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Conflictos pendientes por la injusta distribución de la tierra en Paraguay se reanudarán con la llegada del nuevo año debido a la falta de solución por parte del Gobierno.

Organizaciones de campesinos que, desde hace años, viven en condiciones muy precarias con sus familias, incluso en carpas situadas a orillas de gigantes latifundios, vieron transcurrir el 2012 sin una ayuda definitiva de los organismos oficiales.

Los problemas para ese fracaso hay que identificarlos con la intransigencia de geófagos negados a vender parte de propiedades señaladas de adquisición en condiciones dudosas y la negativa del Congreso y el Ejecutivo a aplicar el proceso de expropiación correspondiente.

El poder de los latifundistas, unido al accionar de muchos jueces y fiscales, logró en el año que acaba de terminar hasta impedir mediciones de sus terrenos con el fin de determinar la cuantía de la ilegalidad en la propiedad de extensos territorios ocupados por ellos.

Uno de los casos emblemáticos es el de la zona de Ñacunday, en el departamento de Alto Paraná, lugar en el cual miles de campesinos que viven en carpas reclaman la expropiación de cuatro mil hectáreas de un monumental latifundio en manos del empresario Tranquilo Favero.

El Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra se declaró impotente para lograr alguna solución pues Favero se niega a vender parte de una propiedad cuya legalidad está en disputa e igual hacen otros agroempresarios de la zona, provocando ocupaciones y desalojos de las familias de labriegos.

Este problema se repite en los departamentos de San Pedro y Canindeyú y otros lugares de la nación guaraní como la colonia Barbero donde la falta de decisión judicial hace que colonos allí instalados y campesinos sin tierra disputen más de cuatro mil hectáreas donadas por el gobierno italiano.

Igual se reproduce en terrenos apropiados supuestamente en forma irregular por el empresario Ulises Rodríguez, también negado a vender parte de ellos al Estado, otro de los puntos donde se anuncian conflictos este año.

En definitiva, la posesión del 85 por ciento de la tierra en manos del dos por ciento de los propietarios rurales constituye la permanente amenaza a la paz y la justicia social en los campos de Paraguay.

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