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En el contexto de debate de una nueva Ley Orgánica de Tierra Rurales y Territorios Ancestrales en la Asamblea Nacional, las instituciones socias de la ILC en Ecuador: SIPAE, ECOLEX, FEPP, junto al Instituto Superior de Investigación y Posgrados de la Facultad de Economía, y las Carreras de Sociología y de Política de la Universidad Central del Ecuador, llevaron a cabo una mesa redonda el pasado 12 de febrero del año en curso, en donde se discutieron los puntos críticos de la propuesta de ley como la inseguridad jurídica, la reconcentración de tierra, el aumento de la productividad de la tierra, etc.; además se analizó el proceso de consulta prelegislativa que dio inicio el 5 de marzo en donde se pretende consultar temas previamente fijados de posible afectación a pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador.

El evento formó parte de las iniciativas de construcción de la Estrategia Nacional de Involucramiento – ENI Ecuador. Participaron como expositores (as): Romelio Gualán de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, Carlos Jara de la Subsecretaría de Combate a la Pobreza de SENPLADES, Dioselinda Iza de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Fernando Buendía, investigado y Edgar Isch, investigador.

Se contó con la presencia de un público numeroso interesado por el debate actual de la nueva ley de tierras, estudiantes de distintas facultades de la Universidad Central del Ecuador, investigadores (as), representantes de organizaciones campesinas, académicos y más.

Romelio Gualán (Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro)

Nosotros vemos que en este contexto de debate de la nueva ley hay dos modelos de propuestas: 1. En la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional se maneja un modelo para potencializar la productividad que se mueve alrededor de los grandes capitales; y, 2. Nosotros desde la iniciativa indígena y ciudadana habíamos planteado el modelo de la agricultura familiar, de la soberanía alimentaria o del buen vivir.

 

La ley de tierras debe considerar lo siguiente; primero considerar a la tierra como un bien estratégico donde se reproduce la vida; segundo, la redistribución de la tierra, la tierra debe ser para quien la trabaja y para alimentar al pueblo, no puede priorizarse los biocombustibles si el pueblo no tiene que comer por ejemplo. Planteamos la regularización de la propiedad, para la región costa y amazónica un límite máximo de 500 hectáreas, y 200 ha en la Sierra. Planteamos el precio social de la tierra para los campesinos y precio preferente para la mujer en el acceso a la tierra.

Carlos Jara (Subsecretaria de Combate a la Pobreza de la  Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES)

La escasez de tierra arable ya es un problema actual en el Ecuador, en un contexto de calentamiento global  y escasez de recursos.

Es innegable que en el Ecuador hay concentración de la tierra, hay una forma de dominio que no es de la propiedad, sino del uso de la tierra a través del acaparamiento. Hay que notar que el interés del capitalismo es fomentar la agricultura bajo contrato, mismo que es un proceso global que se traslada de un territorio a otro y al mismo tiempo se divisa un cambio en los  patrones de consumo de la población. El poder que nace de la concentración de la tierra no nace solamente en la tierra, sino en el dominio de la capacidad de uso  y manejo de la tierra.

Fernando Buendía (Investigador)

La ley tiende a mantener y profundizar el estatus quo de la tenencia de la tierra.

El latifundio produce un abuso de poder de mercado que genera condiciones desfavorables para otros agentes de la producción. Da tal manera que la tierra está lejos de cumplir la función social. En el caso de la ley de tierras, no regula el precio de la tierra, no define el latifundio ni la concentración de la tierra lo cual es grave, no incorpora un elemento que estaba ya mencionado en la ley de Soberanía Alimentaria que es la función social y ambiental de la tierra que se refiere a la redistribución del ingreso como función de la tierra.

Dioselinda Iza (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE)

Primero, la tierra no solo es un recurso, es un dador de vida, es un recurso sagrado. Para nosotros la tierra se debe redistribuir para que sea utilizada de mejor manera.  Nosotros pensamos que la redistribución de la tierra debe fortalecer la agricultura familiar que es la agricultura que da de comer al pueblo, las grandes  empresas han cultivado para la agroexportación, no para el consumo nacional. En el aspecto ambiental no hay ningún control de los transgénicos ni de los agroquímicos. La redistribución de la tierra es para quien la trabaja. Para nosotros los lugres donde hay minería son territorios sagrados y deberían respetarse. Además deben respetarse los territorios colectivos.

Edgar Isch (Investigador)

La consulta no puede solo ser para preguntar y luego guardar las respuestas. Los temas de consulta debe estar planteados desde abajo no desde arriba, pues el afectado de la vulneración de los derechos es quien sabe en qué derechos se va a ver afectado y no el que los vulnera. Si la consulta como lo ha manifestado el Asambleísta Proaño es una mera formalidad para que no queden temas sueltos en el aire, no hay buena fe, de hecho eso significa violar normas internacionales firmadas por el Ecuador.

Para un gobierno de modernización del capitalismo, para el cual está bien hacer cierta redistribución del ingreso a través de bonos y otras cosas, es imposible que se plantee la redistribución de la riqueza porque la redistribución de la riqueza es la redistribución de recursos como agua y tierra. Entonces, cabe preguntarse si es que la consulta prelegislativa es la mejor opción de expresión de voluntad de los pueblos y los campesinos, o junto a esa o en remplazo de esa debe haber otras formas de pronunciamiento social que hablen definitivamente de cuáles son los puntos de que desde abajo planteen las organizaciones campesinas, afroecuatorianas, indígenas y montubias.

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