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ELIZABETH VARGAS SOLÁ

Domingo, 17 Septiembre 2017

Agronegocio: práctica y discurso

Enrique Castañón Ballivián

Jueves, 03 Agosto 2017

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Ante los acontecimientos de junio de 2012 en Paraguay OXFAM se solidariza con el pueblo paraguayo y expresa:

  •  Preocupación por el irrespeto del orden y los debidos procesos de la democracia, tantas veces golpeada y deslegitimada; y respaldo al llamado al orden democrático en Paraguay hecho por la comunidad internacional.
  • Convicción de que la legitimidad y legalidad de las instituciones democráticas deben servir para promover el bienestar de los pueblos y no para conservar los privilegios de los partidos políticos ni de los grupos de poder económico-empresarial.
  • Un llamado a investigar rigurosamente los hechos que tuvieron lugar el 15 de junio en Curuguaty y el apoyo al diálogo y los procesos de participación ciudadana como mecanismos para resolver las diferencias.
  • Su firme voluntad y la necesidad de continuar apoyando al pueblo paraguayo en la construcción de un país equitativo, justo e inclusivo; poniendo especial atención en el desarrollo del Paraguay rural, donde se concentran pobreza y exclusión pero también valiosos y cada vez más limitados y disputados recursos naturales -sobre todo tierra y agua.
  • Profunda preocupación de que en Paraguay y en América Latina en general, la desatención del histórico problema de la tenencia de la tierra derive en enfrentamientos que supongan un riesgo para la vida y los derechos de las personas y amenacen el orden democrático de la región.

Oxfam es una confederación internacional de 17 organizaciones que trabajan conjuntamente con socios y aliados en todo el mundo para encontrar soluciones duraderas a la pobreza y a las injusticias. En Paraguay apoyamos procesos y organizaciones que defienden una democracia participativa e incluyente, el acceso equitativo a los recursos naturales, la justicia social y la vigencia efectiva de derechos.

Asunción, junio 24 de 2012

Fernando Lugo fue destituido este viernes de su cargo de presidente de Paraguay por 39 votos a favor y 4 en contra en el juicio político al que fue sometido en el Senado de la nación sudamericana.
Tras un debate de unas cinco horas, los senadores declararon culpable a Lugo del mal desempeño de sus funciones por su responsabilidad en la muerte de 17 personas la semana pasada en enfrentamientos entre la policía y campesinos sin tierra.
Una hora después de conocerse la decisión del Senado, Lugo dio un discurso desde el palacio presidencial en el que aceptó su destitución.
"Esta noche salgo por la puerta más grande de la patria, salgo por la puerta del corazón de mis compatriotas", dijo Lugo en medio de los aplausos de sus colaboradores.
"Hoy no es Fernando Lugo el que recibe un golpe" sino que es "la historia paraguaya, su democracia la que ha sido herida profundamente", aseveró el mandatario.

Fernando Lugo dejó de ser presidente de Paraguay este viernes.
Lugo llamó a sus partidarios a manifestarse de manera pacífica: "que la sangre de los justos no se derrame nunca más por causa de intereses mezquinos en nuestro país", dijo.
También aseguró que el proceso en su contra se ajustó a la ley aunque ésta era torcida.
Como prevé la Constitución paraguaya, el actual vicepresidente, el liberal Federico Franco, asumió el cargo de forma interina.
En abril se celebrarán elecciones presidenciales y Franco permanecerá como presidente hasta agosto de 2013.
En su discurso de juramento del cargo, tan solo una hora y media después de la destitución de Lugo, Franco prometió respetar la Constitución, las instituciones democráticas, el Estado de derecho y los derechos humanos y dijo asumir su cargo sin "odios, ni tampoco reproches".
Las Fuerzas Armadas informaron al poco de conocerse la noticia que acatarán la decisión del Congreso.
Juicio político

El Congreso celebró este viernes una sesión especial para juramentar a Franco como nuevo jefe de Estado.
Lugo deja el poder después de que el Congreso votara este jueves abrir un juicio político contra él, un procedimiento político previsto por la Constitución por el que puede ser destituido un presidente.
Sin embargo, cuando tomaron la decisión los parlamentarios, el procedimiento aún no había sido desarrollado por un reglamento.
El jueves, los dos principales partidos políticos votaron abrumadoramente dar inicio al proceso de impugnación de este viernes, en donde se evaluó la responsabilidad política de Lugo en la muerte de 17 personas la semana pasada en enfrentamientos entre la policía y campesinos sin tierra.
Críticos de Lugo le acusaron de simpatizar con los campesinos que ocupaban los terrenos de un senador del conservador Partido Colorado en el que se produjo la matanza.
Lugo argüía que el proceso es inconstitucional, ya que se le dieron menos de 24 horas para preparar su defensa, y que el reglamento del juicio político fue redactado horas antes de comenzar el proceso.
clic Lea también: ¿Por qué estalló la crisis en Paraguay?
Reacciones internacionales
La plaza del Congreso de Asunción fue escenario de incidentes después de que el Senado paraguayo votase para destituir a Lugo.

