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- Escrito por Matthew Berger
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Comienza este martes (27) la primera audiencia en la historia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos sobre el cultivo de transgénicos. La resolución final podrá tener consecuencias para el futuro de ese tipo de semillas y también legales para los organismos de control estatales.
El caso de la empresa de productos orgánicos Geertson Seed Farms contra Monsanto gira en torno a una alfalfa resistente a los herbicidas que fue prohibida en Estados Unidos por un tribunal federal en 2007.
El fallo de hace tres años concluyó que el estudio de impacto realizado por el Departamento (ministerio) de Agricultura no era lo suficientemente riguroso en lo que respecta a las consecuencias para el ambiente y para la salud de la alfalfa transgénica y ordenó otra investigación.
En diciembre se dio a conocer el primer borrador del nuevo estudio, pero "no hay fecha prevista" para la versión final, dijo a IPS Suzanne Bond, portavoz del Servicio de Inspección de Sanidad Vegetal y Animal (Aphis, por sus siglas en inglés), encargado de regular los transgénicos.
Los agricultores orgánicos cuestionaron el estudio del Departamento de Agricultura basándose en la Ley Nacional de Política Ambiental, que puede verse muy perjudicada por la resolución final del alto tribunal, que no se prevé para antes de junio.
La norma "obliga a los organismos federales a incluir el factor ambiental en su proceso de decisión y considerar las consecuencia de sus propuestas y posibles alternativas razonables", explicó Bond.
La Ley también es una herramienta legal para que los ambientalistas recusen decisiones de organismos estatales. La vulnerabilidad de la norma es una de las razones por las cuales varias organizaciones se ofrecieron a prestar testimonio en el caso contra Monsanto.
La demanda "tiene amplias consecuencias sobre la forma en que el gobierno realiza análisis ambientales y cuándo es necesario preparar informes de impacto", arguyó Noah Greenwald, del Centro para la Diversidad Biológica, al justificar la participación de su organización, que no suele trabajar con transgénicos.
"El gran tema acá es cuánta deferencia hay que tener a los organismos de control y a su capacidad para realizar su trabajo en realción con la que hay que darle a la población para que recuse al organismo ante la justicia", señaló el especialista Doug Gurian-Sherman, quien escribió varios artículos de opinión desde que comenzó el proceso en tribunales menores.
"La cuestión acá es cuan responsable es la Corte Suprema en lo que se refiere a habilitar a los ciudadanos a demandar a un organismo estatal que no hace su trabajo. Creo que eso es lo esencial de esta decisión", añadió Gurian-Sherman, quien trabaja en el programa ambiental y de alimentación de la Unión de Científicos Comprometidos.
La resolución del alto tribunal también tendrá consecuencias para los organismos modificados genéticamente en Estados Unidos y el mundo.
Los agricultores orgánicos arguyeron al principio que las abejas polinizadoras podían llegar a trasladar la alfalfa transgénica a plantaciones orgánicas vecinas, incluso las que están a varios kilómetros de distancia.
La consiguiente contaminación podría socavar sus posibilidades de colocar la etiqueta de "orgánico" a sus productos. Además, tampoco podrían exportar su cosecha a países que prohíben los transgénicos.
"Es posible que los consumidores no acepten productos contaminados. Se podrán hacer análisis de verificación e incluso, se hacen de forma bastante rutinaria, pero igual, el mercado puede llegar a rechazarlos", explicó Gurian-Sherman.
Otro de los argumentos contra la alfalfa Roundup Ready, es que combinada con el herbicida Roundup, de Monsanto, puede aumentar la resistencia de las semillas a ese tipo de productos químicos.
El Aphis prácticamente no considera el asunto en su análisis original, "pese a que en los últimos años la incidencia de las semillas resistentes y sus consecuencias económicas contradicen casi por completo sus estudios", indicó el especialista.
Las implicancias del litigio son extremadamente complicadas desde el punto de vista ético y sanitario. La amplitud del fallo de la Corte Suprema puede llegar a decidir el futuro de los organismos modificados genéticamente.
Hay un proceso judicial contra la remolacha azucarera. El tribunal permitió su cultivo este año, pero se reservó el derecho de prohibirlo en el futuro. El Departamento de Agricultura prepara un estudio de impacto sobre ese cultivo y sobre un tipo de agrostis transgénico.
"Hay varios indicios de que el Departamento de Agricultura no hace bien su trabajo en lo que respecta a la regulación de transgénicos", señaló Gurian-Sherman con preocupación.
