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Indígenas avasallados por otros indígenas en Bolivia

JOSÉ LUIS BAPTISTA MORALES

Domingo, 29 Octubre 2017

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Los comuneros del Consejo Regional Indígena del Cauca denuncian incumplimientos en compromisos que se encuentran en un 30%. Por eso al menos 20 mil nativos marcharán el 30 de mayo.

Temas como la compra de tierras, defensa, rechazo de la minería, participación en mesas de diálogo en La Habana y la autonomía de sus territorios, hacen parte de las razones que movilizarán a 20 mil comuneros.José Hildo Pete Vivas, Consejero Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, (CRIC), confirmó que las comunidades del departamento se suman al Paro Nacional programado para finales de mayo y se movilizan para exigir cumplimientos pactados con elGobierno Nacional, en meses anteriores.

El Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, resolvió un fallo de tutela, con el que se ordenó la suspensión durante un mes de los actos administrativos que autorizaban la intervención del arroyo Bruno, afluente principal del Río Ranchería y fuente de agua de la que dependen comunidades wayúu, afrodescendientes y cabeceras municipales como las de Albania y Maicao.

La decisión se toma tras la demandas interpuesta por Marcela Lorenza Gil Pushaina, una autoridad tradicional del asentamiento ancestral La Horqueta, a través de la cual se buscaba la reivindicación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afro de la región.

Tras 20 de años, la semana pasada la Corte Constitucional de Colombia les reintegró a campesinos y campesinas de la Hacienda la Bella Cruz, en el sur de Bolívar, el derecho a vivir y producir en estas tierras que vuelven a ser de su propiedad. Se trata de 1200 hectáreas que se encuentran ubicadas en el sur del Cesar, en los municipios de La Gloria y Pelaya.

La historia de esta hacienda es la historia de Colombia y Latinoamérica, donde la violencia de terratenientes y grandes empresarios han despojado a los campesinos de sus tierras. El caso de La Hacienda Bella Cruz es un ejemplo de resistencia de varias familias que fueron desplazadas por el ex embajador, Carlos Arturo Marulanda, y su familia utilizando a paramilitares del bloque de las autodefensas del Sur del Cesar en cabeza de su jefe Juan Francisco Prada alias “Juancho Prada”.

Indígenas de la Alta Guajira arribaron a Bogotá el pasado 10 de mayo para exigir al Gobierno y al Estado soluciones frente a la difícil situación que se vive en sus territorios. Una delegación de aproximadamente 130 personas se trasladó desde este departamento del norte de Colombia hasta la capital de la República para hacer visible las problemáticas que se viene presentando en la región.

El país entero ha sido testigo de la realidad que tienen que afrontar los habitantes de La Guajira y de lo poco o nada que se ha hecho para solucionar las dificultades que allí se viven. Por esto las comunidades Wayúu decidieron viajar hasta la capital del país, cansadas de esperar en sus territorios las soluciones prometidas, para que el gobierno presente una respuesta concreta a sus exigencias.

Tras la alarma que se ha generado en el departamento por cuenta del trámite que se adelanta en la Agencia Nacional de Minería (ANM) para concesionar un terreno de 1.626 hectáreas en tres municipios, el coordinador de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz (Redepaz) en Quindío, Jhon Jairo Salinas le pidió al Gobernador del Quindío, Carlos Osorio, a través de una carta que realice una consulta popular.

“Señor Gobernador, en sus manos está que salvemos nuestros recursos naturales, convocando al pueblo quindiano a una consulta popular como mecanismo de participación ciudadana para que seamos nosotros los que decidamos el futuro de nuestras próximas generaciones”, dice la carta.