En el Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Enrique Gauto (Codehupy) y Frank Conde Tangberg (Amnistía Internacional), enumeran las principales deudas pendientes que el Estado Paraguayo sigue teniendo en este campo. Conózcalas.
Hace 65 años la humanidad dio un gran paso en el reconocimiento de la dignidad de todos los habitantes de la Tierra, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en París, Francia, el 10 de diciembre de 1948, aprobó los 30 artículos la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Desde entonces, las autoridades de cada Estado del planeta deben rendir permanentemente un examen ante la comunidad internacional y ante sus propios ciudadanos, acerca de cuánto de estos artículos son respetados en su territorio, y cuántos aún son permanentemente violados.
ULTIMAHORA.COM pidió a dos referentes de las principales organizaciones defensoras de derechos humanos que elaboren un Top Ten, definiendo cuáles son las 10 principales faltas que el Estado Paraguayo adeuda actualmente.
Enrique Gauto, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), y Frank Conde Tangberg, directivo de Amnistía Internacional, responden en distintas claves.
La Codehupy, que congrega a la mayoría de las organizaciones sociales y no gubernamentales del país, entrega cada año, justamente el 10 de diciembre, su Informe sobre Derechos Humanos en el Paraguay, que es considerado el documento más completo y elaborado sobre el tema.
En esta ocasión, Enrique Gauto aceptó definir las 10 principales faltas del Estado Paraguayo en una entrevista grabada en video.
Los puntos resumidos en el material son:
1.-La no renovación de la Defensoría del Pueblo
2.-La falta de una investigación seria sobre la masacre de Curuguaty.
3.-La inexistencia de respuestas a la problemática de la tierra
4.-La desprotección de la agricultura familiar campesina
5.-La no priorización de las políticas sociales
6.-El incumplimiento de sentencias a favor de los pueblos indígenas
7.-Las dificultades de acceso a la Justicia para los sectores populares.
8.-La destrucción del medio ambiente
9.-El incumplimiento de derechos de adultos mayores, niños y adolescentes, y otros sectores vulnerables.
10.-Aumento de la represión del Estado contra los sectores populares
(Pueden asistir al desarrollo de todos y cada uno de estos puntos, en el video que acompaña a este reportaje).
La visión de Amnistía Internacional
Frank Conde Tangberg, vicedirector de Comunicación de Amnistía Internacional en Paraguay, respondió por escrito, elaborando nueve cuestiones prioritarias de derechos humanos. Aclara que la enunciación no corresponde a una jerarquización, y contempla varios otros subpuntos.
A continuación, la versión de AI:
1.- Derechos de los Pueblos indígenas: El Estado paraguayo está en deuda con los pueblos indígenas. Paraguay es el único Estado de la Organización de Estados Americanos (OEA) que cuenta con tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su contra por violar el derecho colectivo a las tierras ancestrales de comunidades indígenas.
La Corte IDH emitió tres sentencias favorables a las comunidades Yakye Axa (2005), Sawhoyamaxa (2006) y Xámok Kásek (2010). La fecha para la cual el Estado debió haber cumplido con estas sentencias ha vencido en los tres casos, sin embargo no se ha cumplido cabalmente con ninguna de ellas.
Es importante recordar que –ante la imposibilidad de regresar a sus tierras– estas comunidades han vivido al borde de rutas por más de 20 años en condiciones de miseria. La Corte IDH condenó al Estado por violar su derecho a la vida de estas comunidades, entre otros derechos, ya que integrantes de las mismas murieron debido a las condiciones de vida que sufren.
En marzo de 2013, los Sawhoyamaxa, cansados de esperar y sin ver avances significativos en el cumplimiento de la sentencia, decidieron retornar a sus tierras, aún sin tener seguridad jurídica sobre las mismas. Actualmente, hay un proyecto de ley de expropiación a favor de la comunidad en el Congreso de la Nación pendiente de discusión. En el caso de la comunidad de Yakye Axa, a pesar de un acuerdo entre las autoridades y un terrateniente para la comprar de tierras ancestrales de la etnia Enxet en el 2012, las familias siguen sin poder trasladarse a sus tierras por falta de acceso. Mientras no se les restituyan sus tierras ancestrales la violación a sus derechos humanos prevalece y las comunidades y sus culturas se encuentran en riesgo. Amnistía Internacional exige que el Estado paraguayo cumpla cabalmente con las tres sentencias emitidas por la Corte IDH de manera inmediata.
