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Sudamérica, octubre de 2021

Nosotrxs, líderes y autoridades territoriales, investigadoras e investigadores, instituciones, colectivos y activistas de Sudamérica, todas y todos comprometidos con organizaciones rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes, su acceso a la tierra y territorio y el ejercicio de sus derechos colectivos y campesinos, reunidos en el VIII Encuentro por la tierra y territorio en Sudamérica, llevado a cabo entre el 5 y 8 de octubre de 2021, en plataformas virtuales y redes sociales, declaramos:

Que, la pandemia provocada por el COVID-19 ha restringido parte de la vida cotidiana de las personas, rurales y urbanas, impedido o modificado el normal desarrollo de nuestras actividades económicas y productivas, e impuesto una serie de emergencias sanitarias por la deficiencia de nuestros sistemas de salud. Sin embargo, y al mismo tiempo, se ha visto la profundización del modelo del agronegocio, cuyas actividades de explotación intensiva, extracción y transporte, no se han detenido, y más bien han tenido el apoyo y resguardo de los Estados. 

Que, en nuestros países, pese a tener leyes favorables y de reconocimiento a los pueblos indígenas y comunidades campesinas y afrodescendientes, no se cumple la consulta previa, libre e informada, ante una diversidad de proyectos de intervención territorial, que afectan las formas de vida, el normal cauce de los ríos y el aprovechamiento tradicional de los ecosistemas.

Que, las políticas de distribución, dotación y titulación de tierras se han detenido, “a causa de la pandemia”, y que en algunos de nuestros países se vienen trabajando leyes y normativas para continuar obstaculizando el acceso de la población campesina indígena y afrodescendiente, a tierras, incluso la titulación de aquellos territorios que ocupan actualmente. 

Que, la crisis climática la enfrentan las poblaciones rurales, no obstante, se encuentran pocas o ninguna acción frente a la enorme contaminación y afectación que deja a su paso la minería, legal e ilegal, la explotación hidrocarburífera y las persistentes exploraciones, y con todo esto, nuevos intentos de despojo, desplazamiento y avasallamiento de territorios ancestrales, tierras campesinas y comunidades de diverso tipo. Y vemos, que el enriquecimiento de pocos y la precarización de muchos, que deben observar cómo el agua se dispone para los monocultivos agrícolas y forestales y no así para los cultivos alimentarios y para la reproducción de la vida comunitaria.  

Que las crisis políticas e institucionales desfavorecen la continuidad de los logros que pueden llegar a tener las acciones de campesinos, indígenas y afrodescendientes. Que las disputas y exacerbación de la lucha ideológica y mediática, se desentiende de los conflictos territoriales, las luchas por la tierra y el agua, las necesidades alimentarias de las grandes masas populares, y que, en definitiva, ningún tipo de gobierno se atreve a ponerle freno al agronegocio y al extractivismo, ni en los territorios rurales, ni a favor de la mayoría de sus poblaciones, ni en sus formas de negociar los recursos naturales ante capitales internacionales.

Que, los territorios indígenas, las comunidades campesinas y afrodescendientes, han resistido la crisis sanitaria, así como resisten las diversas crisis que les atraviesan, y además, han propuesto una serie de estrategias para menguar las necesidades. Que sus demandas por tierra, por regularización agraria y sus procesos de defensa territorial, también han sido persistentes, y que, la respuesta de la institucionalidad responsable ha sido la omisión, en el mejor de los casos, y la persecución y violencia, en el peor de los casos. 

Que las mujeres hemos sentido, desde el rol que el patriarcado nos ha asignado, como cuidadoras, todas estas afectaciones en la piel y en la carne. Nuestros cuerpos-territorios están en resistencia permanente y por el ejercicio de los derechos que hemos conquistado, y vivimos los impactos de las afectaciones del agronegocio, el extractivismo y las violencias de las que se valen estos modelos productivos que impulsan una política de la explotación y la muerte.

Respaldamos las propuestas y avances que vienen desde los territorios:

Sostenemos que la pandemia ha demostrado que hay una forma distinta de vivir, que nos lleva a reformular nuestros consumos y hábitos. Que nos convocan a mirar en los territorios y organizaciones aquellas maneras más armónicas de producir, aprovechar, distribuir, intercambiar y comercializar los productos alimentarios.

Afirmamos que la emergencia climática, necesita de los campesinos, indígenas y afrodescendientes, la propiedad colectiva, y una mirada respetuosa de los territorios. Llamamos a las instituciones públicas y privadas, a hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, respaldando sus iniciativas, o al menos levantar los obstáculos que se han impuesto sobre ellas.

Denunciamos la criminalización de la protesta, el permanente uso de la fuerza, y la ausencia de procesos jurídicos eficientes contra los violentos, lo que ha reproducido asesinatos y amedrentamiento de líderes sociales, mujeres y hombres, en distintos países de la región.

Sostenemos que las mujeres son las más afectadas en los contextos de crisis, económica, política y sanitaria, por lo que debemos priorizar y respaldar su palabra y particular agenda de lucha .  

Animamos a la población a apoyar a las iniciativas inspiradoras, que existen en todos los países, a través de acciones solidarias, apoyo a la comercialización, o cualquier otra iniciativa que devuelva toda contribución de las poblaciones rurales, que no es retribuida por los sistemas políticos y económicos que priman en los países de la región, y en el mundo.

Nos comprometemos, cada quien desde sus propias vías, a apoyar las distintas formas de resistencia, continuar amplificando la voz de los territorios, incidir en los estados, en los organismos multilaterales, para que las agendas de los poblaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes, sea tomada en cuenta, se cumplan los derechos reconocidos en cada uno de los países, y se amplíen aquellos aún se encuentran pendientes, como los derechos de los campesinos, indígenas y otras personas que trabajan en las áreas rurales.