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Marina sembró y cuidó durante seis meses el maíz, la arveja, la arracacha y los lirios en su finca de hectárea y media cerca de Duitama. Lo hizo atenta a las facetas lunares y previendo las épocas secas y lluviosas del año, tal como se lo enseñó su mamá y a ella, la abuela. Pero la lluvia se adelantó y la quebrada se desbordó. La huerta quedó inundada y la pérdida fue total. Tal vez pueda empezar a sembrar mandarinas y naranjas a 2600 metros, especies de tierra templada y caliente que empiezan a darse cada vez más arriba. El nuevo clima está desplazando las papas y otras cultivos de tierra fría hacia los páramos, en donde sería mejor dejar tranquilos a los musgos que reservan el agua para todo el Orinoco.

De las 5,3 millones de mujeres rurales en Colombia, la mitad vive en condiciones de pobreza y el 22,3%, no sabe leer ni escribir. En las ciudades, el analfabetismo de las mujeres es del 8,2%. Yina, que estudió derecho sin apoyo del Estado, sino por hacer parte de organizaciones sociales desde joven, le exige al gobierno un Plan Nacional de Educación de mujeres rurales. La educación no debe implicar odiseas y riesgos. Pero además, el Plan debe considerar que las mujeres en el campo son distintas. No es lo mismo una mujer de Montes de María que vive en María a Baja a una del Cauca. Allá somos negras y acá son indígenas, explica Yina y por lo tanto, la educación, la salud y la vivienda deben tener en cuenta las diferencias.

En el auditorio cabían unas mil personas. Pero un número todavía mayor acompañó el juicio desde la calle.

Y a través de ellas, por aclamación y mano alzada, fue una comunidad entera la que dictó sentencia en contra de los guerrilleros de las FARC involucrados en la muerte de dos guardias indígenas cerca de Toribío, Cauca, la semana pasada.

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Primero fueron 60 años de cárcel para Carlos Silva Yatacué, presunto responsable de las muerte de dos comuneros nasa que intentaban retirar de su territorio un cartel en homenaje al excomandante guerrillero, Alfonso Cano.

La organización internacional Oxfam, en un evento organizado en cooperación con las dos organizaciones más representativas del movimiento campesino, Dignidades Campesinas y la Cumbre Agraria, manifestó serias objeción al nuevo proyecto de reforma rural presentado por el Gobierno.

De acuerdo con Oxfam, el proyecto de ley 133 permitiría la legalización de los baldíos adquiridos de manera irregular en los territorios que se definan como Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico - Zidres, lo que conducirá a la concentración de tierras en poder de grandes empresarios nacionales y extranjeros.

En los documentos dados a conocer por estas dos organizaciones, se evidencia que este proyecto de ley pretende que los empresarios gestores de los proyectos aprobados en el marco de las Zidres sean exentos de la ley 160 de 1994 que prohíbe la concentración de tierras.

Juan Manuel Ospina exdirector del Incoder y Santiago Tobón, asesor del Minagricultura abordan el tema

Santiago Tobón es un economista que ha dedicado su vida al tema agrario como funcionario y como consultor. Juan Manuel Ospina es también un experto en asuntos rurales que hasta el año pasado fue director del Incoder desde donde se retiró por diferencias de fondo con el Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo. En el Dialogo de las dos orillas abordan el tema de la tierra, el desarrollo rural y los Acuerdos de La Habana.

Juan Manuel Ospina: El tema del desarrollo rural y una política de tierras están indisolublemente ligados. Empecemos entonces por hablar de la tierra.

Santiago Tobón: Para atacar frontalmente la pobreza en el país, hay que enfrentar  prioritariamente la rural,  donde esta la pobreza más enquistada, la más persistente. Existe una relación entre pobreza rural,  tenencia  y uso de la tierra que es muy fuerte.

Campesinas no solo han llevado buena parte del peso del conflicto, sino también de la producción.

Si Colombia tiene una deuda histórica con el campo, la tiene en mayor proporción con las campesinas, que no solo han llevado buena parte de la carga del conflicto armado –como viudas, madres o hermanas de los muertos en medio de la violencia–, sino también el peso económico de sus hogares.

No solo son amas de casa, sino que hacen parte activa de la producción agropecuaria y, al tiempo, atienden las demandas que sus familias tienen como parte de una comunidad o de una vereda.

Sobre esta base, el Gobierno se propone destinar a la mujer campesina el 30 por ciento de la inversión que hará en el sector rural.