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La caleta de Mehuín, en la costa norte de Valdivia, ya suma más de dos décadas de lucha y resistencia en contra del intento de Celulosa Celco-Arauco de instalar un ducto en el mar para depositar sus desechos contaminantes. En estos años, las comunidades han utilizado diversas estrategias, entre las que se cuenta la solicitud de concesiones marinas y espacios marinos de los pueblos indígenas, para bloquear la voluntad de Celco.

Por estos días, sin embargo, el Servicio Nacional de Pesca analiza la posibilidad de darle una salida al ducto de la empresa en el área de manejo que hasta el 31 de diciembre estuvo bajo la administración de la Federación de Pescadores Artesanales de Mehuín, en San José de la Mariquina.

La evaluación positiva se apoya en un informe de Contraloría que estableció que la idea de otorgar una concesión marítima a la empresa en el área de manejo de los pescadores artesanales es sostenible, aunque solicitan el pronunciamiento previo del Servicio Nacional de Pesca.

Un Tribunal integrado por los jueves Martín O’ Connor y Jorge Criado decidió este martes en Esquel confirmar la prisión preventiva para el activista mapuche Facundo Jones Huala, acusado por la ocupación de tierras de la Compañía de Tierras del Sud en Leleque, entre otros cargos que se le adjudican.

En ese marco, la defensa particular planteó que la decisión inicial del juez Martín Zacchino no estuvo debidamente fundada, sino que se basó en meras presunciones. Y pidió que se tenga en cuenta que en caso de integrantes de los pueblos originarios, la prisión debe intentarse reemplazar por otras medidas.

Mientras tanto, el fiscal Oscar Oro defendió la resolución del juez de la carpeta y el Tribunal entendió que la resolución cuestionada fue debidamente fundamentada y que la defensa no logró convencer a estos magistrados de que el imputado se presentaría voluntariamente en caso de ser citado en el proceso.

El Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, con fecha 27 de mayo, acogió el recurso interpuesto por la Alianza Territorial Mapuche y las comunidades mapuche de Curacautin, y ordena paralizar la instalación de la central hidroeléctrica Doña Alicia, proyecto que se emplazaría en la rivera del río Cautin sector piedra cortada, Malalcahuello. Proyecto que en primera instancia había sido rechazado en su declaración de impacto ambiental y posteriormente aprobado de forma arbitraria por el Consejo de Ministros de Santiago, sin haber generado consulta previa a las comunidades mapuche de la zona.

El recurso patrocinado por la abogada Manuela Royo Letelier, acompañado de los informes antropológicos y sociocultural de los profesionales Ana Cortés y Miguel Melin, e informe de impacto territorial a cargo del geógrafo Dr. Pablo Mansilla, argumentó que dicho proyecto tendrá afectación directa el territorio ancestral mapuche que las comunidades reconocen como tal a partir de la palabra de sus autoridades ancestrales más allá de los límites impuestos por el título de merced entregados por el estado chileno.

Durante la mañana de este miércoles, la ministra de Salud Carmen Castillo informó que se inició el sumario sanitario a través de la autoridad de la Región de Valparaíso por el derrame de petróleo en Quintero.

La secretaria de Estado aclaró que tienen elementos para iniciar el sumario para que no se repitan situaciones así en el futuro. Además, el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier también había anunciado que el gobierno se encuentra estudiando interponer una demanda por daño ambiental.

 La experta en química ambiental y acuática de la Universidad de Santiago, Dra. María Angélica Rubio declaró a la prensa que por emergencias de este tipo, el sector podría convertirse “en un basurero lleno de sulfuros metálicos y se verá muy poca vida marina” Además señalaron que los eventos ocurridos en años consecutivos estarían revelando una clara despreocupación de parte de las autoridades del país.

No obstante que el Gobierno anunció con bombos y platillos un acuerdo mediante el que se pondría término a las movilizaciones en Chiloé, en siete de las diez comunas de la provincia, ayer los afectados por la marea roja dijeron otra cosa. El acuerdo solo alcanzaría a la mitad de las comunas.

Según el presidente del movimiento Defendamos Chiloé, Juan Carlos Viveros, se trata de una problemática social y demandas históricas que van más allá del bono ofrecido por el Gobierno.

“El conflicto no está superado, hay comunas que dicen que se bajaron, pero aparecen otras agrupaciones tomándose las mismas barricadas y recuperando los cortes de camino; también ha pasado que los dirigentes firman y luego las asambleas no lo aceptan la propuesta”, consigna La Tercera.