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El día anterior al Cabildo Indígena, los técnicos del Órgano Electoral Plurinacional llegaron para consensuar la metodología de la aprobación del Estatuto Autonómico del Jatun Ayllu Yura, registrar insumos para un documental y preparar la llegada de Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La aprobación del documento se realizaría por normas y procedimientos propios, y la metodología se ajustó a un extenso programa preparado por las autoridades originarias, la Comisión Impulsora y la Comisión Redactora del Estatuto Autonómico, y que incluía rituales, palabras alusivas de las autoridades y la participación de los ayllus y comunidades originarias. Se acordó que una vez instalado el cabildo se destinarían 3 horas al trabajo de cada ayllu (Visijsa, Collana, Chicochi y Qorca) en la lectura de los cien artículos del Estatuto Autonómico, elaborado en los últimos 3 años, desde que se decidió, también en un cabildo, que se optaría por la autonomía indígena por la vía territorial.

Una inédita experiencia avanza en Chaco. Comunidades originarias siembran y cosechan algodón agroecológico, lo procesan y en trabajo en red diseñan sus propias prendas. Casi la totalidad del algodón de Argentina es transgénico y con uso de agrotóxicos.

Urge tomar acciones coordinadas para impedir que COVID-19 siga diezmando región panamazónica. Poblaciones indígenas de Brasil, Colombia y Perú registran altas tasas de mortalidad por la pandemia. COVID-19 ha exacerbado el racismo y el estigma hacia las comunidades indígenas

Campesinos e indígenas aglutinados en la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y en la Articulación Campesina, Indígena y Popular (ACIP) levantaron hoy la manifestación que sostenían desde inicios de esta semana en Asunción en reclamos de un plan de asistencia ante la dura crisis que atraviesa la Agricultura Campesina. El retorno de los pequeños agricultores a sus comunidades se da tras la firma de un nuevo acuerdo con el Gobierno y referentes del Poder del Legislativo quienes se comprometieron a impulsar el plan reclamado por las organizaciones.

Las autoridades y las empresas deben cumplir con requisitos o estándares de la consulta previa para que este derecho no se convierta en un simple trámite formal o una reunión informativa en la que se anuncia las decisiones sobre obras o proyectos consultados.