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Según fuentes parlamentarias, que solicitaron el anonimato, al parecer la elección de nuevas autoridades en ambas Cámaras del Parlamento tuvo como "moneda de cambio" el acuerdo para llevar adelante la compra de las 22.000 hectáreas de tierra del brasileño Ulisses Rodrigues Teixeira.   

La versión coincide plenamente con las últimas llamativas  manifestaciones del ministro secretario de la Presidencia, Miguel Angel López Perito, quien, en primer lugar, afirmó que la adquisición de la estancia "Paso Kurusu" (de Teixeira) nunca había sido descartada por el Gobierno y acusó a la prensa de publicar mentiras acerca de la adquisición, lo que motivó el congelamiento del proceso de compra.   

El mismo López Perito ahora habla de la posibilidad de comprar las tierras de Teixeira, pero por la vía de la expropiación, lo que necesariamente tiene que pasar por una aprobación del Congreso.   

De esta forma, el pacto para la elección de los nicanoristas Víctor Bogado en Diputados y Oscar González Daher en el Senado habría tenido, entre sus puntos de acuerdo, la aprobación parlamentaria para la expropiación del inmueble.   

Una expropiación dejará al arbitrio de los legisladores el precio que deberá pagarse por las tierras a Teixeira y no se descarta que hasta el monto de la operación se haya acordado en el pacto electoral de ambas Cámaras del Congreso, así como el mismo presidente de la República, Fernando Lugo, acordó en un documento, ya un año antes de la compra, el monto de 31 millones de dólares por dichas tierras.   

López Perito sostuvo que se conversará con Contrataciones Públicas (donde hay un nuevo titular en remplazo de Max Rejalaga, quien también cuestionó el proceso de compra de las tierras de Teixeira) para saber exactamente en qué etapa de la compra se suspendió el proceso, para luego avanzar en el Parlamento estudiando otras vías de compra, entre ellas la expropiación.   

Tierras para la reforma

El ministro López Perito, al tiempo de reafirmar que la compra de las tierras de Teixeira nunca fue descartada por el Gobierno,  alegó que "para la reforma agraria se necesitan 1.000.000 de hectáreas de las cuales ‘Paso Kurusu' posee apenas 22.000 hectáreas".

Lo que no menciona López Perito es que las tierras de Teixeira, entre los departamentos de San Pedro y Amambay, poseen unas 15.000 hectáreas de bosques nativos que por ley no pueden ser tocados. Es decir que de las 22.000 hectáreas, el 63% no sirven para la instalación de un asentamiento. Se invertirán unos 150.000 millones de guaraníes en una propiedad de cuya superficie solo el 37%  es apto para una colonia. Salvo que el interés real sea concretar como sea la compra y deforestar de paso las 15.000 hectáreas de bosques.

 

Foto: Arboles caídos dentro de la estancia Paso Kurusu. Uno de los objetivos reales de la compra del inmueble sería la deforestación de 15.000 hectáreas de bosques nativos.

Comenzaron las negociaciones UE-Mercosur
Francia, Italia y Alemania, entre otros, respaldaron los reclamos griegos ante la Unión Europea

Mientras en Buenos Aires se reanudaron oficialmente las negociaciones para un acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, en Luxemburgo, una docena de países expresó ayer sus quejas contra las restricciones a las importaciones de alimentos dispuestas por el gobierno argentino.

El comisario europeo de Agricultura, el rumano Dacian Ciolos, declaró que las trabas se estaban aplicando a casi todos los productos agrícolas que la UE exporta a la Argentina y advirtió sobre la "ilegalidad" de esas medidas.

"Si estas medidas persisten, las negociaciones con el Mercosur necesariamente se verán afectadas", advirtió Ciolos, durante una reunión del Consejo de Agricultura de la UE. De hecho, admitió que en la Comisión Europea hubo un debate interno sobre si se debía participar o no de las primeras negociaciones UE-Mercosur en seis años, a causa de la política instrumentada por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, sobre las importaciones de alimentos. Fue el propio presidente de la Comisión Europea, el portugués José Manuel Durao Barroso, el que resolvió que, pese a todo, el bloque participaría de la ronda de negociaciones que se inició ayer en Buenos Aires.

Según consignaron las agencias Reuters y EFE, en la reunión de Luxemburgo, las autoridades griegas presentaron su reclamo por la cancelación o suspensión de exportaciones de duraznos enlatados a Buenos Aires por cerca de 2,4 millones de dólares. La delegación de Dinamarca advirtió que había encontrado problemas en sus exportaciones de productos lácteos. Las quejas fueron respaldadas por Francia, Italia, Alemania, Irlanda, Austria, Polonia, Bulgaria, Bélgica, Lituania, Rumania y Chipre. Los ministros de Agricultura europeos, al igual que los productores de esos países, son algunos de los principales opositores internos a un acuerdo de libre comercio con el Mercosur.

"Medidas proteccionistas"

En la Argentina, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, volvió a negar en declaraciones radiales que existan bloqueos al comercio, aunque reconoció que el Gobierno busca "cuidar los propios productos". Y añadió: "Todos los países tienen medidas proteccionistas en algún momento".

Anteayer, fuentes europeas habían indicado a LA NACION que aún existe "una gran cantidad de productos alimenticios en la aduana que no pueden entrar", entre los que mencionaron quesos de alta calidad, arroz, pastas y fiambres.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), Diego Pérez Santisteban, brindó una visión diferente. Dijo que "entre el 85 y el 90 por ciento" de lo que en un comienzo había sido retenido ya fue liberado. "Para el caso de las empresas asociadas a la cámara, los supermercados, los distribuidores, al día de hoy no tenemos reclamos pendientes por certificados [para importación] de productos de Europa", dijo.

