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Por un agro moderno y sostenible (Colombia)

Fuente: Agencia de Prensa Rural

Autoría: Carlos Fernández

Fecha: Lunes, 07 Diciembre 2015

El DANE viene presentando los resultados del Tercer Censo Nacional Agropecuario (TCNA) como los folletines del siglo XIX, que se publicaban por entregas. Hasta el momento de escribir estas líneas, se han publicado 12 entregas, lo que implica que, más adelante, tendremos que volver a su análisis, una vez se tenga la versión completa de tales resultados. Hacía 40 años no se efectuaba un censo agropecuario en el país. El primero se hizo en 1960 y el segundo en 1970. O sea que, durante todo este tiempo, la política agropecuaria se ha basado en informaciones parciales o en suposiciones subjetivas. Cabe recordar aquí el libro «El problema de la tierra en Colombia», del investigador comunista Anteo Quimbaya, que analiza, desde una perspectiva marxista, el censo de 1960.

Nada nuevo bajo el sol

Los primeros avances del TCNA muestran que sigue siendo válida la afirmación acerca del predominio del latifundio de ganadería extensiva como relación social de la economía agraria. Del total del área censada, el 56,9% (62,8 millones de hectáreas) corresponde a bosque natural y el 38,3% (42,3 millones de hectáreas) se destina para uso agropecuario.

Al analizar este segmento de la tierra censada, se tiene que el 80% de las 42,3 millones de hectáreas dedicadas a la explotación agropecuaria corresponde a pastos. Para uso agrícola, se destinan tan solo 8,4 millones de hectáreas y, de estas, 1,3 millones están en descanso o en barbecho. O sea que la información sobre uso del suelo nos da cuenta, de manera directa, de la estructura socio-económica latifundista que configura las relaciones sociales predominantes en el campo colombiano. Esto se puede apreciar, también, al observar el uso del suelo teniendo en cuenta el tamaño de los predios agropecuarios (denominados Unidades de Producción Agropecuaria –UPA- por el DANE). Mientras las unidades de más de 1.000 hectáreas destinan el 88,1% del área a pastos, esta proporción desciende hasta el 60,6% en los predios hasta 5 hectáreas. Al excluir del análisis las casi 40 millones de hectáreas censadas en territorios de grupos étnicos, se tiene que los predios de más de 1.000 hectáreas destinan el 90,5% de su área para pastos.

La concentración de la propiedad rural es otro indicador del atraso de las relaciones sociales en el campo. Mientras los predios de más de 1.000 hectáreas representan el 0,2% del total de predios censados, su área asciende al 60,1% del total del área censada. Pero la concentración general esconde el fenómeno del desplazamiento pues 6,5 millones de hectáreas censadas se encuentran dentro del sistema de Parques Naturales Nacionales, como resultado del proceso de colonización generado por la violencia ejercida por los agentes del latifundio contra el campesinado.

El escaso uso de maquinaria indica que aún queda mucho por hacer para lograr la modernización del agro. En efecto, del total de predios censados, sólo el 16,6% informó que poseían algún tipo de maquinaria para la explotación del predio. Y la mayor proporción de maquinaria es maquinaria liviana. Aquí cabe señalar que los predios dedicados a actividades pecuarias presentan una proporción mayor de uso de maquinaria pesada que los predios dedicados a actividades agrícolas. Por otra parte, sólo el 18,1% de los predios declaró tener acceso a sistemas de riego, el 10,0% recibió asistencia técnica y el 11,1% solicitó crédito. De estos últimos, al 89,8% de los solicitantes les fue aprobada la solicitud.

¿Qué perspectivas para el agro?

La visión panorámica esbozada -que se puede complementar con datos sobre pobreza (45% de la población rural), analfabetismo (23,3% de los hogares), bajo logro educativo (82,2% de los hogares), etc.- confirma el hecho de que el desarrollo rural integral fuera el tema del primer punto de la agenda de negociación en La Habana. No obstante, el Gobierno nacional ha desarrollado una política ajena a los intereses campesinos y de los trabajadores del campo, como se puede apreciar en el Plan Nacional de Desarrollo y en la insistencia para darle vida legal a las denominadas Zidres.

Se puede decir que en esos documentos y en esas gestiones se aprecia un afán modernizador de la clase que representa el presidente pero, obviamente, de lo que se trata para ellos es de darles posibilidades de valorización y de acumulación a capitales que quieren usar la Orinoquia y la Amazonia para desarrollar cultivos agroindustriales o para explotar las posibilidades que brinda el subsuelo de esas regiones. Corresponde a las organizaciones populares, con su movilización, que la modernización del campo colombiano implique el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, el fortalecimiento de sus formas de organización territorial (zonas de reserva campesina, resguardos indígenas y otras), el cumplimiento cabal de las normas laborales para los proletarios del campo, el desarrollo de sistemas de producción respetuosos del medio ambiente (agroecología), la búsqueda de formas asociativas de producción y, sobre todo, el adelantamiento de una reforma agraria integral que, no por no figurar en los documentos oficiales, haya perdido vigencia como bandera de lucha de los colombianos.