Artículos de opinión

Aporte de las mujeres rurales

Mónica Novillo G.

Domingo, 19 Noviembre 2017

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En el marco del lanzamiento del Diseño Participativo del Protocolo de Protección para Defensores de Derechos Humanos en Contextos Rurales, se denunció que los hostigamientos a los activistas son recurrentes, en su mayoría por parte de Grupos Paramilitares, la Fuerza Pública y en menor medida por grupos guerrilleros.

En el documento, elaborado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), con la colaboración de organizaciones sociales, activistas y órganos oficiales, se establece que en Colombia, las comunidades y líderes campesinos continúan siendo víctimas de persecuciones y estigmatizaciones.

La Cumbre Agraria, Campesina, étnica y Popular se declara en sesión permanente en la sede del Ministerio del Interior hasta tanto el gobierno nacional en cabeza de Juan Manuel Santos, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura no resuelvan de fondo las dificultades presentadas en la mesa de negociación y no rodee de garantías a los voceros y comunidades agrarias.

Esta decisión se toma tras la reciente expedición de una orden de captura contra 12 miembros del consejo comunitario de Acandí departamento de Chocó y la posterior detención del dirigente social del pueblo negro Emigdio Pertuz, vocero de la Cumbre Agraria, quien fue capturado en el hotel que el Gobierno Nacional contrató para la sesión de trabajo de la Mesa Única Nacional de Negociación a desarrollarse el 1° de diciembre del año en curso.

La decisión tomada por el Incoder y el Gobierno Nacional de otorgar 177.817 hectáreas de terrenos a las poblaciones negras e indígenas del Naya, ha sido bien recibida. Sin embargo, desde las comunidades se insiste en la necesidad de recibir garantías por parte del Estado para que se acate este fallo y se respete la dignidad de los habitantes, para asi continuar realizando el ejercicio de pertenencia y permanencia en el territorio.

La batalla jurídica que se libró por la titulación de las tierras que limitan con los municipios de Buenaventura y López de Micay en la Cuenca del Río Naya entre las comunidades que viven en el territorio, el Estado y la Universidad del Cauca, duró más de 16 años. La extensión del territorio que se encuentra ubicado en el suroccidente de Colombia, supera la extensión de la zona rural y urbana de Bogotá; que se estima, tiene un área de 153.659 hectáreas.

Frente a los incumplimientos sistemáticos del gobierno colombiano a la Cumbe Agraria Campesina, Étnica y Popular y la evidente dirección de la actual política agraria a fortalecer la agroindustria trasnacional a través de las ZIDRES (Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico) La Cumbre hace un fuerte llamado al gobierno de Juan Manuel Santos a que sea coherente con los acuerdos a los que llega y las acciones de gobierno que toma. Así mismo llama la atención por el recrudecimiento de la situación de DDHH y garantías en los territorios. A continuación la carta completa que le dirige la Cumbre Agraria a Juan Manuel Santos como principal representante del gobierno colombiano:

Bogotá, D.C., 30 de noviembre de 2015

Encabezada por la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC y demás organizaciones regionales indígenas del País se inició desde el 22 de noviembre una marcha hacia la capital colombiana. Desde ese día los indígenas realizan concentraciones de los pueblos, comunidades, autoridades indígenas y sectores sociales y populares en el Centro de Armonización de Gualanday Resguardo Munchique los Tigres Zona Norte del Cauca. El lunes 23 de noviembre comenzó el desplazamiento con una caravana a partir de las 3 a.m. hacia la ciudad de Bogotá y el martes 24 adelantaron reuniones con sectores sociales y populares para reflexionar y proyectar la reactivación de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria del 2008.