Artículos de opinión

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Voceros de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y delegados del Gobierno Nacional se reunieron ayer para evaluar el año y siete meses de negociación tras el paro del 2013. Por el lado del Gobierno estuvieron presentes el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, y el del Interior Juan Fernando Cristo.

Para los líderes campesinos el balance de la negociación tras el paro es negativo, ya que más del 70% del pliego de peticiones ni siquiera ha sido abordado por la mesa, dijo Juan Carlos Quintero, uno de los voceros.

Si bien reconocen el esfuerzo del Gobierno en materia de infraestructura, principalmente en vías, los temas más importantes están sin avance alguno: la sustitución concertada y gradual de cultivos declarados ilícitos, y la declaración de la zona de reserva campesina. Este último tema esta en manos del Gobierno hace varios años y siempre han encontrado la manera de dilatarlo. Por esto el anuncio del ministro del Interior, en el que el Gobierno Nacional se compromete a declarar zona de reserva campesina los polígonos de San Calixto y Hacarí antes de finalizar el 2016 es un anuncio positivo y esperanzador para estas comunidades.

Las comunidades campesinas asentadas en los Parques Nacionales Naturales: Tinígua, Cordillera de Los Picachos y Sierra de La Macarena sientan su más sentida voz de protesta frente a los procesos sancionatorios impuestos por los jefes de estos parques César Zarate.

Todo comienza con el proceso sancionatorio que frena la construcción de la unidad sanitaria del internado Juan León, ubicado en la vereda Brisas del Guayabero; un segundo proceso se abrió en contra de la empresa de transportes Cootransariari con ruta Granada – Uribe – San Juan de Losada – La Macarena; por último se detuvo con otro proceso la instalación de equipos para el funcionamiento del programa de internet "Vive Digital" en 22 escuelas al interior de los Parques.

Con estas medidas arbitrarias están siendo afectadas más de 800 familias conformadas por menores de edad, adultos mayores, hombres y mujeres que habitan al interior de estas áreas protegidas; mediante estos actos administrativos impuestos por los jefes de los parques desde la comodidad de sus escritorios:

Crece el miedo de que las comunidades afrodescendientes e indígenas, así como sus territorios, queden a la deriva luego de la firma de la paz entre las Farc y el Gobierno colombiano. Organizaciones defensoras de derechos humanos prenden las alarmas sobre el futuro de estas comunidades y sus territorios durante el posconflicto. Se calcula que aproximadamente el 14 % del territorio colombiano –es decir, cerca de ocho millones de hectáreas de tierra– sería liberado de la presión de las Farc una vez se firme la paz. Todo un fortín territorial que tanto grupos criminales como explotadores de recursos naturales y multinacionales se pelearán centímetro a centímetro.

Es por esta razón que las comunidades indígenas y afrodescendientes en Colombia, desplazados históricos de estos territorios, claman por la protección y restitución de estas tierras. Existe cerca de un millón y medio de desplazados indígenas, de los cuales casi medio millón no tienen reconocimiento oficial de sus derechos colectivos de la tierra y solo el 5 % de la comunidad afrodescendiente goza de esos derechos.

Ante la crisis humanitaria que viven los habitantes de La Guajira, y en especial por la desnutrición infantil, organismos de defensa de DD.HH. exigen al Gobierno tomar medidas.
La Federación de Departamentos de Colombia (FDC) pidió este jueves al Gobierno que tome medidas de emergencia ante la crisis que viven los habitantes de La Guajira, en especial en la población infantil, donde un gran número padece de los embates de la desnutrición.

Luego de que la Defensoría del Pueblo alertara sobre los índices de desnutrición en Colombia, el titular de la FDC, Amilkar Acosta, pidió al presidente Juan Manuel Santos que proceda de forma urgente a dar amparo a la niñez en la región caribeña que está castigada por el flagelo del hambre.

>> En Colombia se extiende la muerte de niños por hambre y sed 

Denunció que unos tres mil niños de la étnia wayúu viven en condiciones precarias por la carencia de recursos para su subsistencia.

“Esos hombres y mujeres, que representan el 44.9 por ciento de la población radicada en La Guajira, perdieron valiosas hectáreas de tierra y el acceso al río Ranchería como resultado de la expansión de los programas mineros”, explicó.

La dramática situación de los niños que mueren por desnutrición en Colombia continúa y se extiende, amenazando con convertirse en un problema endémico. Así lo alertó la Defensoría del Pueblo de ese país tras conocerse la muerte de un pequeño de un año en el departamento de Arauca (norte) donde seis niños más están en riesgo de correr con la misma suerte.

EN CONTEXTO

Activistas y voceros de las agrupaciones aborígenes denuncian que el desabastecimiento de agua y la escasez de alimentos causaron el fallecimiento de cuatro mil 770 pequeños de origen wayú, durante los pasados ocho años.

Colombia es un país que aspira ingresar al club de los países ricos, La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cuya misión es “promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo”.

Pero lo cierto es que en esa nación muere cada 33 horas un menor de cinco años por hambre, según estimaciones del Instituto Nacional de Salud de Colombia. 

EL DATO: En La Guajira las más de 400 mil personas que conforman la comunidad wayúu viven los 365 días del año con temperaturas de entre 35 y 42 grados. Deben soportarla sin el suministro de agua, porque desde que se instaló -hace más de 10 años- una empresa minera en la región, han ido disminuyendo las garantías para que se pueda tener acceso al líquido. Las muertes son la evidencia del drama que en esa zona se vive.

 Este contenido ha sido publicado originalmente por teleSUR bajo la siguiente dirección: 
 http://www.telesurtv.net/news/Piden-al-Gobierno-colombiano-proteger-a-ninos-wayu-20160205-0003.html. Si piensa hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y coloque un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. www.teleSURtv.net

Ante la crisis humanitaria que viven los habitantes de La Guajira, y en especial por la desnutrición infantil, organismos de defensa de DD.HH. exigen al Gobierno tomar medidas.

La Federación de Departamentos de Colombia (FDC) pidió este jueves al Gobierno que tome medidas de emergencia ante la crisis que viven los habitantes de La Guajira, en especial en la población infantil, donde un gran número padece de los embates de la desnutrición.

Luego de que la Defensoría del Pueblo alertara sobre los índices de desnutrición en Colombia, el titular de la FDC, Amilkar Acosta, pidió al presidente Juan Manuel Santos que proceda de forma urgente a dar amparo a la niñez en la región caribeña que está castigada por el flagelo del hambre.

Para el ex representante a la Cámara, Wilson Arias Castillo, la Ley de ZIDRES es la peor contra reforma agraria que se ha realizado en el país y está formulada en clave de extranjerización de la tierra por una parte y de agro exportación por la otra. Tanto las investigaciones de Arias, como las de senadores como Castilla, Robledo y Cepeda han dado cuenta ante la contraloría de más de 120 mil hectáreas acumuladas fraudulentamente, pero podrían ser 2 millones según lo manifestado por el propio presidente de FEDEGAN citado por Arias.

Monica Semillas, Cargil, Poligrow con empresas chinas, argentinas, norte americanas entre otras, ingenios como Mayaguez, Manuelita, Riopaila y las familias Santos, Valencia Iragorri, Sarmiento Angulo, Ocampo, Lafourie y Lizarralde hacen parte del selecto grupo de familias que se habrían apropiado de cerca de 2’000.000 de hectáreas en el marco de operaciones fraudulentas de acaparamiento antes de la promulgación de la ley ZIDRES.