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La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), proclamó que el día 21 de marzo sea declarado como el Día Internacional de los Bosques, alentando a todos los estados miembros a realizar actividades relacionadas con los bosques, incluyendo también campañas de plantación de árboles.

El objetivo de la conmemoración de este día es impulsar un conjunto de proyectos de resoluciones referentes al desarrollo sostenible, incluyendo uno orientado a resaltar la necesidad de fortalecer las actividades científicas que tienen como objetivo combatir la desertificación, degradación de tierras y las sequias, así como sensibilizar a la población sobre la conservación y cuidado de todo tipo de bosques.

Organizaciones sociales exigen al Congreso la aprobación de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Diversos premios internacionales están posicionando a Perú como la "meca gastronómica". No obstante, más allá de estos reconocimientos y de la promoción de sus platos como atractivo turístico, en este país casi un 35% de los ciudadanos no ingiere los requerimientos calóricos mínimos, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Además, 13 millones 800 mil peruanos, es decir, casi la mitad de la población no cuenta en todo momento con acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias para llevar una vida activa y sana. Ante esta situación, la organización Seguridad Alimentaria con Soberanía exige al Congreso aprobar la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El ministro de Agricultura, Milton von Hesse, escribe sobre el programa estatal de titulación de predios rurales.

De acuerdo con el Censo Agropecuario del 2012, existen en el Perú más de cinco millones de parcelas que representan una superficie agropecuaria que supera las 38 millones de hectáreas. El Censo Agropecuario reveló, asimismo, que apenas un millón de dichas parcelas cuentan con un título de propiedad inscrito en los Registros Públicos, lo que significa, en cristiano, que solo poco más de un tercio de la superficie agropecuaria de nuestro país se explota en condiciones de formalidad.

Desde hace 43 años, las comunidades indígenas que viven en las cercanías de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, en el distrito de Andoas, Loreto, en Perú, enfrentan una realidad de total desidia, pues son obligadas a convivir con los efectos devastadores de la explotación petrolífera practicada por la Occidental Petroleum Corporation of Perú (Oxy) y por la argentina Pluspetrol. A pesar de los llamamientos realizados a diversas instancias gubernamentales y de la continua lucha por reparación, los indígenas Achuar, Quechua, Kichwa y Urarina están viendo a sus hijos enfermarse, y la región en que viven, ser totalmente contaminada sin que se haga nada.

Tres (Pastaza, Corrientes y Tigre) de las cuatro cuencas ya fueron declaradas en estado de emergencia ambiental. Es visible la cantidad de petróleo crudo en las aguas, que también están contaminadas con metales pesados e hidrocarburos totales de petróleo (TPH). Esta situación ya fue confirmada por organismos estatales, como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) y la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa).

Se tiene previsto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analice  este caso el mes de marzo.

“El fiscal no puede decir que no hay evidencias. Existen oficios, memorándums de los ministros que iban informando a Fujimori de cómo se cumplían o no las metas, donde se señalaban además, las cuotas de mujeres que tenían que captar para esterilizarlas, y también se hablaban de las sanciones o recompensas que iban a tener”, denuncia Rossy Salazar, representante legal de Demus.

La abogada precisa que se han presentado tres fundamentos en el recurso de queja con la esperanza de que la Fiscalía Superior cambie la resolución emitida por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, a cargo del fiscal Marco Guzmán Baca, que dispone no formalizar denuncia penal contra Alberto Fujimori, los ex ministros de salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong y sus asesores y al directo involucrado en el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000).