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Los efectos del cambio climático podrían generar pérdidas permanentes en la economía, hasta finales del siglo, que acumuladas serían equivalentes a perder cerca de 4 veces el PIB (producto interno bruto) de 2010 y afectarían al sector agrícola y en especial a la población rural más pobre.

Así se desprende de un informe realizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) llamado “Impactos Económicos del Cambio Climático”, donde muestra que Colombia debe planear su desarrollo sin omitir las consecuencias de este fenómeno.

Las entidades líderes de planeación deben adoptar una visión prospectiva a la luz del cambio climático, lo cual implica tomar decisiones que busquen reducir la vulnerabilidad futura de la economía, señala el estudio.

El presidente de la Comisión Mundial de Areas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Ernesto Enkerlin, inauguró hoy aquí el II Congreso Colombiano sobre Areas Protegidas, al que asisten unos mil delegados.

Bajo la premisa de promover estos territorios como escenarios para la vida y la paz, representantes de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos, participan en la cita, que propicia un espacio de reflexión sobre el papel que juegan estas áreas ante los retos del desarrollo económico y social del país.

Al dejar abierto el foro el líder temático para el bioma marino de la Comisión Mundial de Areas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Dan Laffoley, alertó sobre la grave situación que viven los océanos por su rápido proceso de acidificación que afecta a especies de fauna y flora.

Adentro de las comunidades awá, en Nariño, las indígenas son agredidas y pocas veces hay justicia. 

De principio a fin, la violencia atraviesa la vida de una awá. Nacer mujer, nacer indígena y crecer en su montaña, sin más forma de subsistencia que un marido, la vuelven frágil.

Desde niña ha escuchado que los actores armados pueden enamorarla y utilizarla como informante; también que pueden violarla, prostituirla o llevarla a sus filas. Por eso se previene de hablar con ellos, de mirarlos, de creer en sus promesas.

Pero negarse a la tentación de andar en moto, abrazada a un guerrillero y usando una bonita falda no la salvan. En los entresijos de su comunidad, cuando las ONG y demás filántropos no ven, su esposo, su padre, su hermano o el hijo de la vecina abusan de ella, la golpean, la llaman bruta o la abandonan.

En  el año 2004, el gobierno colombiano estableció lineamientos para promover la participación privada en la prestación de servicios ecoturísticos dentro del sistema de Parques Nacionales Naturales. A través de estos lineamientos, formalmente, se buscaba promover el desarrollo sostenible en las regiones del país, con especial énfasis en la situación de comunidades y organizaciones de base, así como conservar ecosistemas particularmente frágiles. Sin embargo, diez años después, el balance de los acuerdos público-privados en torno al turismo pone en cuestión si realmente se trata de iniciativas que persiguen el desarrollo sostenible a escala comunitaria y, mucho menos, la conservación ecológica.

Un encuentro en Popayán, capital del departamento del Cauca, fue la excusa para conocer una realidad compleja y violenta. La guerra entre militares, paramilitares, guerrillas y narcos se entrelaza con un extractivismo salvaje, que tiene en la minería ilegal su peor expresión.

Paredes blanquísimas sobre calles empedradas. Aceras estrechas y portales majestuosas, cincelados con motivos diferentes para distinguir familias y abolengos. Amplios y soleados patios, con sus fuentes cercadas de malvones, orquídeas y helechos. La ciudad colonial está salpicada de santuarios, ermitas e iglesias, tan blancas como austeras, como no queriendo aparentar la excesiva riqueza.

Popayán duerme la siesta. El tiempo parece detenido en esta ciudad de 250 mil habitantes, tradicionalista, oligárquica, orgullosa de su pasado. Alguna vez estuvo rodeada de latifundios que fueron desapareciendo a medida que los indios los recuperaron. Nasas, misak y coconucos, organizados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), desmontaron los latifundios en tierras que les habían arrebatado a sus tatarabuelos.