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El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, exhortó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a adoptar medidas que permitan el cumplimiento de los acuerdos entablados hace más de un año con la población indígena de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, de la región Loreto. 

Asimismo, solicitó al presidente del Congreso de la República priorizar la discusión y aprobación del Proyecto de Ley N° 4933/2015-PE, que permitiría el desarrollo de estrategias de remediación ambiental en áreas afectadas por actividades de hidrocarburos en el ex Lote 1AB (hoy Lote 192) y en el Lote 8.

Esto debido a que el citado proyecto de ley autoriza al Ministerio de Energía y Minas (Minem) a suscribir convenios de Cooperación Técnica Internacional en materia ambiental para el desarrollo de dichas estrategias. 

El Ministerio de Salud declaró la situación de emergencia sanitaria del pueblo Nahua acompañada de un plan de acción de 90 días calendario. Sin embargo, la especialista Frederica Barclay advirtió que las medidas adoptadas "no ofrecen en forma alguna una respuesta".

El plan de acción adjunto a la resolución del sector salud publicada el 7 de abril no contiene un indicador específico para medir el cumplimiento de identificar la fuente de contaminación por mercurio que abate a la población nahua.

La resolución no alude directamente a los factores que han conducido a que el pueblo nahua “present[e] una situación de vulnerabilidad extrema” y "de lo que se sabe, se ha hecho muy poco esfuerzo por identificar la fuente de exposición y determinar la ruta de contaminación" indica Barclay del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú Equidad.

150 comunidades indígenas pertenecientes a Ucayali demandaron el reconocimiento de sus territorios y presentaron su pedido durante el desarrollo del debate de la Mesa Técnica de Titulación, que forma parte de la Mesa de Diálogo y Desarrollo de Ucayali.

Aqui los pueblos exigieron la demarcación territorial, ampliación, titulación y registro de tierras, ante la presencia de la viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, viceministrode Políticas Agrarias, y otros representantes del ejecutivo, en la ciudad de Pucallpa.

En la reunión se tomó el acuerdo de crear una mesa especializada para la atención del saneamiento físico legal de comunidades nativas y predios rurales.

En la medida que avanza la campaña electoral algunos candidatos comienzan a hacerle algunos guiños al sector de mineros informales e ilegales. Por ejemplo, el candidato Kuczynski ha propuesto reflotar el Banco Minero pensando en ese sector, mientras que Keiko Fujimori, en una reciente visita a Puno, afirmó que se debe comenzar de cero el proceso de formalización.

Mientras esto ocurre, el congresista por Madre de Dios, Amado Romero, ha presentado un proyecto de ley (17 de febrero) que en concreto plantea derogar todo el marco legal que estableció el Ejecutivo desde el año 2012 para la formalización minera y la interdicción de las actividades abiertamente ilegales: “es conveniente derogar o dejar sin efecto las normas que regulan el actual proceso de formalización, cuyos resultados son infructuosos”, han declarado los autores del proyecto, los congresistas Amado Romero (Arequipa), Tomas Zamudio (Arequipa) y Eduardo Cabrera (Ica). Dicho sea de paso, esta posición coincide plenamente con las propuestas de Hernando de Soto.

Rómulo Tinta, el alcalde de Caylloma (Arequipa), denunció un derrame de 15 mil metros cúbicos de relave minero de la empresa Shila Paula de Buenaventura, ubicada en provincia de Castilla, en los afluentes del río Colca.

El hecho se produjo el pasado sábado y al parecer la contaminación habría llegado a los ríos Molloco, Huaruro, Llatica y hasta el río Colca, con el peligro que contamine también a los ríos Majes y Camaná.

Según Tinta, al margen de este tipo de daño ecológico, se teme que el hecho perjudique a la producción de truchas y camarón a lo largo de dichos afluentes.