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La muerte de dos latifundistas en Chile generó reacciones diversas por parte del Gobierno y sectores de la sociedad, que miran con prismas diferentes la manera de abordar los conflictos por tierras en la convulsa región de la Araucanía.

Mientras la administración del presidente Sebastián Piñera apela a una política de mano dura contra acciones que califica de terroristas, no son pocas las voces que llaman al poder Ejecutivo a atajar las causas de hechos violentos como los incendios provocados, en uno de los cuales el viernes último murió un matrimonio de hacendados.

Para este lunes fue convocada con carácter urgente una junta de la Agencia Nacional de Inteligencia, como parte de las medidas anunciadas por Piñera a fin de incrementar el dispositivo policial y de vigilancia en la región, ubicada a más de 600 kilómetros al sur de la capital.

Los incendios están dirigidos contra latifundistas de la zona, cuyas tierras son demandadas por indígenas mapuches, que las reclaman como territorios ancestrales de ese pueblo originario.

Tras el fatal siniestro del viernes en una hacienda en la comuna de Vilcún, afloró el criterio de que el incidente debería marcar un antes y un después en el conflicto araucano.

El senador Eugenio Tuma exhortó al Gobierno a atender las causas de la problemática y recordó que en la región hay actos de violencia permanente desde el Estado, y también acciones de reivindicación constantes de los pueblos originarios.

De acuerdo con el congresista, la violencia terminará cuando el Ejecutivo tome un camino distinto, y vaya a las causas que provocan estos actos de reivindicación de tierras, "que tienen que ver con un reconocimiento del daño que el Estado le ha hecho no solamente a los pueblos originarios, sino también a todos los habitantes de la Araucanía".

Según el senador, los funcionarios gubernamentales solo visitan la zona para ir a los tribunales, no a conversar con la región.

El diputado Guillermo Teillier consideró que si bien la violencia no es el camino, tampoco lo es la represión ciega ni las interpretaciones sobredimensionadas que lleven a una mayor confrontación.

"Lo que se hace imprescindible es que el Estado, con el conjunto de la sociedad, atiendan de una vez por todas las demandas y los derechos del pueblo mapuche y se cumplan los tratados internacionales en materia de pueblos indígenas", expresó el legislador, quien preside el Partido Comunista de Chile.

Horas después del incendio del viernes, en que fue quemada por encapuchados la hacienda del matrimonio Werner Luchsinger y Vivianne McKay con ellos dentro, el presidente Piñera se trasladó a la ciudad de Temuco y anunció varias medidas policiales, entre ellas el establecimiento de una zona especial de vigilancia.

En el perímetro están desplegados unos 400 efectivos de la policía de Carabineros, de manera que es el territorio de mayor concentración de uniformados del país, en correspondencia con el número de habitantes.

Según informó el ministro del Interior Andrés Chadwick, además de esa fuerza, fueron destinados 40 peritos de la Policía de Investigaciones a las pesquisas sobre los incidentes, que incluyeron otros dos incendios el sábado.

Adicionalmente a los medios existentes en la región, el refuerzo suma cuatro nuevos vehículos blindados y un segundo helicóptero de exploración.

El Gobierno anunció también que aplicará le ley antiterrorista en los casos de incendios provocados.

Esa legislación fue creada durante la dictadura de Augusto Pinochet y su implementación, según han denunciado los mapuches, está dirigida a juzgar y castigar delitos considerados políticos, teniendo como propósito central estigmatizar con el mote de terroristas a las agrupaciones sociales.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) rechazó la aplicación de esta Ley porque vulnera principios del debido proceso.

"Nuestra legislación penal dispone de los instrumentos suficientes para investigar y sancionar estos repudiables hechos y sancionar a los responsables", expresó el INDH.

El clan de los Luchsinger ha estado vinculado al conflicto indígena desde inicios del siglo XX, tras el llamado proceso de Pacificación de la Araucanía, incluso hace cinco años un estudiante universitario mapuche fue baleado por la policía en los predios de la hacienda Santa Magdalena, propiedad de Jorge Luchsinger, primo de una de los latifundistas muertos el viernes.

"La relación ha sido de conflicto", comentó a Radio Universidad de Chile el historiador e investigador del Observatorio Ciudadano Matías Correa, quien recordó que los Luchsinger llegaron a tener una pulpería en la zona, y cuando los mapuches no podían pagar los alimentos, los hacendados se iban adjudicando tierras hasta tener las que poseen hoy.

Concluida la segunda mitad del siglo XIX, el Estado chileno diseñó un plan para ocupar las tierras de los mapuches, encausado por el Ejército, en el llamado proceso de "Pacificación de la Araucanía", al punto de que la comunidad fue sometida militarmente en 1883.

Tres años después el Congreso creo la llamada Comisión Radicalizadora, que a la postre facilitó la ocupación ilegal de los predios por particulares, trayendo como resultante que solo 500 mil hectáreas quedaran en posesión de los indígenas, área muy pequeña en comparación que la que originalmente tenían.

Durante la Reforma Agraria de Eduardo Frei Montalva y con más fuerza en los años de gobierno del presidente Salvador Allende (1970-1973), lograron recuperar más de 80 mil hectáreas, pero tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet, la comunidad sufrió un nuevo revés, ya que los militares pusieron fin a la propiedad colectiva de la tierra, y con ello desarticularon una de las bases de su cultura.

Desde mediados de la década de 1990, organizaciones y comunidades mapuches se enfrentan a empresas agrícolas y forestales por la propiedad de tierras que consideran de sus antepasados.

Los grupos reivindican como propias más de 15 mil hectáreas, en la actualidad en manos de empresas forestales, el fisco y hacendados.

Estadísticas del censo en Chile indican que los mapuches constituyen el cuatro por ciento de la población del país, y el 87 por ciento de la comunidad indígena total de la nación, localizados fundamentalmente en la sureña región de la Araucanía.

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