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Agronegocio: práctica y discurso

Enrique Castañón Ballivián

Jueves, 03 Agosto 2017

El caso de Bosque Tsimane

Ismael Guzmán T.

Martes, 18 Julio 2017

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Hasta hace una semana las cosas parecían tranquilas en la vereda Guacamayas, del corregimiento Macondo, en el municipio de Turbo, Urabá antioqueño. El Ejército hacía presencia permanente en la zona como medida de protección solicitada por las víctimas, luego de una seguidilla de agresiones a los reclamantes de tierras. Pero el Ejército se movió del lugar hace ocho días y este fin de semana el temor regresó. Un grupo de hombres entró al corregimiento y amenazó de muerte a una familia.

“El pasado sábado 16 de julio tres hombres vestidos de civil, llevaron un panfleto marcado como Autodefensas Gaitanistas a la finca Las Delicias donde vive la familia Payares que retornó al predio sin acompañamiento institucional”, relató un líder del lugar, quien pidió la reserva de su identidad.

Tres días después, “en horas de la madrugada, siete hombres armados con fusiles regresaron a la finca e intimidaron a la señora de la casa diciéndole que debía dejar el predio o de lo contrario venían por ellos”, añadió. 

Dicen que la guerrilla será concentrada en territorio indígena. Piden explicaciones por daños ambientales producto de minería.

Las autoridades indígena yukpas pidieron al Gobierno Nacional una consulta previa con ellos antes de entregar una zona de concentración para las Farc en el área rural del municipio de La Paz, en la Serranía del Perijá, donde tienen asentamientos.

Los cabildos gobernadores de los resguardos Sokorpa, Esneda Saavedra; Iroka, Alfredo Peña; Menkwe, Misaya y La Pista, Luis Alberto Martínez, y El Koso, Jairo López, señalaron que la zona de concentración guerrillera “afecta” el territorio ancestral de su etnia.

Ante los avances de una eventual desmovilización de las Farc, exigen “garantías de protección” para los líderes yukpa y su equipo asesor. Señalan que no están en contra de la paz y que han sido víctimas del conflicto, pero que requieren conocer y ser consultados frente a este proceso en los territorios que ocupan.

Hace 43 días, se inició en Colombia una Cruzada Nacional Camionera para exigir al gobierno colombiano rebajas en los combustibles y en las tarifas de los peajes. Además demandan mejores fletes, seguridad en las vías y acceso a seguro social.  

Para el gremio camionero, la medida se extendió más de un mes por la intención del Gobierno colombiano de dilatar la negociación. Con 43 días de huelga, la movilización se convirtió en la más larga de la historia del país. 

Los gremialistas acusan al gobierno de Santos de intentar deslegitimar, violentar y usar algunos medios para desinformar su lucha. 

Unas cinco toneladas de alimentos en descomposición y más de 5 mil litros de leche fueron arrojados a la vía entre el municipio de Rionegro y el municipio de La Ceja, como protesta de los campesinos a la falta de una negociación justa por parte del Gobierno Nacional con el Paro Camionero que ya completa 35 días y al que aún no se le encuentra una solución justa que garantice los derechos de los camioneros y los campesinos. “En 35 días de paro el gobierno no nos ha dado la cara y el ciudadano del común está afectado porque no le llegan los alimentos”, declaró el camionero Wilmar Vallejo.

La falta de transporte ha ocasionado que un sinnúmero de productos agrícolas y alimenticios no lleguen a los mercados y centrales de abasto en todo el país, además se ha presentado un alza en varios productos de la canasta familiar y desabastecimiento, situaciones que sin duda afectan a todos los ciudadanos. Mientras miles de toneladas de alimentos se pierden por la falta de transporte, el Gobierno continúa sin dar respuestas al Paro.

De las 32 mil veredas que tiene Colombia, 23 serán el escenario en el que las Farc harán la transición de guerrilleros a civiles. Aunque todavía no existen las coordenadas exactas de los puntos, lo que sí está claro es cuántas zonas habrá en cada departamento y el nombre de las veredas. Una de ellas, la segunda más al norte del país, es la que se ubicará en La Paz (Cesar), en donde viven más de 12 mil indígenas yukpa. Ellos, que vivieron los agravios en la época de la colonización y los estragos del conflicto interno, le tienen terror a las consecuencias que esa zona de transición puede causar en su comunidad. Así lo expresan en una carta que le enviaron a personalidades como Ban Ki-Moon, Secretario General de la ONU; Emilio Álvarez, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), y al presidente Juan Manuel Santos, entre otros.