción de alimentos y en la explotación pesquera sostenible, algo que va en contra de los intereses de las grandes empresas cuya motivación es la maximización de las ganancias. Mientras un sistema local promueve la diversidad en la producción de alimentos, Monsanto insiste en la compra de amplias extensiones de tierra para sembrar monocultivos que generen excedentes y vender a otras regiones del mundo. Los alimentos como negocio y no como derecho. De ahí que, la declaración signifique un avance notable en el reconocimiento de los productores locales.

Así mismo, el artículo tercero de la resolución plantea una serie de derechos relacionados con la vida, la dignidad y un nivel adecuado de desarrollo que incluye el hecho de que ningún campesino pueda ser “acosado, desalojado, perseguido o detenido arbitrariamente”. Esto se relaciona con las condiciones de vida de millones de trabajadores del campo en el mundo, que debido a su situación económica han adquirido grandes deudas, han tenido que vender sus riñones o incluso han llegado a suicidarse por la presión que implica la disputa por sus tierras y la afectación a sus modos de vida.

A propósito de la multinacional, uno de los puntos de declaración sostiene explícitamente que “los campesinos tienen derecho a vivir una vida saludable y no ser afectados por la contaminación de productos agroquímicos como los pesticidas y fertilizantes químicos”. Este parágrafo tiene un destinatario específico: la empresa norteamericana que con sus productos ha generado una crisis mundial en la manera de producir y distribuir los alimentos.

Desde esta perspectiva, la declaración de los derechos campesinos es un paso histórico para limitar el poder de influencia de Monsanto y demás empresas que monopolizan el mercado alimentario mundial. Amparados por el sistema de Naciones Unidas, pese a no ser vinculante y estar supeditada a las decisiones de cada gobierno, los campesinos disponen de un valioso instrumento para protegerse de la violencia de estos grupos económicos, y más importante, tendrán autonomía en sus sistemas de producción, por eso, la resolución es un mecanismo de presión internacional muy valioso.

Esto es relevante en un país como Colombia donde el nivel de desigualdad en el campo alcanza 89,7%. De las más de 114 millones de hectáreas con las que cuenta la nación, 54% está concentrada en propietarios privados y el porcentaje real de pertenencia a campesinos es inferior a 20%. Casos como el de Quibdó donde menos de 1% de los propietarios privados es el dueño de 94% del territorio rural, ejemplifican la difícil situación de los campesinos en Colombia (https://bit.ly/2E5yyOJ). A esto hay que sumarle la constante violencia de la que son objeto los trabajadores del campo, los desplazamientos y la poca cobertura en servicios básicos con la que cuentan. Por tanto, la declaratoria puede significar una oportunidad sin parangón para reconocer los derechos de uno de los actores más afectados por el conflicto armado. No obstante, la decisión de abstenerse a reconocer la declaración demuestra la poca disposición del gobierno de Duque de proteger a las campesinas y campesinos de su país.

Por otra parte, uno de los puntos neurálgicos en la declaración es el “derecho a las semillas y al saber y la práctica de la agricultura tradicional” (art.5). En este acápite se consignan las libertades que tienen los campesinos para determinar la variedad de semillas que quieren emplear. Del mismo modo, los empodera para rechazar la multiplicidad de plantas que consideren nocivas en términos económicos, culturales o ecológicos y a evitar el modelo agroindustrial. Nuevamente, el apartado significa una afrenta a los proyectos de empresas como Monsanto-Bayer que han buscado históricamente restringir los canales de producción local y han limitado a gran escala la biodiversidad. En efecto, por medio de costosos bufets de abogados, la multinacional ha buscado ocultar sus crímenes en contra de la humanidad, aunque no siempre se ha salido con la suya. Un ejemplo de ello fue la multa de 289 millones de dólares que el gigante económico deberá pagar a un campesino, luego de que un jurado en Estados Unidos determinara que el cáncer terminal que padece fue la consecuencia de exponerse a los agentes químicos de Monsanto (https://bit.ly/2w8COFM). La resolución es también una oportunidad para proteger a millones de campesinos del mundo de la exposición a productos cancerígenos y que afectan al medio ambiente.

