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Las 350 a 400 cabezas de ganado, sembrados de pastoreo, el tractor y las herramientas de trabajo que Jorge Ernesto Aragón Barrios, Segundo Filemón y Javier González Sáenz tenía en el predio El Agrado, en la vereda San Antonio, de Mapiripán, las tuvieron que abandonar en el año 2006 por las amenazas de los paramilitares. Estas tres personas sostienen que se convirtieron durante cinco años en víctimas del desplazamiento forzado, pese a ser propietarios de El Agrado desde el año 1989.

A partir del año 2011 volvieron a recobrar la posesión del predio, cuando uno de los lugartenientes se acogió al programa de desmovilización y los otros paramilitares entregaron voluntariamente el terreno, “pero el ganado, las herramientas y el tractor no fueron devueltos”, dicen. (Lea: Juez revisará la orden de libertad que le fue concedida al 'Alemán') 

Se reunió esta semana la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular para adelantar su seminario político ideológico, en el cual se analizó el momento del proceso, sus desarrollos y atranques. Dentro de la discusión sobresalieron 4 puntos: el proceso y su vínculo regional, el tema de la paz, el incumpliendo del gobierno nacional y la proyección de la movilización.

La cumbre está caracterizada por ser el principal espacio de unidad de sectores sociales y políticos que convergieron en el pasado paro agrario y que lograron sentar al gobierno en una mesa de interlocución y acuerdos, instalada por el propio Santos en octubre. 

El desarrollo regional de la Cumbre

Una de las mayores potencialidades que tiene este proceso de articulación, es la capacidad y desarrollo regional con que cuentan las organizaciones que la conforman. Por ello, las dinámicas de trabajo y reactivación en las diferentes zonas del país ha sido uno de los principales puntos de discusión. 

El acuerdo agrario firmado en La Habana propone crear un fondo para los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. El problema es que el Estado ni siquiera sabe cuántos baldíos tiene y tampoco ha recuperado las tierras usurpadas a las víctimas del conflicto armado.

El año pasado, el gobierno y la guerrilla de las Farc firmaron el acuerdo sobre el asunto agrario, el primero de seis temas que contiene la agenda que se discute en La Habana. Allí, el gobierno se comprometió a crear el Fondo de Tierras para la Paz, a través del cual desarrollará una reforma agraria integral que, se supone, garantizará el acceso a tierra a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente así como a las comunidades más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto armado.

Según el acuerdo, rubricado el 26 de mayo de 2014, el Fondo se nutrirá con baldíos que fueron apropiados de forma ilegal o irregular, con predios inexplotados económicamente y terrenos que aunque están en zonas de reserva forestal tienen vocación agrícola. El problema es que el gobierno no sabe cuántos baldíos tiene, algunos fondos del Estado carecen de información, otros administran bienes que ya están comprometidos para reparar y restituir a las víctimas del conflicto, y otros más están embolatados por procesos administrativos o judiciales.

En Colombia, sólo el 36,4% de los hogares rurales lo tienen. El Plan Nacional de Desarrollo busca ordenar el territorio rural y promover el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica.

Hoy en Colombia sólo el 36,4% de los hogares rurales tienen acceso a la tierra y la incidencia de la pobreza extrema rural es 3,2 veces mayor que la urbana, en ingresos, y 2,5 veces mayor que la pobreza multidimensional, en un país donde el 84,7% del territorio está conformado por municipios totalmente rurales.

Esta realidad demanda la adopción de políticas públicas que permitan al Estado jalonar un dinamismo económico que se refleje en las condiciones de vida de los pobladores del campo.

El capítulo de “Transformación del campo” del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018, “Todos por un nuevo país”, fija dentro de sus objetivos ordenar el territorio rural, buscando un mayor acceso a la tierra por parte de los productores agropecuarios —sin tierra o con tierra insuficiente— y promover el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad.

La tradición oral y escrita diferenciada del pueblo wayuu debe ser apoyada por el uso de una escritura para preservar y transmitir nuestra cultura y visibilizar las diferentes formas en que hemos concebido la vida e interrelacionado con la cultura occidental.

El silencio milenario que ha albergado nuestro pueblo, hoy nos lleva a unir fuerzas para que nuestras voces sean escuchadas, a través de la unión de letras escritas en un papel, para denunciar las distintas atrocidades que se han vivido de forma repetitiva y continua a lo largo de todo el territorio wayuu en distintas generaciones. Nuestro territorio aunque dividida por fronteras imaginarias no es invisible ante una serie de dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales, que han demarcado una verdadera distinción entre el “trato especial” por ser indígenas y la discriminación racial por el mismo sentido.