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El día de la lectura de la sentencia en el caso Curuguaty llegó y el Tribunal de Sentencia condenó a los 11 campesinos acusados por la masacre ocurrida en junio del 2012, desatando una serie de cuestionamientos de sectores sociales y satisfacción de los familiares de los policías muertos.

Tomando las testificales –en su mayoría de los policías– y sin pruebas contundentes según la defensa, el Tribunal de Sentencia –conformado por los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Samuel Silvero y Benito González– encontró culpables por unanimidad a los 11 campesinos procesados.

Las fuertes condenas otorgadas a los labriegos van de 4 a 30 años prisión y fueron aplicadas a todos por los hechos punibles de asociación criminal e invasión de inmueble ajeno. En el caso de Rubén Villalba y Luis Olmedo, también fueron condenados por homicidio doloso agravado consumado y tentativa acabada de homicidio doloso acabada en calidad de coactor.

El lunes 11 de julio, en Asunción, el Tribunal dará la sentencia a once campesinos y campesinas enjuiciados tras la masacre de Curuguaty. Familiares, organizaciones campesinas y miembros de la Iglesia denuncian que el juicio es una farsa.

La fiscalía ha pedido penas de entre 5 y 40 años de cárcel por los hechos ocurridos el 15 de junio de 2012, donde murieron 11 campesinos y 6 policías. Los asesinatos ocurrieron durante la represión a la toma de tierras de Marina Kue, luego de que familias campesinas recuperaran un predio estatal usurpado por la empresa Campos del Morumbí, que se adjudica la familia Riquelme.

En los días siguientes, el episodio de violencia fue utilizado por la derecha paraguaya para dar el golpe institucional contra Fernando Lugo. En trámite exprés, en pocas horas, el Parlamento destituyó al presidente, responsabilizándolo por la masacre.

Varios centenares de personas marcharon hoy por las calles de Asunción para pedir la absolución de los once campesinos procesados en el juicio por la masacre de Curuguaty, cuya sentencia se conocerá el próximo lunes.

Organizaciones campesinas, estudiantiles y sindicales, así como religiosos artistas y representantes de partidos políticos de izquierda y de grupos de defensa de los derechos humanos presentes en la marcha denunciaron que no existe ninguna prueba que les incrimine, y por lo tanto reiteraron su petición de absolución.

Los once procesados están acusados por los delitos de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno, y la Fiscalía pide para ellos penas de entre 5 y 30 años de prisión, mientras que la defensa solicita que sean absueltos.

En la mañana de ayer alrededor de mil policías ejecutaron una orden de desalojo en el asentamiento Ko’e Pyahu, ubicado en el distrito de Juan Manuel Frutos de Caaguazú, a 200 kilómetros de la capital paraguaya.

Esto a pesar de que las familias agricultoras aseguran que se asentaban en tierras del Instituto de la Tierra(INDERT) y que estaban en plena gestión ante el mismo para delimitar los límites de la comunidad con las tierras lindantes, que pertenecerían a colonos extranjeros, aseguró Teodolino Gamarra, presidente de la comisión vecinal,

El referente explicó a Base Is que originalmente el ente estatal tenía en el lugar un total de 8 mil hectáreas, pero vendió o arrendó a colonos extranjeros del lugar, que cultivan soja y quienes son los que generaron la orden de desalojo.

Este jueves se dio continuidad al juicio por al masacre de Curugauty, en la fecha los abogados de los labriegos acusados continuaron con sus alegatos ante el Tribunal de Sentencia comprendido por los jueces Ramón Trinidad Zelada, Samuel Silvero y Benito González. 

Los abogados Amelio Sisco y Pablo Aguayo, solicitaron la absolución de culpa y pena a los campesinos a quienes se el acusa de homicidio doloso, tentativa agravada de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno, según publica el sitio judiciales.net.

Los defensores insistieron en que no hubo certeza con respecto a la identidad de Rubén Villalba y Luis Olmedo ya que, según el parecer de los abogados, los testigos no pudieron confirmar el tipo de contextura física ni la ropa que usaba Villalba el día de la masacre. Por otra parte mencionó que Arnaldo Quintana, quien es otro de los acusados, fue detenido fuera del predio en donde se produjo el hecho.