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La Red Nacional de Agricultura Familiar – RENAF – define desde el año 2016 que una prioridad de trabajo para el fortalecimiento de la agricultura campesina, familiar y comunitaria es el reconocimiento y articulación de los mercados donde se comercializan de forma justa los productos provenientes de las economías campesinas, indígenas, afrodescendientes, urbanas, pesca artesanal, mujeres rurales y neorurales.

Teresita Antazú, cornesha (máxima autoridad) yanesha, uno de los 55 pueblos indígenas reconocidos oficialmente en Perú, quien desde muy joven luchó contra el poder patriarcal y las variadas desigualdades que enfrentan las mujeres indígenas. En la imagen durante una movilización en defensa de los grupos originarios amazónicos. Crédito: Mariela Jara/IPS

LIMA, 3 sep 2018 (IPS) - “A los 18 años fui la primera dirigenta en mi organización, mi abuelo que era un machista pedía que me pegaran porque estaba sentada entre hombres”, recuerda Teresita Antazú, lideresa indígena del pueblo yanesha, en la Amazonia peruana.

Amparo Carvajal no pedirá refugio ni se irá del país; se defenderá si la acusan. 47 años trabajando por los derechos humanos en Bolivia, pasando por toda laya de dictaduras, han forjado su carácter y sus convicciones. Para la activista y presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdhb), los ataques del Gobierno se deben a su voz crítica con temas como el 21F, el Tipnis y ahora los Yungas. También criticó las primarias.

-¿Cómo recibe las acusaciones del ministro Romero?
-Las declaraciones del viernes de Romero son muy duras, acusarme como presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos, con nombre y apellido, de estar formando grupos irregulares y de ser causante de la muerte un teniente, yo no puedo nada más que solidarizarme con lo que ha ocurrido, con la familia de la víctima.

  • Más de dos mil integrantes de comunidades indígenas han iniciado una protesta indefinida en la selva de Perú.
  • Desde el 21 de agosto cerraron los ingresos a los ríos Urubamba, Tambo y Maldonadillo, así como a la carretera Atalaya-Puerto Ocopa.

La ciudad de Atalaya, en la selva peruana, está paralizada desde el 15 de agosto, cuando aproximadamente dos mil integrantes de comunidades indígenas iniciaron un paro indefinido para exigir al gobierno que se instale una mesa de diálogo con el fin de atender una serie de problemas que afectan a sus comunidades.  

Era madrugada en Pau d’Arco, en el norteño estado de Pará, el más peligroso en Brasil para quienes luchan por la tierra. Unas familias sin tierra volvían a ocupar la hacienda Santa Lucía. Fueron masacradas. Nueve hombres y una mujer resultaron asesinados el 24 de mayo de 2017, en una acción de la Policía Militar (PM) y la Policía Civil del estado. Quince policías fueron apresados preventivamente, pero luego los liberaron. Nada nuevo bajo el sol. Según la ONG Global Witness, en la última década Brasil ha sido el país más peligroso del mundo para quienes defienden la tierra o el ambiente: muestra un promedio de 42 asesinatos por año desde 2012. En 2017, con 57 muertes, lideró nuevamente el ranking mundial. La mayoría de las masacres fueron ejecutadas por la Policía Militar o por pistoleros en connivencia con agentes del Estado.