La demanda por la propiedad rural en Colombia proviene de un grupo heterogéneo de actores, entre ellos se encuentran las comunidades campesinas, afro e indígenas; pero también se hace presente el sector empresarial nacional e internacional, el Estado colombiano con sus diversas instituciones como el ejército nacional y los ministerios, y los grupos armados al margen de la ley.
Se trata de un proceso histórico complejo que sigue vigente y que a la fecha aún no vislumbra resultados debido a que un alto porcentaje de los grupos demandantes, aún no logra un acceso real y efectivo a la propiedad rural acorde a sus demandas y necesidades económicas, políticas, culturales y sociales.
El documento técnico que presentamos a continuacón titulado Demanda de tierras en Colombia, elaborado por el Sociólogo colombiano Omar Rojas Bravo, para la plataforma del Movimiento del Regional por la Tierra y el Territorio, describe la estructura actual de tenencia de la tierra por parte de los diversos grupos étnicos que conforman la sociedad civil rural de Colombia, aborda la temática desde una perspectiva descriptiva general y demuestra como se desarrollan los procesos de demanda de tierras, por parte de diversos grupos étnicos (indígenas, afros y campesinos).
Ante la gran variedad de actores involucrados con lógicas, posturas, intereses y formas de actuar tan diferentes, el acceso a la tierra y la distribución de la propiedad rural en Colombia se configura como un proceso complejo enmarcado por leyes constitucionales de tenues reformas agrarias, procesos de consolidación de mercados de tierras, la acción de movimientos sociales y de incidencia por parte de los diversos grupos anteriormente mencionados, presión económica impuesta por un modelo de desarrollo económico de libre mercado y la consolidación de la violencia estructural y sistemática generando limitaciones en el acceso sobre la propiedad rural.
También inciden componentes como la corrupción política y judicial, el clientelismo regional, la violencia política, paramilitar, guerrillera y del narcotráfico, el modelo de libre mercado, donde el factor tierra pasa de ser un elemento netamente de bien común para la sociedad en su conjunto y en especial para las comunidades rurales (campesinas, afro e indígenas).