Aunque los efectos de esas barreras hayan mermado, las autoridades europeas tienen sus propios motivos para insistir en las quejas. Por un lado, está el valor simbólico negativo que podría tener avanzar en un acuerdo de libre comercio con países que imponen restricciones de manera no formal. Por el otro, le sirve como excusa para adoptar una determinada posición negociadora de cara a la ronda con el Mercosur, acorde con el ala más dura de la UE.

Ayer, las delegaciones encabezadas, respectivamente, por el secretario de Comercio Internacional argentino Alfredo Chiaradia, y por el director general adjunto de Comercio de la UE, el portugués João Aguiar Machado, iniciaron la primera ronda de conversaciones que culminará pasado mañana. "Hubo una primera sesión casi protocolar, en la que se fijaron las agendas y los cronogramas, pero no se abordaron cuestiones de fondo", contó una fuente diplomática. "A lo que aspiramos es a poder ordenar el diálogo", dijo Chiaradia, en declaraciones reproducidas por Télam.

Debate. Dos proyectos en el Congreso ponen tope a concentración. Propuesta aprista propone que empresas no puedan concentrar más de 40 mil hectáreas, mientras proyecto nacionalista pide un límite de 10 mil.. Ver infografía.

En la Comisión Agraria del Congreso de la República existen dos proyectos de ley que buscan limitar la concentración de tierras en pocas manos. 

Pero aún no hay consenso sobre el número máximo de hectáreas que una empresa podrá poseer. El  proyecto 3194-2008 -presentado por el congresista aprista Tomás Cenzano y apoyado por su bancada- fue aprobado en mayo por la mencionada comisión. Aquí se establece un límite máximo de adquisición de 40 mil hectáreas agrícolas en la costa.

Pero la semana pasada congresistas independientes apoyados por la bancada nacionalista presentaron un proyecto más radical y propone un tope de solo 10 mil.

Sin embargo, este segundo proyecto no impide a los que ya superan el límite máximo de tierras adquirir más hectáreas, como sí lo precisa el primer proyecto. La congresista Gloria Ramos, autora de la segunda iniciativa, asegura que fue un error de redacción, que será corregido antes de su votación.

 La parlamentaria opina que 40 mil hectáreas es todavía un tamaño excesivo, que no frena el problema  de la concentración de tierras, por lo que su iniciativa busca que los grandes grupos económicos no acaparen el mercado.

Posiciones encontradas

Pero no todos comparten la posición de Ramos. El congresista de Unidad Nacional Franco Carpio  defendió el proyecto inicial y dijo que no se debe limitar al máximo la libertad de compra que tienen las personas aunque  "por otro lado tampoco se debe promover que vuelvan los ‘barones del azúcar' con sus amplios latifundios". Carpio considera que limitar la adquisición de tierras a 40 mil hectáreas es una propuesta prudente y acorde con la evolución del mercado.

El segundo proyecto podría ser visto mañana en la Comisión Permanente del Pleno, pero ambos  parlamentarios coincidieron en la necesidad de que ambos proyectos retornen a la comisión de Agricultura para un mayor consenso.

Trabajadores contra latifundios

Demetrio Ruiz, secretario general de la Federación de Trabajadores Azucareros del Perú,  respaldó el proyecto que limita la concentración de tierras a 10 mil hectáreas, pero espera que antes de su aprobación se corrija la precisión que no fue incluida en el dictamen en minoría.

La congresista nacionalista Yaneth Cajahuanca afirma que 40 mil hectáreas es poco más que el tamaño de una provincia, por lo que respaldó el proyecto que pone un tope de 10 mil hectáreas a la concentración de tierras. Dijo que la naturaleza del proyecto es evitar que los que ya poseen grandes extensiones de terreno sigan concentrando aún más. 

 

 

 

 Representantes de la Unión Europea y de los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) iniciaron este martes en Buenos Aires las negociaciones para un acuerdo de libre comercio, después de que el pasado mes de mayo las partes acordaran relanzar unas conversaciones suspendidas desde 2004.

   Esta primera ronda se extenderá hasta el próximo viernes y tienen por objetivo principal "restablecer el contacto" entre las partes negociadoras y fijar un calendario y plan de trabajo para el futuro, explicaron fuentes comunitarias.

  "De cualquier modo, no van a discutir nuevas ofertas", recalcaron las fuentes tras indicar que los dos bloques repasarán el dossier tal y como quedó en 2004.

   El presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, anunció a principios del mes de mayo la decisión de retomar las negociaciones por considerar que un acuerdo supondría "claros beneficios económicos" para las dos partes.

   La presidencia española de la UE se marcó entre sus retos para este semestre relanzar las conversaciones con los países del Cono Sur, pese a las fuertes reservas de países como Francia, y finalmente se formalizó la vuelta a las conversaciones en la Cumbre UE-América Latina y Caribe del 18 de mayo en Madrid.

   Según los cálculos de Bruselas, un pacto supondría para la UE un beneficio económico anual de 4.500 millones de euros en forma de incremento de las exportaciones.

De manera unánime, tanto los mandatarios como las delegaciones a la X Cumbre de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y el público que colmó el Coliseo de Otavalo, respaldaron el llamado a la unidad.