"Analicé numerosas evaluaciones ambientales y considero que fueron poco rigurosas y a menudo sin sustento científico. No es que hayan sido totalmente negligentes, pero hay varios errores de razonamiento o en los datos o en el análisis de éstos", añadió.
El Aphis otorgó desde 1992 el estatus de "no regulado" a numerosos transgénicos en respuesta a 80 demandas, indicó Bond, entre ellas múltiples variedades de maíz, soja, algodón, semilla de colza, papa, tomate, calabaza, papaya, ciruela, arroz, remolacha azucarera, tabaco, alfalfa, lino y endibia.
Los testimonios que recibirá este martes la Suprema Corte de Justicia pueden llegar a tener consecuencias significativas sobre esa lista.
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- Escrito por SDPnoticias.com
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- La tenencia de la tierra, o la falta de documentos para sustentar su propiedad, es el principal problema que aqueja a los indigenas de America Latina, de acuerdo con Eva Gamboa, lider del Enlace Continental de Mujeres Indigenas.
``La no tenencia de la tierra trae problemas de violencia, desarraigo, discriminacion, migraciones, crimenes y la muerte de la cultura, de la lengua, medicina, alimentacion y tradiciones familiares'', indico Gamboa, en entrevista con Notimex en la sede de la ONU.
Gamboa, representante de indigenas de Sudamerica, participo en el Foro Permanente de la ONU sobre Cuestiones Indigenas, que termina hoy tras dos semanas de sesiones, en el evento ``Mujeres Indigenas: Empoderamiento y fortalecimiento organizativo''.
Gamboa explico que en muchos paises latinoamericanos, las autoridades gubernamentales exigen a las comunidades indigenas que demuestren con documentos la propiedad de la tierra que habitan.
De no sustentar la propiedad, las comunidades son desalojadas de los terrenos que habitan.
Si tienen suerte, las autoridades les ofrecen otro espacio para vivir, aunque el dano, de acuerdo con Gamboa, ha sido hecho.
``No es igual si nos mandan a otro lugar que no es el nuestro.
Nosotros tenemos arraigo con el sitio que habitamos, somos uno con la tierra'', afirmo la lider de la etnia Wichi, perteneciente a la provincia del Chaco, en Argentina.
Gamboa manifesto que en muchos casos de reubicacion se provee a las comunidades de pequenas viviendas, sin tierra para sembrar, lo que dispara una serie de problemas sociales y de salud.
``Como ya no pueden cazar, pescar, recolectar miel, los indigenas desplazados cambian su dieta, incluyen entonces azucares y harinas, y aumentan sus problemas de salud'', aseguro Gamboa.
La lider senalo, sin embargo, que los gobiernos identificados con la izquierda en America Latina han comenzado a mostrar mayor sensibilidad con los indigenas.
Gamboa resalto el papel de Evo Morales, indigena de la etnia aymara y presidente de Bolivia, como un factor que ha dado orgullo a los pueblos originarios y ha elevado su autoestima.
``Evo trajo un sentido profundo de pertenencia.
Para muchos fue como darse cuenta de que, al final, no habia sido malo ser indigena'', enfatizo Gamboa.
El foro "Mujeres Indigenas: Empoderamiento y fortalecimiento organizativo'' fue convocado por el Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas (UNFPA), Family Care International y el Enlace Continental de Mujeres Indigenas.
Por Maurizio Guerrero, corresponsal Naciones Unidas, 30 Abr (Notimex).
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- Escrito por COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI
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Audiencia en la CIDH dejó claramente establecida la vulneración del derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Los pueblos indígenas no están en contra de la IIRSA: la IIRSA está en contra de los pueblos indígenas.
Washington DC.- La violación del derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado quedó claramente establecida hoy en la Audiencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desarrolló sobre los impactos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).
La Audiencia se inició poco después de las 11:30 de la mañana con las exposiciones de los representantes de las organizaciones indígenas que la solicitaron, en las que detallaron los impactos que los megaproyectos de la IIRSA provocan en los derechos de los pueblos indígenas y de la Madre Naturaleza. Desplazamientos forzosos, pérdida de la biodiversidad, intromisión de enfermedades y delincuencia, degradación ambiental irreversible, fueron algunos de los severos impactos sustentados por los dirigentes indígenas participantes.
Al término de la Audiencia, Luz Patricia Mejía, presidenta de la Audiencia, señaló que las exposiciones de los demandantes brindan a la CIDH una visión mucho más amplia sobre la situación del cumplimiento del derecho a la consulta, reconocido por instrumentos internacionales, en los países suramericanos. Y que estos aportes serán incluidos en la relatoría que el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas está elaborando acerca del tema.
