Esta semana el Pleno de la Asamblea Nacional realizará el primer debate de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. La Comisión de Soberanía Alimentaria, que tramitó la norma, recomendó que se realice una consulta prelegislativa parar recoger el criterio de las comunidades.
Pese a ello, sectores indígenas de oposición aseguran que esto no garantizará que sus propuestas sean incluidas y que, al igual que sucedió con la consulta prelegislativa por la Ley de Aguas, todo quedará en un simple formalismo. La norma que llegó a la Asamblea en el 2010 ahora atraviesa su etapa final. En el Pleno, una vez que se vote el primer informe, dentro de la Comisión de Soberanía Alimentaria se tomará un trimestre para llevar adelante la consulta. Con ella, se pretenderá llegar a la mayor cantidad de territorio posible.
Según el oficialismo, la normativa compila cinco proyectos de ley que se presentaron y cuyo objetivo es normar el uso y acceso a la tierra rural y que deberá cumplir una función social y ambiental. También regula la posesión, propiedad y administración, y redistribución de la tierra como factores de producción para garantizar la soberanía alimentaria, mejorar la productividad, propiciar un ambiente sustentable y otorgar seguridad jurídica a los titulares de derechos.
Desde el oficialismo se asegura que la ley fue difundida y que fueron recogidos diversos criterios para mejorarla. En total se realizaron nueve reuniones de divulgación a escala nacional, de las cuales cuatro fueron talleres amplios con comunas y cinco abiertos dentro de la Comisión. Pese a ello, sectores indígenas ratificaron que la propuesta tiene errores de fondo y de forma. La Ecuarunari, por ejemplo, identificó cuatro fallas.
Por un lado asegura que la norma deja intacto el tema del latifundio, pues no establece sanciones para quien concentran la tierra. A esto se suma la imposibilidad de fraccionar la tierra, por lo cual se complica la división para las herencias. Otro elemento es la permisividad que se le da al inversionista extranjero para que venga a adquirir tierras.
Finalmente que no se abarcan los derechos colectivos, pues se habla de ‘tierras’, ‘territorios’ y no de ‘territorialidad’ que es la potestad de la comunidad para ejercer su libre determinación. Si bien estas observaciones podrán ser realizadas a la Comisión durante la etapa de la consulta prelegislativa, organizaciones como la Conaie y la Ecuarunari tienen sus dudas al respecto.
Existe un antecedente: en la consulta prelegislativa por la Ley de Recursos Hídricos sus peticiones -dicen- no fueron tomadas en cuenta. “Su consulta nos insulta. No queremos ser objeto de burla, estar pintados en la pared, ser un objeto como la Ley de Aguas y que se nos trate con folclorismo”, dijo el presidente de la Ecuarunari, Carlos Pérez.
El Vicepresidente de la Mesa que tramita esta norma, Mauricio Proaño (Alianza País) aclaró que si bien se recomendó una consulta prelegislativa, esta no será sobre el documento en su integridad.
Solo se dará en los artículos en los cuales se podría afectar los derechos colectivos como en el capítulo de garantía, fijación y titulación de territorios ancestrales. Adicionalmente, este informe no será vinculante porque “no se consulta a toda la población sino a un grupo”, por lo que “será un insumo adicional”, sostuvo Proaño. La Ecuarunari mantendrá un nuevo consejo ampliado el 5 de enero. Ahí decidirán si se acogen a la consulta prelegislativa u “optan por la resistencia” tal como con el Decreto 16.
Para Pachakutik, el problema es la falta de claridad para establecer el procedimiento de redistribución de la tierra. “El espíritu de la ley debería estar enfocado para responder los problemas sociales”, aseguró Lourdes Tibán a la vez que ratificó que la consulta prelegislativa será un elemento decorativo.
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