El gobierno de Ecuador aseguró que no reconocerá al nuevo presidente de Paraguay.
Según medios locales, los altercados comenzaron cuando uno de los cientos de manifestantes que se reunían para mostrar su apoyo a Lugo lanzó una piedra contra el edificio del Congreso y la policía respondió lanzando agua y gases lacrimógenos a los manifestantes.
Imágenes de televisión también mostraron a partidarios del Partido Liberal festejando la destitución de Lugo.
La salida del poder del presidente de Paraguay generó algunas reacciones de repudio en la región.
"Se ha dado un golpe de Estado parlamentario", señaló el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Alí Rodríguez Araque, al enviado especial de BBC Mundo a Asunción, Vladimir Hernández.
Por su parte, el canciller venezolano, Nicolás Maduro, señaló que en el proceso contra Lugo "se ha violado todo el debido proceso a la defensa y los derechos elementales democráticos".
"Los legisladores hicieron oídos sordos", dijo Maduro en referencia a las recomendaciones de la comunidad internacional de no realizar el juicio político.
Mientras, el gobierno de Ecuador no reconocerá otro presidente de Paraguay que no sea Fernando Lugo, según anunció este viernes el presidente Rafael Correa.
Según Correa, la destitución de Lugo es "ilegítima".

Delegados y delegadas de los doce países componentes del bloque regional estudian los últimos puntos del reglamento que regirá al interior del organismo internacional.

La reunión se realiza en nuestra capital en el marco de la actual presidencia pro témpore de Unasur, que tiene Paraguay.

El Consejo de Delegados y Delegadas es la tercera instancia de toma de decisiones en la estructura del grupo supranacional. El reglamento interno que se encuentra en debate contiene 99 artículos, entre los cuales se discute también cuál será el relacionamiento institucional del bloque con terceros países.

En reuniones previas, ya fueron aprobados los presupuestos para el funcionamiento institucional durante los años 2012 y 2013, además de proseguir con el intercambio de ideas respecto al plan de infraestructura, que debe ser coordinado para invertir cerca de 14.000 millones de dólares a lo largo de diez años, según la intención manifestada por los países miembros.

Unasur está integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Banco del Sur

Por otra parte, para ratificar el interés del Gobierno por la consolidación de este bloque, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió al Senado el "Convenio Constitutivo del Banco del Sur". El acuerdo fue firmado por el Gobierno nacional, en Venezuela, en el 2009. Esta es la institución que tendría a su cargo la financiación de los proyectos de desarrollo que sean viabilizados por los diversos países miembros de Unasur.

El convenio entró en vigencia en abril y ya fue ratificado por Argentina, Uruguay, Venezuela, Ecuador y Bolivia, y están pendientes Brasil y Paraguay. La sede del banco del Sur será Caracas, Venezuela, y tendrá además subsedes en Buenos Aires y La Paz.

Paraguay debe capitalizar la banca regional con el menor aporte, pero tendrá el mismo derecho a los créditos que los demás miembros. El convenio debe ser ratificado por el Congreso.

La reforma agraria es una reivindicación histórica del movimiento campesino paraguayo a la que se han sumado organizaciones indígenas que plantean recuperar sus territorios ancestrales, ya sea por vías de la expropiación o compras de las tierras por parte del Estado.

El nuevo periodo político que se vive en Paraguay desde agosto del 2008, con la elección del ex sacerdote Fernando Lugo a la presidencia, despertó la esperanza de cambio en los sectores sociales y populares. Sin embargo, las organizaciones campesinas se han sentido defraudadas por la inacción del gobierno y otros poderes del Estado, y no han dejado de presionar, recurriendo a movilizaciones masivas, marchas hacia Asunción, la capital, para gestiones ante las instituciones públicas, levantar campamentos frente a los latifundios, y en última instancia y como medida extrema, las ocupaciones de esas propiedades.

"Las luchas emprendidas por nuestro pueblo son por la reforma agraria, por detener el avance de la agricultura empresarial, y las respuestas del instrumento judicial y policial sigue siendo de grandes represiones con aproximadamente 2,000 compañeros imputados; varios de ellos llegaron a ser encarcelados", afirma a Noticias Aliadas, Ramón Medina, dirigente nacional de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT).