2.- El derecho a exigir el cumplimiento de los derechos, económicos, sociales y culturales: Entre los grandes retos en el Paraguay está el fin de la exclusión social y la lucha por el acceso igualitario y de calidad a los derechos a la salud, educación, vivienda digna, agua, entre otros. La falta de posibilidades para reclamar por el cumplimiento de estos derechos a nivel internacional perpetúa su falta de ejercicio.
En 1992 Paraguay ratificó el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (ONU) . Sin embargo, su protocolo facultativo que da lugar a un mecanismo para reclamar los derechos económicos, sociales y culturales ante un Comité de expertos de Naciones Unidas aún no ha sido ratificado dejando a la población paraguaya sin este espacio de denuncia y exigibilidad de sus derechos.
3.- Violaciones de derechos humanos en el contexto de disputas sobre tierras: Muchos de los problemas de derechos humanos en el Paraguay se deben a problemas relacionados con la distribución de la tierra. En particular existen reclamos de parte de comunidades indígenas y campesinos sin tierras. Como consecuencia hubo conflictos prevenibles entre la población civil y el Estado. Uno de los casos emblemáticos ha sido el conflicto en Curuguaty el 15 de junio de 2012 donde murieron 6 policías y 11 campesinos en el contexto de un allanamiento. Las investigaciones no han sido exhaustivas, y sólo se ha investigado la participación de los campesinos y no a los policías que participaron en el operativo.
Tampoco existe mayor información de que se hayan investigado las denuncias de malos tratos y de tortura. Amnistía Internacional ha emitido distintos pronunciamientos llamando a asegurar investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre lo sucedido en Curuguaty para asegurar que los presuntos responsables de las muertes de 17 personas comparezcan ante la justicia en el marco de un debido proceso y juicio justo.
4.- Impunidad histórica: Paraguay tiene una deuda importante con las víctimas de violaciones de derechos humanos de la época del régimen militar (1954-1989). A pesar de haber realizado una investigación que culminó en la publicación del informe final de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), no ha habido un proceso judicial que abarque de manera completa a las violaciones de derechos humanos que se identificaron.
Según el informe, al menos 59 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, 336 fueron desaparecidas forzosamente, 3.470 fueron exiliadas, 18.772 fueron torturadas, y 19.862 fueron detenidas arbitraria o ilegalmente. El mismo informe además destaca la presunta responsabilidad de 448 victimarios.
Sin embargo, estas violaciones, en su totalidad no se han traducido en las necesarias investigaciones criminales y pocos son los responsables que han sido llevados ante la justicia. Las víctimas, por lo tanto, han tenido que buscar justicia en mecanismos supranacionales o en otros países.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el emblemático caso de Goiburú y Otros Vs. Paraguay reconoció que el Estado había violado el derecho a la vida, integridad personal y libertad personal de Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro, Rodolfo Ramírez Villalba y Benjamín Ramírez Villalba quienes en los años 70 fueron detenidos, torturados y desaparecidos forzosamente. En agosto de 2013, 14 personas presentaron una querella criminal ante la justicia Argentina en el marco de la jurisdicción universal para que los responsables sean llevados ante la justicia en este país.
Amnistía Internacional exige que el Estado paraguayo coopere con la justicia argentina para que se pueda obtener justicia en estos casos. Es una obligación del Estado asegurar, verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de violaciones de derechos humanos de la época.
5.- Ausencia de mecanismos eficaces para combatir la discriminación: Actualmente, el Estado paraguayo no cuenta con una Ley Contra Toda Forma de Discriminación, a pesar de que la Constitución Nacional y varios tratados internacionales de derechos humanos que Paraguay ha ratificado la prohíbe.
En 2007, por primera vez, la sociedad civil del Paraguay impulsó un proyecto de ley para eliminar la discriminación, que fue presentado ante el Congreso de la Nación. Lamentablemente el proyecto de ley no ha sido adoptado.
