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ELIZABETH VARGAS SOLÁ

Domingo, 17 Septiembre 2017

Agronegocio: práctica y discurso

Enrique Castañón Ballivián

Jueves, 03 Agosto 2017

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Ante la amenaza de que se realicen actividades de exploración y explotación de hidrocarburos dentro el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguaragüe en Tarija, las organizaciones guaraníes junto a otras instituciones decidieron conformar el Consejo Nacional en Defensa de la Reserva  en la primera quincena del mes mayo. 

El presidente del Consejo de Capitanes Guaraníes de Tarija, Tomás Araray, adelantó que las capitanías guaraníes de Bermejo, Yacuiba, Caraparí, Villa Montes y Entre Ríos, más la Asamblea del Pueblo Guaraní de Bolivia  se reunirán en Palos Blancos, para conformar el comité y definir otras acciones legales y jurídicas en defensa de la reserva.

Ante la dura sequía que afecta a los valles y el cono sur del departamento, los agricultores se preparan para migrar a otros países como Argentina. Una de las que piensa en dejar Arbieto es Aurora Castellón, porque perdió su producción de maíz. “Vamos a tener que migrar a Argentina porque no habrá qué comer, si no hay producción la gente se irá”, anticipó.

Sólo en Arbieto hay 1.550 familias que han perdido varias hectáreas de maíz porque el río Chakimayu está seco y no llovió. En Omereque y Pasorapa los cultivos de tomate, sandía y pimentón están en riesgo. La Federación de Regantes pidió la declaratoria departamental de emergencia por sequía.

El gobernador, Iván Canelas, manifestó que aún se debe esperar los informes para declarar emergencia. Está previsto que el 5 de mayo, los municipios presenten sus proyectos para los programas estatales “Mi Riego” y “Mi Agua”.

¿Qué peso tiene la agricultura familiar en Bolivia? Algunas respuestas a esta incógnita giran en torno al valor de su producción agropecuaria, el cual suma el 40% del total en el país según los datos contenidos en la investigación “Importancia Socioeconómica de la Agricultura Familiar en Bolivia”. Mientras que de acuerdo con estimaciones a partir de los datos del Censo Agropecuario citados en el libro, “…sólo el 2% de las unidades productivas –establecidas en su mayor parte en el Oriente– controlan el 50 por ciento de las tierras cultivadas, y generan más del 60 por ciento del valor de la producción”.

Según José Luis Eyzaguirre, autor del estudio, esta situación es resultado de “…la preponderancia económica de la agroindustria, cuya agenda invariable se va imponiendo desde la década de 1990; el ejemplo más evidente de este proceso es la expansión de la agroindustria y particularmente de la soya”.

El bajo rendimiento en varios cultivos, entre ellos maíz, arroz, soya y sorgo, reportado hace un mes, es el resultado de los suelos agotados por el excesivo uso de fertilizantes químicos, del incremento de plagas que se han hecho resistentes a los agroquímicos, de la dependencia externa en la producción de semillas y de la desertificación que ya amenaza a un 42 por ciento del territorio nacional, explicó el investigador Miguel Ángel Crespo.

En contramano, el director de la Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria (Ipdsa), Hilarión Callisaya, informó que la producción de alimentos en el país creció un 25 por ciento en 2015 con respecto a 2014 y dijo que para este año se prevé repetir ese porcentaje.

La Defensoría del Pueblo presentó hoy el “Informe sobre la violación de derechos humanos de la capitanía Takovo Mora”, en el que se concluye que el Estado, a través de las fuerzas policiales, durante la intervención a la movilización que realizaba este pueblo indígena, el 18 de agosto del año pasado, vulneró los derechos de los indígena.

La conclusión del documento indica que esa violación se produjo de manera "flagrante, premeditada y culposa", debido a que se registraron tratos crueles, inhumanos y degradantes; además de la inviolabilidad de domicilio y a la libertad personal;  y los derechos específicos de mujeres, niñas, niños y adolescentes y de los pueblos indígenas, como el derecho a la territorialidad y a la consulta previa, libre e informada.

La acción fue calificada por la autoridad como “despiadada y criminal” y la comparó con lo sucedido en Chaparina. "Se violó la Constitución Política del Estado; cinco tratados internacionales sobre derechos humanos además de la Ley contra la violencia a la mujer y el Código Niña, Niño y Adolescente”, señala el informe que recomienda al Fiscal General del Estado proseguir las acciones penales contra los autores directos e indirectos, así como cómplices, encubridores e instigadores de este hecho.