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Los familiares de los once campesinos muertos en una balacera en la que también fallecieron seis policías durante un intento de desalojo de una finca dijeron el domingo que aceptaron la ayuda estatal de dinero y que resolvieron dar una tregua hasta febrero en el programa de movilizaciones contra las acusaciones de la fiscalía.

Como consecuencia, fue destituido el 22 de junio el entonces presidente, Fernando Lugo, mediante un juicio político en el Senado y fue reemplazado por el vicepresidente Federico Franco.

Mariano Castro, padre de un campesino muerto y de dos hijos encarcelados, dijo el domingo a la AP que “aceptamos la pequeña ayuda del gobierno porque en el campo existe mucha pobreza (…) Nunca el dinero podrá curar nuestras heridas ni consolarnos, pero la pobreza es muy grande”.

Por cada víctima fatal, el gobierno entregó el viernes una última cuota de ayuda a modo de indemnización, totalizando 2.500 dólares.

En tanto, las viudas de los seis policías se beneficiaron, cada una, con siete mil dólares del seguro de vida pero el salario de sus cónyuges lo recibirán tras el final de los trámites judiciales de sucesión, aproximadamente en julio de 2013.

Castro agregó que debido a las vacaciones judiciales de enero “se resolvió en la comisión sin tierra Yby Pytá dar una tregua hasta febrero en los planes de movilizaciones populares reclamando justicia imparcial”.

“El fiscal Jalil Rachid, de Curuguaty, acusó a 14 campesinos por supuestos crímenes como asociación criminal y tentativa de homicidio doloso de los policías muertos pero las armas incautadas de los compañeros en el lugar de la balacera no fueron disparadas, según el informe del mismo fiscal”, comentó en entrevista con la AP.

Finalizó diciendo que Rachid públicamente anunció que no pudo precisar “quién disparó contra los policías pero de todos modos decidió culpar a nuestros compañeros por esas seis muertes. Es una injusticia”.

El juez de Curuguaty evaluará el 12 de febrero las acusaciones para decidir si ordena o no el juicio de los 14 campesinos.

Amnesty International envió un correo electrónico a la AP para aclarar que esta organización el martes emitió un comunicado y no un informe sobre lo ocurrido en Curuguaty.

“Al igual que las muertes de los policías, la organización considera que las muertes de los 11 campesinos deben ser debidamente investigadas”.

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