Amnistía Internacional exige la pronta discusión y aprobación de este proyecto de Ley Contra Toda Forma de Discriminación, en diálogo con las organizaciones de la sociedad civil.
6.- Derecho de las mujeres a una vida sin violencia: La discriminación de género se expresa con frecuencia a través de la violencia hacia las mujeres. Existen estudios que indican que al menos 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre, en algún momento de su vida, alguna forma de violencia. Ninguna clase social, comunidad religiosa, etnia o nación se libra de este problema.
En Paraguay 6 mujeres por día denuncian algún tipo de violencia - económica, física, psicológica, sexual, según datos del Ministerio de la Mujer. Incluso es probable que haya un enorme subregistro, pero muchas mujeres no se atreven a denunciar, sobre todo cuando no existen mecanismos adecuados para denunciar ni mecanismos eficaces para protegerlas.
Amnistía Internacional exige que Paraguay adopte una Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres que permita la protección efectiva de las mujeres que sufren violencia en Paraguay y el enjuiciamiento de los responsables de dicha violencia.
7.- Derechos sexuales y reproductivos: Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres no están siendo respetados en Paraguay, igual que en muchos otros países. La educación sexual en Paraguay es deficiente, igual que el acceso a métodos anticonceptivos. El aborto sigue estando criminalizado en gran medida en Paraguay. La única circunstancia en la que las mujeres y niñas embarazadas que buscan a un aborto no son castigadas es cuando el feto muere como resultado indirecto de una intervención médica necesaria para proteger la vida o la salud de la madre.
En cualquier otra circunstancia, incluso cuando el embarazo es consecuencia de una violación, el aborto no está permitido, y las mujeres y niñas que se tratan de someterse o se someten a él pueden ser condenadas a penas de prisión. Los profesionales de la salud también pueden ser castigados por la práctica de abortos ilegales, según el artículo 352 del Código Penal.
Amnistía Internacional trabaja para que los Estados garanticen, sin discriminación, que la información y los servicios de salud sexual y reproductiva sean integrales y engloben toda una serie de prestaciones, incluida la educación sexual de hombres y mujeres, la prevención y el tratamiento de infecciones de transmisión sexual, la maternidad segura, la anticoncepción y los métodos de regulación de la fertilidad. El Estado debe asegurar el acceso a servicios médicos para las complicaciones derivadas del aborto a todas las mujeres que los necesiten; asimismo, debe garantizar que mujeres y niñas que traten de obtener u obtengan un aborto o los profesionales que lo realicen, no deben ser objeto de sanciones penales. Amnistía Internacional trabaja por la despenalización del aborto en todos los casos y por la legalización en casos de violación, incesto o cuando la salud o la vida de la mujer está en riesgo.
8.- Corte Penal Internacional: Paraguay también tiene pendiente aprobar la legislación interna que implementa el Estatuto de Roma que gobierna y da jurisdicción en el país a la Corte Penal Internacional (CPI). La CPI es la primera corte internacional permanente que se ha creado para abordar los casos de violaciones de derechos humanos más graves. Estos son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el genocidio. Amnistía Internacional exige que el Estado paraguayo adopte el proyecto de ley que actualmente está presentado por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo.
9.- Tratado de Comercio de Armas: Desde principios de la década de 1990, Amnistía Internacional ha venido pidiendo un tratado que garantice que los Estados dejen de transferir material militar y policial a lugares donde tenga probabilidades de ser utilizado para cometer abusos graves contra los derechos humanos.
En 2003, la organización lanzó, junto con la sociedad civil, una campaña internacional en favor de un Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) que, a nivel mundial, estableciera normas para una regulación estricta de las transferencias internacionales de armas convencionales. Se estima que aproximadamente 500.000 personas mueren al año por el uso de armas cortas –una persona por minuto–. La mayoría de estas personas son civiles, por lo cual no deben ser objetos de ataques. Muchas de estas muertes son prevenibles con la implementación adecuada de este TCA.
Más de 100 países, entre los cuales encontramos el mayor exportador de armas en el mundo, Estados Unidos, han firmado el Tratado de Comercio de Armas. Paraguay es uno de los países que ha firmado este Tratado, pero aún falta su ratificación. Amnistía Internacional sigue trabajando en Paraguay para la pronta ratificación de este instrumento.