"Seguimos teniendo un Estado que defiende los intereses de los grandes latifundistas, de los grandes sojeros, por lo que debe continuar nuestra lucha y las movilizaciones contra los latifundios y contra la expansión sojera, en la defensa de los recursos naturales; y al mismo tiempo construyendo propuestas políticas alternativas que puedan ser discutidas con la sociedad y presentadas a las instituciones del Estado, a fin de ir forzando cambios democráticos a favor de la mayoría del pueblo", asegura Medina.

Problema estructural
Consultados por Noticias Aliadas, el ex presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Alberto Alderete Prieto, y el senador oficialista del Frente Guasu, Sixto Pereira, coinciden en que la problemática del latifundio en el Paraguay se remonta a mediados del siglo XIX, cuando los gobiernos de entonces empezaron a vender las tierras públicas.

Desde la finalización de la guerra de la Triple Alianza -que enfrentó a Paraguay con Argentina, Brasil y Uruguay entre 1865 y 1870- hasta 1950 se adjudicaron más de 25 millones de hectáreas a empresas extranjeras.

"A partir de 1950 hasta el año 2000, fundamentalmente en la época de la dictadura de [Alfredo] Stroessner [1954-89], se repartieron alrededor de 12 millones de hectáreas de tierras, inicialmente a través del Instituto de Reforma Agraria, y después desde el Instituto de Bienestar Rural -hoy transformado en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra-, de las cuales el 74% fue a parar a manos de políticos, militares y funcionarios estatales que no tenían nada que ver con la Reforma Agraria; sólo un 26% fue a manos de alrededor de 150,000 familias de pequeños productores", dijo Alderete Prieto.

Con la Revolución Verde, iniciada en la década de 1960, la agricultura familiar campesina practicada por generaciones pasó a ser llamada de "subsistencia" frente a la producción a gran escala para exportación, introduciéndose el llamado "paquete tecnológico", que incluye el uso de semillas transgénicas, agroquímicos, alto grado de mecanización, dependencia exclusiva del mercado externo y la pérdida consiguiente de alrededor de 50% de la cobertura boscosa original del país.

Para Pereira, "la tenencia general de las tierras es de absoluta irregularidad jurídica, y en el mundo, junto a Brasil, Paraguay es uno de los países más desiguales y con mayor concentración de tierras en pocas manos".

El último Censo Agropecuario, correspondiente al 2008, muestra que sólo el 2% de los propietarios concentran el 85.5% de las tierras, a la vez que 300,000 familias campesinas no poseen un solo metro cuadrado de tierra para cultivar. De esta proporción, el 80% de las tierras aptas para la agricultura está en manos del 1% de los propietarios, y sólo el 6% está en manos de pequeños agricultores con menos de 20 Ha de tierra cada uno (alrededor de 260,000 familias en todo el país).

Los actuales conflictos se acrecientan a medida que los "campesinos sin tierra" cuestionan la propiedad de la tierra. Lo que ocurre en el distrito de Ñacunday, en el suroriental departamento de Alto Paraná, es el reflejo de que el problema de la tierra en Paraguay no es coyuntural, sino estructural.

En abril del 2011 estalló un conflicto en Ñacunday -zona fronteriza con Brasil y Argentina, cuyas fértiles tierras son dedicadas a cultivos para la agroexportación- cuando familias sin tierra de esa localidad, agrupadas en la Comisión Vecinal Santa Lucía, empezaron a ocupar parte de la propiedad del mayor latifundista sojero del país, Tranquilo Favero, quien posee más de 1 millón de hectáreas de tierras, de las cuales 400,000 se encuentran en Ñacunday.

A fines del año se sumaron integrantes de la Liga Nacional de Carperos, movimiento de campesinos sin tierra que tiene movilizadas a casi 10,000 personas en improvisados campamentos de hule negro o carpas. Rosalino Casco, dirigente carpero, reclamó la soberanía de las tierras en disputa advirtiendo que "vamos a pelear centímetro a centímetro por esta tierra", mientras que sectores agroganaderos y políticos conservadores acusaban al gobierno de Lugo de instigar el conflicto.

La lucha de los acampados en Ñacunday continúa. En febrero fuerzas gubernamentales reubicaron pacíficamente a los campesinos de la Comisión Vecinal Santa Lucía en los alrededores de una reserva forestal, mientras que los denominados carperos se trasladaron frente a una propiedad estatal de la cual terratenientes brasileños aseguran ser los dueños.

Falta voluntad política
Los acontecimientos de Ñacunday pusieron una vez más la situación de la tierra en el epicentro del debate en Paraguay. Por primera vez un gobierno mostraba interés por abordar la problemática estructural de la tierra en Paraguay, como facilitar tierras a los campesinos o revisar propiedades mal habidas, pero el mensaje no ha pasado de ser declarativo al no haber unidad de criterios entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para desmontar viejas estructuras heredadas.

