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¿En qué consiste el modelo de seguridad francesa que el presidente Juan Manuel Santos estaría pensando en implementar en Colombia para mantener la seguridad rural durante el posconflicto? Lea también: Santos responde a fuertes críticas por declaraciones sobre policía rural

La pregunta surgió después de que el Mandatario sostuviera desde París que “los franceses han venido ayudándonos y pensando en la organización del posconflicto y la Gendarmería francesa es un modelo que para nosotros puede ser muy importante y queremos que nos ofrezcan colaboración en ese sentido”.

Lo primero que debe explicarse es que la Fuerza Policial Francesa está divida en dos. Una es la Policía Nacional, que se encarga de la seguridad en las ciudades y cumple roles similares a los de cualquier policía del mundo, investigando crímenes y manteniendo el orden público en cada ciudad.

La otra es la Gendarmería Nacional, que asume la seguridad de las zonas rurales, los sectores periurbanos y pueblos con menos de 20.000 habitantes.

Recientemente en Colombia se han venido presentando una serie de hechos y fenómenos sociopolíticos que envuelven la vida de las Comunidades Negras Afrocolombianas en un sin sabor profundo. Esos acontecimientos reviven procesos pasados de lucha constante, donde las comunidades negras han salido perdiendo.

Uno de estos recientes fenómenos lo representa la Sentencia T-576 de 2014 de la Honorable Corte Constitucional, que ordena al gobierno nacional convocar a todas las expresiones de las comunidades para que designen y conformen un espacio de interlocución directo con el Estado para tramitar todos los asuntos que afecten a la comunidad.  Dentro de esas directrices esta la conformación de un espacio transitorio para adelantar procesos de Consultas Previas con las comunidades en sus respectivos territorios. La protesta de las mujeres negras del departamento del Cauca para frenar los procesos de mega minería en sus territorios, que marcharon a pie desde el Cauca hasta Bogotá y otro hecho es la construcción y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo para el segundo mandato del presidente Santos.

La muerte y las amenazas no dejan de rondar por las casas palafíticas hechas en rústicas tablas de los resguardos wounaan nonam que se levantan sobre las orillas del río San Juan, junto a la espesa selva que une al Valle con Chocó.

Son designios de los mismos espíritus, como el del demonio Dosat. Pero muchos le temen menos a esta figura de su tradición oral que a los hombres armados que han acosado en los últimos cuatro años a diferentes comunidades a la orilla del San Juan, cuna de esta cultura indígena donde nativos habitan esparcidos entre ambos departamentos a lado y lado del río –unos 3.000 en la jurisdicción del Valle.

Mientras algunas organizaciones no gubernamentales aseguran que la restitución de tierras aún no es contundente, la Unidad de Tierras reitera que realizar el proceso en medio del conflicto tiene sus dificultades. El debate continuará en 2015.

El proceso de restitución de tierras en el país estuvo marcado este año que termina por grandes debates nacionales e internacionales sobre el modelo que viene aplicando el Gobierno para devolver la tierra a miles de campesinos que aseguran que fueron despojados por grupos armados ilegales y sus testaferros.

El blanco de los cuestionamientos fue la Unidad de Restitución de Tierras, organismo creado en 2011 siguiendo los lineamientos de la Ley de Víctimas para orientar, gestionar y representar a esas familias. Desde diversos sectores sociales, tanto nacionales como internacionales, se alega que el proceso no llega a la médula del problema: al despojo. Según datos oficiales, seis millones de personas se desplazaron por la violencia y abandonaron cuatro millones de hectáreas.

El 18 de enero de 1989, doce personas que investigaban las desapariciones de habitantes de Simacota, Cimitarra y Puerto Parra, fueron asesinadas en el sector conocido como La Laguna, en la vereda La Rochela.

Cuatro de esas personas provenían de San Gil y pertenecían a juzgados ambulantes de Instrucción Criminal, las otras ocho, eran funcionarios del Cuerpo Técnico de Policía Judicial.

En diciembre de 1988 se había creado la Unidad Móvil que investigaría los múltiples homicidios y desapariciones ocurridas en los municipios mencionados, organismo al que pertenecían las víctimas.

Las muertes de estos funcionarios estuvieron relacionadas con la masacre de 17 comerciantes en Cimitarrra y el homicidio de dos familiares que fueron a buscarlos, en Puerto Boyacá, hechos ocurridos en octubre de 1987.