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Perú

Desde hace 43 años, las comunidades indígenas que viven en las cercanías de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, en el distrito de Andoas, Loreto, en Perú, enfrentan una realidad de total desidia, pues son obligadas a convivir con los efectos devastadores de la explotación petrolífera practicada por la Occidental Petroleum Corporation of Perú (Oxy) y por la argentina Pluspetrol. A pesar de los llamamientos realizados a diversas instancias gubernamentales y de la continua lucha por reparación, los indígenas Achuar, Quechua, Kichwa y Urarina están viendo a sus hijos enfermarse, y la región en que viven, ser totalmente contaminada sin que se haga nada.

Tres (Pastaza, Corrientes y Tigre) de las cuatro cuencas ya fueron declaradas en estado de emergencia ambiental. Es visible la cantidad de petróleo crudo en las aguas, que también están contaminadas con metales pesados e hidrocarburos totales de petróleo (TPH). Esta situación ya fue confirmada por organismos estatales, como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) y la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa).

Se tiene previsto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analice  este caso el mes de marzo.

“El fiscal no puede decir que no hay evidencias. Existen oficios, memorándums de los ministros que iban informando a Fujimori de cómo se cumplían o no las metas, donde se señalaban además, las cuotas de mujeres que tenían que captar para esterilizarlas, y también se hablaban de las sanciones o recompensas que iban a tener”, denuncia Rossy Salazar, representante legal de Demus.

La abogada precisa que se han presentado tres fundamentos en el recurso de queja con la esperanza de que la Fiscalía Superior cambie la resolución emitida por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, a cargo del fiscal Marco Guzmán Baca, que dispone no formalizar denuncia penal contra Alberto Fujimori, los ex ministros de salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong y sus asesores y al directo involucrado en el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000).

Después de años de marchas y contramarchas, que tuvo como último capítulo el archivamiento de la acción de amparo promovida por el Gobierno Regional del Cusco ante el  Tribunal Constitucional contra la ejecución del proyecto Majes Siguas II, el gobierno autorizó su inicio.  Pese al entusiasmo que la noticia ha causado entre los arequipeños, aún se avizoran nubarrones para el proyecto (DESCO).

El contrato de concesión del proyecto Majes Siguas II, documento que regirá la ejecución de la obra y el compromiso de las partes involucradas en la misma (Gobierno Regional de Arequipa, Ministerio de Economía y la empresa Angostura Siguas), tendrá seis adendas finales.Las adendas son anexos de un escrito en los que se adicionan aspectos específicos no contemplados en el documento principal.

Los indígenas aislados nantis podrían resultar diezmados por los planes de detonar miles de cargas explosivas y de permitir a cientos de trabajadores adentrarse en su tierra.
 
Perú ha aprobado la polémica expansión del proyecto de gas de Camisea en la tierra de tribus amazónicas no contactadas, pese a la indignación internacional generada por los planes de ampliación, la dimisión de tres ministros y la condena de Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales de derechos humanos.

El Ministerio de Cultura peruano, a quien corresponde la protección de la población indígena del país, ha aprobado los planes de las faraónicas compañías petroleras Pluspetrol (Argentina), Hunt Oil (EE.UU.) y Repsol (España) para detonar miles de cargas explosivas, perforar pozos exploratorios y permitir la entrada de cientos de trabajadores a la Reserva Nahua-Nanti, ubicada a solo 100 km de Machu Picchu.

Partidos piden esperar con serenidad el fallo de la Haya. Expresan su desacuerdo con propuesta de Alan García de embanderar las ciudades del país, consideran que podría ser asumido en Chile como señal de triunfalismo (27 de enero:  Día del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el diferendo marítimo entre Perú y Chile).

La propuesta del líder aprista Alan García de embanderar las viviendas y retrasar el ingreso a laborar el próximo 27 de enero, a fin de que todos los trabajadores puedan escuchar la lectura del fallo de la Corte de La Haya sobre el diferendo marítimo entre Perú y Chile, fue cuestionada por representantes de diversos sectores políticos.

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