En tal sentido, los campesinos podrían gozar de mayores libertades al no estar avocados a la compra de semillas y pesticidas de la multinacional. Atrás quedará la dictadura alimentaria que obligaba a los trabajadores del campo a sembrar determinada especie de semilla (genéticamente modificada) bajo el temor de ser encarcelado (https://bit.ly/2Fnrehp). Con la resolución se promoverá la biodiversidad biológica (art.10), la protección del medio ambiente (art.11), las libertades de asociación (art.12) y el acceso a la justicia (art.13), elementos claves para el reconocimiento de incansables luchadores sociales. El paso que acaba de dar el sistema de Naciones Unidas es tan sólo una primera conquista de los campesinos que tendrán que estar preparados para la arremetida de las multinacionales y gobiernos que buscarán a toda costa evitar la aplicación de la declaración. En tanto que las demandas a favor de la protección de los derechos de los campesinos y campesinas del mundo debe continuar.

¡LA LUCHA APENAS COMIENZA!

 * Colombiano de los sesentas (1.961), periodista digital independiente, por su formación académica ha adquirido mucha preocupación por el mundo en general, así como por la región de América del Sur y su país en particular.

De pensamiento crítico, sus artículos se dirigen a analizar las situaciones políticas, ambientales, deportivas y socioeconómicas de Iberoamérica. Preocupado por las relaciones de desigualdad en el mundo, busca siempre dar voz a LA OTRA OPINIÓN.

Siempre trata de escribir sus artículos en lenguaje sencillo, dirigidos al gran público, acompañados de imágenes clarificadoras o divertidas, basando la información suministrada en datos confiables que se pueden consultar en fuentes independientes.

No suministra mayor información adicional, pues su interés no es publicitar su nombre y ejecutorias, sino SUS IDEAS.

“Moro Num País Tropical, Abençoado por Deus ...”[1]

Sobre a Política Externa e de Meio Ambiente do Governo Jair Bolsonaro

 Carlos Walter Porto-Gonçalves *

O recém-eleito Presidente, o Sr. Jair Messias Bolsonaro, acaba de fechar a composição de seu ministério com a nomeação de Ricardo Salles para Ministro de Meio Ambiente. E se alguma dúvida havia, a ordem com que os ministros foram sendo nomeados foi, coerentemente, a ordem de prioridades que o governo que assume em 1º de janeiro de 2019 dá a seu projeto político: o meio ambiente ocupa o último lugar e as finanças o primeiro. Para garantir essa política nomeou-se, também pela ordem, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério da Defesa e o Ministério das Relações Exteriores.

Chama a atenção que o superministério da economia, liderado pelo economista especializado em finanças Paulo Guedes, não tenha o Ministério da Agricultura sob sua tutela. O que dá conta da centralidade que as oligarquias latifundiárias do agronegócio têm nos destinos da sociedade brasileira. Diga-se, de passagem, que o governo ofereceu aos agronegociantes abraçarem o meio ambiente na pasta da agricultura, o que foi liminarmente recusado pelo setor que, assim, se livrava de cuidar do meio ambiente. Não poderiam ser mais explícitos e coerentes.

Tudo leva a crer que a sanha ideológica do livre mercado esteja cegando os novos governantes do país. Inclusive no que diz respeito à política externa e o lugar que o Brasil deve ocupar no mundo por sua clara vocação política derivada de sua própria natureza tropical. É isso mesmo, é preciso lembrar que somos um país tropical, o que não é qualquer coisa, ainda mais quando se é o maior país tropical do mundo, o que parece não ter a menor importância política. E sobre isso, o futuro governo não está sozinho, é preciso destacar.

