La situación de las comunidades sin acceso al agua potable, el avance de la frontera agrícola y los conflictos relacionados con el uso de la tierra fueron abordados en Salta, Argentina, en agosto pasado, en un evento al que asistieron más de 200 personas de países de la región.
Por Paraguay, participó una delegación integrada por representantes de organizaciones de la sociedad civil como Tierraviva y Pro Comunidades Indígenas; y funcionarios públicos del Instituto Paraguayo del Indígena, de la Secretaría de la Función Pública y del Gobierno Departamental de Presidente Hayes.
“Para nosotros fue un éxito el intercambio de experiencias con gente que si bien vive las mismas condiciones climáticas y en la misma región, habita otro país, con otros escenarios sociales y políticos distintos”, expresó Cándido Galeano, Secretario de Pueblos Originarios de la Gobernación de Presidente Hayes.
En la región, especialmente en el Chaco argentino y paraguayo, es considerable la extensión de las tierras destinadas a cultivos intensivos o a la ganadería en desmedro de los bosques nativos. Pero “para abordar este y otros problemas no podemos quedarnos sólo con el punto de vista negativo. Tenemos que discutir y analizar posibles soluciones. Para ello, el camino es el diálogo y conocer las experiencias de diversos actores”, explicó Gabriel Seghezzo, Director de Fundapaz, uno de los organizadores.
Representando al gobierno argentino asistieron la Ministra de Derechos Humanos, el Gobernador de la Provincia de Salta y altos funcionarios, que también interactuaron con miembros de organizaciones de la sociedad civil y escucharon su preocupación.
Las regiones semiáridas de América Latina más características son el Chaco Trinacional – que integran Argentina, Bolivia y Paraguay -, el nordeste de Brasil, parte de la costa y centro de Venezuela y el norte de Perú. Y a pesar de la extensión geográfica y la diversidad cultural, en ellas los problemas son los mismos.
En ese contexto, y si de lo que se trata es de construir consensos para la gestión de los territorios atendiendo a las poblaciones campesinas e indígenas en situación de pobreza, cobra gran importancia la participación de representantes del Estado. Si se intenta promover políticas públicas para mejorar la situación social en éstas áreas de América Latina y proteger los reservorios de agua dulce, en este proceso no puede estar ausente el Estado.
Cándido Galeano valoró la experiencia de comunidades que se sustentan en un concepto de desarrollo distinto al que nosotros manejamos. “Acá, muchas veces consideramos que el desarrollo sólo es posible con deforestación. Sin embargo, conocimos gente que maneja un criterio de desarrollo más amplio, más inclusivo…que planifica un futuro mejor no sólo para los Pueblos Indígenas o para un sector de la población, sino para todos. Se trata de encontrar la manera de que convivan armónicamente diversos grupos humanos entre sí y con la naturaleza”.
