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Miércoles, 31 Enero 2018

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El pronunciamiento de las organizaciones del campo smanifesta rechazo al paquetazo agrario y la modernización conservadora del campo ecuatoriano, a la ley de tierras rurales y territorios ancestrales considerada una política anticampesina que sólo beneficia al agronegocio y denuncia los puntos críticos al segundo informe de ley de tierras rurales y territorios ancestrales.

Dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), mantendrán un encuentro con representantes de varias organizaciones de agricultores y campesinos, con quienes prevén analizar el informe para el segundo debate de la Ley de Tierras, preparado por la Comisión de Soberanía Alimentaria.

El titular de Conaie, Jorge Herrara, rechaza el proyecto al considerar que el mismo no garantiza una correcta redistribución de tierras.

“Vemos en la Ley que no hay una clara estrategia sobre el mecanismo de redistribución, nosotros exigimos que ese espacio sea democratizado y que las decisiones se las tomen con participación de las actores principales”, dijo el dirigente de la organización indígena.

Los terrenos improductivos que no cumplan una función social ambiental serán declarados de 'utilidad pública'.

La Conaie mantendrá este lunes una reunión con directivos de diferentes organizaciones de agricultores y campesinos, para analizar el informe para segundo debate de la Ley de Tierras que la Comisión de Soberanía Alimentaria tiene listo, y cuya discusión en el pleno está previsto que no pase de este mes.

Jorge Herrera, presidente de la organización indígena, mantiene cuestionamientos a la propuesta de normativa, ya que asegura que no cumple con el objetivo de una verdadera redistribución de la tierra. "Vemos en la Ley que no hay una clara estrategia sobre el mecanismo de redistribución, nosotros exigimos que ese espacio sea democratizado y que las decisiones se las tomen con participación de las actores principales", aseguró Herrera.

La Asamblea no aprobó ayer la Ley Orgánica de Incentivos para las Alianzas Público Privadas (APP) (que pretende atraer inversión extranjera) por falta de consenso en el bloque de Alianza PAIS (AP) sobre el tema de los límites de hectáreas que se establecen para el pago del impuesto a la tierra, especialmente en la Amazonía.

La Asamblea fue convocada ayer a las 09:30 a sesión en el pleno para tratar la objeción parcial que hizo el Ejecutivo, pero solo a las 10:45 se conoció que la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, la suspendió.

Los asambleístas de AP que habían estado sesionando previamente sobre la Ley se quedaron hablando en privado casi hasta mediodía en el primer piso del edificio legislativo.

El día viernes 4 de diciembre, el Presidente del Ecuador, economista Rafael Correa anunció en los medios de comunicación, que luego de que la Asamblea aprobara un primer paquete de enmiendas a la Constitución, -el pasado jueves 3 de diciembre-, el gobierno lanzaría un segundo grupo de enmiendas que deberán ir a primer debate a inicios de 2016. Entre los temas que formarían parte de este nuevo paquete estaría levantar la prohibición del ingreso de semillas transgénicas en el país.

La Constitución de 2008, aprobada en consulta por el pueblo ecuatoriano, establece en el artículo 401 que: "se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas". Sin embargo, en los últimos años, el gobierno de la Revolución Ciudadana ha expresado su inconformidad con este articulado y ha sugerido flexibilizaciones. Es así que, el Presidente Correa en Enlace Ciudadano del 1 ero de septiembre de 2012, mencionó que "las semillas transgénicas pueden cuadriplicar la productividad del agro, resolviendo de esta manera la pobreza en el campo", y que el articulado que prohíbe su uso, fue impulsado por el "ecologismo infantil".