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Dirigentes de movimientos indígenas siguen inconformes con el proyecto de Ley de Tierras, cuyo informe para primer debate fue aprobado por la Comisión de Soberanía Alimentaria.

Jorge Herrera, presidente de la Conaie; y Carlos Pérez Guartambel, titular de la Ecuarunari, coincidieron en señalar que la propuesta no responde a las necesidades de los sectores que representan. “Esa ley lo que busca es garantizar los intereses de las empresas transnacionales”, manifestó Herrera.

Los dirigentes añadieron que, tal como sucedió con la Ley de Aguas, la de Tierras tampoco recoge los planteamientos que ellos plantearon en su momento a la Asamblea, como la de establecer mecanismos reales para evitar el acaparamiento de la tierra, o aspectos como la falta de parámetros claros en la definición de latifundios.

“Esta Ley deja intactos los latifundios, persigue los minifundios, persigue a los pequeños propietarios que impide dividir, fraccionar, desmembrar las tierras y se abre el camino para la reconcentración de la tierra para la inversión extranjera, para que ellos compren tierras en grandes cantidades y dediquen a los monocultivos, a los agros tóxicos”, dijo por su parte Pérez Guartambel.

El dirigente añadió que si el Pleno decide convocar a consulta prelegislativa, tal como lo recomienda el informe de la Comisión, su organización evaluará si participa en esta. “La Consulta prelegislativa con la experiencia que tuvimos con la Ley de Aguas es menos que un saludo a la bandera, es una tomadura de pelo a las comunidades”, añadió el dirigente de la Ecuarunari.

El proyecto

Este cuerpo legal establece entre uno de sus artículos el Fondo Nacional de Tierra que intervendrá en la ejecución de las políticas redistributivas para el acceso equitativo a la tierra por parte de organizaciones legalmente reconocidas de la agricultura familiar campesina.

Además se creará el Sistema de Información Pública Agropecuaria que integrará datos como estadísticas, aptitud y uso de la tierra rural, catastro rural, información relativa a la oferta y demanda de la tierra rural, entre otros. (HCR)

Expropiación

Señala las causales de expropiación de las tierras rurales de dominio privado en los siguientes casos: cuando las tierras aptas para la explotación agrícola, forestal, silvícola o acuícola no cumplan la función social y ambiental. Cuando su explotación se realice empleando prácticas que atenten contra la protección de los recursos renovables y el ambiente, cuando a pesar de disponer de las aptitudes apropiadas en infraestructura para la producción agropecuaria se hayan mantenido inexplotadas durante los últimos 18 meses consecutivos a partir de la primera notificación.


Además, define al latifundio como la propiedad rural de gran extensión ineficientemente aprovechada, que sobrepase los máximos de superficie definidos por la Autoridad Agraria Nacional de acuerdo a la zonificación productiva del país, a la infraestructura productiva, tipo de cultivo o actividad productiva, de propiedad de una persona natural o jurídica.

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artículos contiene este proyecto de Ley.
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Jorge Herrera, presidente de la Conaie; y Carlos Pérez Guartambel, titular de la Ecuarunari, coincidieron en señalar que la propuesta no responde a las necesidades de los sectores que representan. “Esa ley lo que busca es garantizar los intereses de las empresas transnacionales”, manifestó Herrera.

Los dirigentes añadieron que, tal como sucedió con la Ley de Aguas, la de Tierras tampoco recoge los planteamientos que ellos plantearon en su momento a la Asamblea, como la de establecer mecanismos reales para evitar el acaparamiento de la tierra, o aspectos como la falta de parámetros claros en la definición de latifundios.

“Esta Ley deja intactos los latifundios, persigue los minifundios, persigue a los pequeños propietarios que impide dividir, fraccionar, desmembrar las tierras y se abre el camino para la reconcentración de la tierra para la inversión extranjera, para que ellos compren tierras en grandes cantidades y dediquen a los monocultivos, a los agros tóxicos”, dijo por su parte Pérez Guartambel.

El dirigente añadió que si el Pleno decide convocar a consulta prelegislativa, tal como lo recomienda el informe de la Comisión, su organización evaluará si participa en esta. “La Consulta prelegislativa con la experiencia que tuvimos con la Ley de Aguas es menos que un saludo a la bandera, es una tomadura de pelo a las comunidades”, añadió el dirigente de la Ecuarunari.

El proyecto

Este cuerpo legal establece entre uno de sus artículos el Fondo Nacional de Tierra que intervendrá en la ejecución de las políticas redistributivas para el acceso equitativo a la tierra por parte de organizaciones legalmente reconocidas de la agricultura familiar campesina.

Además se creará el Sistema de Información Pública Agropecuaria que integrará datos como estadísticas, aptitud y uso de la tierra rural, catastro rural, información relativa a la oferta y demanda de la tierra rural, entre otros. (HCR)

Expropiación

Señala las causales de expropiación de las tierras rurales de dominio privado en los siguientes casos: cuando las tierras aptas para la explotación agrícola, forestal, silvícola o acuícola no cumplan la función social y ambiental. Cuando su explotación se realice empleando prácticas que atenten contra la protección de los recursos renovables y el ambiente, cuando a pesar de disponer de las aptitudes apropiadas en infraestructura para la producción agropecuaria se hayan mantenido inexplotadas durante los últimos 18 meses consecutivos a partir de la primera notificación.


Además, define al latifundio como la propiedad rural de gran extensión ineficientemente aprovechada, que sobrepase los máximos de superficie definidos por la Autoridad Agraria Nacional de acuerdo a la zonificación productiva del país, a la infraestructura productiva, tipo de cultivo o actividad productiva, de propiedad de una persona natural o jurídica.
 


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