El senador Pereira sostiene que la situación en el campo paraguayo es un "problema político que necesita de la voluntad política de los tres poderes para empezar a discutir en un primer nivel dentro de un Estado de Derecho".

"Ñacunday es un caso más dentro de esta problemática, teniendo en cuenta que el país está lleno de casos como este, por lo que urge realizar mensuras judiciales para identificar y dar garantía a los legítimos propietarios", dijo.

Para Pereira, quien trabajó durante mucho tiempo asesorando a movimientos campesinos, es menester contar con "un Catastro Nacional de tierras actualizada como instrumento para identificar la irregularidad jurídica en la tenencia de la tierra. Paraguay tiene una superficie de 406,752 km², pero si uno hace la sumatoria de los títulos supera ampliamente los 500,000 km²; eso demuestra la superposición de títulos", acusa.

Esta realidad es una muestra patente de la existencia de propiedades de hasta triple titulación, y que hacen que la propia extensión del Paraguay aumente 120,000 km² más de lo real, irregularidad en la que están comprometidos terratenientes y autoridades de los sucesivos gobiernos a partir de 1989 que recibieron millones de dólares para la realización de catastro de propiedades que nunca se concretaron.

"En toda la historia de este país la tierra se ha constituido en fuente de vida, progreso y supervivencia para sus habitantes, pero así también ha sido objeto e instrumento que ha posibilitado una sistemática violación a los derechos humanos, destrucción del medio ambiente y concentración de poder en pocas manos", asegura Alderete Prieto. "Esta situación demuestra que la expansión de los agronegocios ligados al latifundio va destruyendo la identidad campesina e indígena, creando mecanismos de dominación y acumulación de capital. El presidente Lugo denunció en más de una ocasión que las alambradas y las pasturas de los grandes latifundios expulsan a las comunidades indígenas de sus tierras, a través de mecanismos de apropiaciones ilegales instrumentadas por la politiquería".

Miembros de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado cuestionan la ratificación del Protocolo conocido como "Ushuaia II" por parte de países miembros de Unasur, pero que no forman parte del Mercosur. Se preguntan con base en qué acuerdos o convenios adhirieron a un documento de otro bloque.

Según algunos miembros de la comisión de Relaciones Exteriores que no quisieron ser identificados, el Protocolo de Montevideo sobre compromiso con la democracia en el Mercosur, conocido como Usuhaia II, es un documento elaborado, analizado y estudiado en forma exclusiva por los estados partes del Mercosur. Sin embargo, el polémico documento fue suscrito, según informaciones de la propia Cancillería Nacional, por un total de diez países: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, como países miembros del bloque; Bolivia y Chile, que son Estados Asociados al Mercosur. Pero además, firmaron el documento países como Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela, que no son parte del Mercosur. Venezuela pretende ser miembro integral, pero esta situación no ha sido hasta ahora discutida y menos aún, aprobada por el Parlamento nacional, por lo que su situación en el bloque es incierta.

Sin embargo, estos países sí son todos partes de Unasur, la Unión Sudamericana de Naciones, de la cual nuestro país también forma parte.

Cuestionado protocolo

Uno de los cuestionamientos sobre el que pedirían explicaciones al canciller Jorge Lara Castro es el párrafo de inicio del documento. En él se menciona a todos los Estados partes del Mercosur, Bolivia y Chile, pero además se agregan Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela como Estados asociados, cosa que según los parlamentarios, no ha sido ratificado en el bloque regional. Según señalan, el párrafo confunde Unasur y Mercosur ex profeso y de manera interesada.

Desde el Parlamento se sigue cuestionando principalmente el art. 1 del Protocolo, que señala que el mismo se aplicará en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación al orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos.

Asimismo, reiteraron que el art. 6 del Protocolo sería atentatorio contra la soberanía nacional. El artículo habilita a los vecinos de los estados firmantes a cerrar de forma total o parcial las fronteras terrestres y suspender o limitar el comercio y la provisión de energía, inclusive.

Crisis de la Corte, la alerta

Según varios senadores, la vuelta al análisis sobre los alcances del Protocolo de Montevideo sobre el compromiso con la democracia en el Mercosur, más conocido como "Ushuaia II", surgió a raíz de la crisis entre el Senado y la Corte que según algunos, podría tener consecuencias imprevisibles. Los parlamentarios temen principalmente que el Ejecutivo pueda hacer uso de las disposiciones del Protocolo, alegando una ruptura institucional . Por otro lado, siguen cuestionando el art. 4 del Protocolo, que establece que la decisión suscrita por los Estados partes no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los países. El documento Ushuaia II permanece bajo análisis en varias comisiones.