Nesse sentido, acompanhar de modo ideologicamente automático a política externa dos EEUU, com vêm manifestando de modo infantil os recém-eleitos Vice-Presidente, o General Hamilton Mourão, e o Deputado Eduardo Bolsonaro, chega à beira de serem bem caracterizados como lesas-pátrias. Afinal, sair do Tratado de Paris ainda faz algum sentido para um país como os EEUU

(1) pelo lugar que ocupa o complexo fossilista dos combustíveis fósseis – carvão, petróleo e gás

- nas relações de poder internas da sociedade estadunidense, (2) pelo lugar que ocupam as corporações e o estado norte-americano na geopolítica mundial e, pouco se diz, (3) pelo fato dos EEUU ser um país de clima temperado e, portanto, não poder contar com a tropicalidade como um trunfo na sua política externa. Só esse fato indica que não podemos acompanhar automaticamente os EEUU na sua política externa, por mais ideologicamente que se esteja comprometido com o interamericanismo que a caracteriza desde a Doutrina Monroe (1823) à ALCA (1994-2005).

O fato de sermos o maior país tropical do mundo implica que temos disponível energia

 renovável diariamente, que é a energia que nos dá o Sol nosso de cada dia. Essa energia faz evapotranspirar a maior floresta do mundo em densidade de biomassa por hectare, em média de 500 a 700 toneladas de biomassa por hectare, sendo que aproximadamente 70% dessa biomassa é água. Enfim, a Floresta Amazônica com seus mais de 8 milhões de Km² é um verdadeiro “oceano verde” e é da sua evapotranspiração que se formam os chamados “rios voadores” que vão tornar possível toda a agricultura dos cerrados e de vastas regiões do Brasil e do Caribe e mesmo do Sul dos EEUU. Para não falarmos do efeito albedo que afetaria toda a humanidade e o planeta com uma possível devastação das florestas tropicais, entre elas a da Amazônia. Isso exigiria do governo brasileiro uma aproximação com todos os países amazônicos da América do Sul, igualmente soberanos desses 8 milhões de hectares de floresta e da maior bacia hidrográfica que mundo conhece.

O fato de termos sob nossa soberania essa condição de tropicalidade, implica uma enorme responsabilidade, inclusive pelo significado que a Amazônia e seus povos têm para com o planeta e a humanidade. Para que não paire dúvidas sobre a importância de seus povos registre- se que a Amazônia é ocupada pelo menos a 17.000 anos na atual Colômbia (Formação Chiribiquete) e no atual território brasileiro a 11.200 anos (Sítio de Pedra Pintada, em Monte Alegre, Pará) e ninguém vive tanto tempo numa área sem conhecê-la, conhecimento esse que está materializado em saberes de pesca, em saberes de caça, em saberes de coleta, em saberes de cultivos, em saberes de cura (medicinas) e em saberes de proteção das intempéries (arquiteturas). Isso exigiria um pouco menos de ideologia na política externa e mais compromisso com o país e a complexa diversidade cultural da sociedade brasileira. Por mais paradoxal que possa parecer, exige uma posição soberanamente brasileira para afirmar nossas responsabilidades com a comunidade internacional e com os destinos do planeta. Para não irmos ainda mais longe: considere-se o significado de sermos um país tropical num momento em que a humanidade se encontra diante da disjuntiva de buscar uma transição energética, seja por razões climáticas ou por razões democráticas de ampliar o espectro de escolhas e não nos tornar dependentes de uma só matriz energética com todas as implicações de poder derivadas de qualquer monopólio tecnológico. Enfim, é preciso admitir que o Brasil tem, enquanto Brasil, responsabilidades diante da comunidade internacional e do planeta. Enfim, é preciso mais Brasil e menos um americanismo infantil, com todo respeito que a sociedade estadunidense nos inspira, sobretudo seu povo, o primeiro no mundo a romper enquanto país, em 1776, com a dependência colonial.

[1] Versos da poesia musical País Tropical de Jorge Bem Jor.

* Professor Titular do Departamento de Geografia da Universidade Federal Fluminense. Prêmio Chico Mendes em Ciência Tecnologia do Ministério do Meio Ambiente, 2004. Autor de diversos artigos e livros entre eles A Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização, Editora Civilização Brasileira, 2008 e Amazônia: Encruzilhada Civilizatória: tensões territoriais em curso, Editora Consequência, 2018.