Derechos vulnerados
El primer expositor fue Leonardo Crippa, de Indian Law Resource Center, una de las organizaciones solicitantes, quien detalló que la IIRSA comprende 502 megaproyectos, de los cuales se incidiría en la Audiencia en tres: la Carretera Interoceánica Sur en Bolivia, el complejo hidroeléctrico del Río Madeira en Brasil y la misma carretera en el Perú.
Crippa hizo hincapié en que los megaproyectos de la IIRSA sirven para otros numerosos proyectos mineros, hidroenergéticos, de monocultivos y agrocombustibles en territorios indígenas, cuya ejecución implica la vulneración de derechos reconocidos internacionalmente. Y recordó que la IIRSA es financiada principalmente por el BID, FONPLATA Y BNDES.
Detalló que estos megaproyectos vulneran tres derechos en particular: a la propiedad colectiva de la tierra, al ser trazados sobre territorios indígenas; a la libre determinación y el autogobierno, al desconocer las formas de desarrollo, las autoridades y el proceso de toma de decisiones propios de los pueblos indígenas; y a la integridad y la salud, con la contaminación y la pérdida de la biodiversidad.
Casos específicos
Rodolfo López, Primer Cacique General de la Organización Indígena de la Chiquitanía, recordó que la idea de la Carretera Interoceánica Sur en Bolivia proyecta unir Santa Cruz y Puerto Suárez a través de 600 kilómetros de recorrido, en los cuales afecta directamente a 31 comunidades, amenazando su cultura, su biodiversidad y su integridad, porque permite la invasión de sus territorios.
Narciso Roca, Presidente de la Central de Comunidades de la zona, añadió que las tierras comunales no están tituladas, lo que les impide acceder a las compensaciones por reparación de tierras. Y que la carretera causa deforestación, caza indiscriminada por parte de comerciantes de carne silvestre a quienes facilita el acceso, contaminación del agua por el arrojo de combustibles, aceites y otros, y migración masiva a la zona.
Por su parte, Telma Delgado Monteiro, representante de las Comunidades Nativas de Pueblos Indígenas de Rondonia, Brasil, dijo que los proyectos hidroeléctricos en el Río Madeira tienen como verdadero objetivo favorecer el monocultivo de soja. Y denunció que los estudios de impacto ambiental que se han realizado nunca incluyeron los impactos transfronterizos Perú-Bolivia-Brasil.
"Las audiencias públicas no fueron realizadas y las licencias para las obras fueron otorgadas cuando éstas ya estaban ejecutándose, con lo que se ha violado el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado", subrayó.
Precisó que las obras han provocado el desplazamiento de un millón de personas, causan degradación irreversible en la biodiversidad, inundan tierras fértiles, aumentan la incidencia de malaria, han incrementado la deforestación en 600% y afectan principalmente a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Otra integración
Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la CAOI, aclaró que los pueblos indígenas no están en contra de la integración, sino que tienen otra forma de mirar el desarrollo: "el buen vivir, en armonía entre los hombres y la Madre Naturaleza, es el aporte de los pueblos indígenas frente a la amenaza del calentamiento global", enfatizó.
Indicó que la Interoceánica Sur proyecta unir tres puertos peruanos: Ilo, Matarani y Marcona con el Brasil, a fin de favorecer el acceso a los bienes naturales por las empresas transnacionales. Son 2603 kilómetros de carretera que implican un endeudamiento que supera los mil quinientos millones de dólares para el Perú.
La carretera, explicó, afecta los territorios de 3952 comunidades andinas y 78 comunidades nativas, tres parques nacionales y dos reservas naturales que suman más de cinco millones de hectáreas, las cuales albergan especies únicas que serán llevadas al borde de la extinción.
Entre los impactos más graves, mencionó el estímulo a la minería, la explotación de madera, la migración, la tugurización de las ciudades, los monocultivos, el desvío de cauces de ríos, la destrucción de sitios sagrados, la invasión de territorios, sobre todo de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, la división de comunidades, la delincuencia y la extinción de los pueblos.
En cuanto a la central hidroeléctrica de Inambiri, Palacín Quispe dijo que ésta afecta 46 mil hectáreas de tierras de cultivo en las regiones peruanas de Cusco, Puno y Madre de Dios, lo que causará el desplazamiento forzoso de los pueblos al ver destruido su modo de vida.
"Los pueblos indígenas -finalizó el Coordinador General de la CAOI- no estamos en contra de la IIRSA: es la IIRSA la que está en contra de los pueblos indígenas".
Washington DC, Estados Unidos, 2 de noviembre de 2009.
Coordinación General CAOI
COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS - CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina
