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Afirman que creación de Zonas de Interés de Desarrollo Empresarial ya está en el PND, que se les entregarán terrenos baldíos destinados a campesinos sin tierra, y que esto contradice los acuerdos de paz.

Las comisiones terceras y cuartas de Cámara y Senado ya se encuentran listas para sesionar conjuntamente para debatir el Plan Nacional de Desarrollo. Pero al tiempo que el Gobierno busca las mayorías para aprobarlo su hoja de ruta por el cuatreño 2014-2018, un grupo de organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos ha estudiado los pormenores que plantea el texto sobre el desarrollo agrario, y específicamente, sus implicaciones respecto  a la problemática de los terrenos baldíos. La conclusión: “El PND además de contradecir los acuerdos logrados en la Habana, incluye medidas lesivas para un desarrollo rural incluyente”.  

En el 2015 cumplimos dos años de diálogos de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos, de los cuales se hizo público un acuerdo en el primer, segundo y tercer punto de la agenda. El documento (en borrador) del primer punto que sale como producto de este acuerdo, fue titulado por las partes: Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral.

En el borrador se hace explícito un diseño que no ha sido (y posiblemente no será) conciliado entre las partes y es que para las FARC-EP una hoja de ruta como la que se planteó la Mesa de Conversaciones en el punto de Política de Desarrollo Agrario Integral con Enfoque Territorial debe tener como principio fundamental el derecho a la soberanía alimentaria, en cambio, para el gobierno de Juan Manuel Santos la base del documento es la construcción de un sistema de seguridad alimentaria, alegando que eso es lo acordado en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, lo cual no es más que apelar a las leguleyadas-colombianadas típicas cuando no existen argumentos de peso para negarse.

Se reunió esta semana la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular para adelantar su seminario político ideológico, en el cual se analizó el momento del proceso, sus desarrollos y atranques. Dentro de la discusión sobresalieron 4 puntos: el proceso y su vínculo regional, el tema de la paz, el incumpliendo del gobierno nacional y la proyección de la movilización.

La cumbre está caracterizada por ser el principal espacio de unidad de sectores sociales y políticos que convergieron en el pasado paro agrario y que lograron sentar al gobierno en una mesa de interlocución y acuerdos, instalada por el propio Santos en octubre. 

El desarrollo regional de la Cumbre

Una de las mayores potencialidades que tiene este proceso de articulación, es la capacidad y desarrollo regional con que cuentan las organizaciones que la conforman. Por ello, las dinámicas de trabajo y reactivación en las diferentes zonas del país ha sido uno de los principales puntos de discusión. 

A través de experiencias oníricas, los muertos de las comunidades awá, a causa de minas antipersona, se convierten en guías de la cotidianidad de sus familiares y contribuyen al resarcimiento del dolor.

Así lo interpreta una investigación doctoral de la Universidad Nacional sobre la reconstrucción de la cotidianidad de indígenas que sufren este flagelo.

Datos de la Asociación MINGA muestran que el pueblo awá de Nariño representado en las organizaciones indígenas Camawari y Unipa, sufrieron 28 accidentes por minas antipersona con un saldo de 76 muertos entre 2005 y 2014.

Las minas antipersonal son un problema no tan visible como el desplazamiento y las masacres causadas por el conflicto armado en el país. En Nariño, este problema está vinculado con la proliferación de cultivos ilícitos de coca, donde los artefactos son el blindaje para los activos de grupos armados.

Resalta la incongruencia de la propuesta de Juan Manuel Santos de ‘Una Colombia sin Coca’, como cambio de paradigma para solucionar “el problema de las droga ilícitas” y la contradicción de que, entretanto, al valioso plan del cannabis terapéutico en el Senado, sí cuente con su visto bueno.

Los políticos colombianos llevan más de 50 años prometiendo una Colombia sin coca. El mundo lleva 100 años infructuosamente tratando de prohibir aquellas plantas que denomina estupefacientes, aunque no lo sean.

Aparentemente, no sobra resaltar la incongruencia de la propuesta de Juan Manuel Santos de ‘Una Colombia sin Coca’, como cambio de paradigma para solucionar “el problema de las droga ilícitas” y la contradicción de que, entretanto, la valiosa propuesta de cannabis terapéutico que cursa actualmente en el Senado, sí cuente con su visto bueno.