"Queremos denunciar la falta de respeto por las familias afectadas por la construcción de represas, pero, además, queremos proponer alternativas para un desarrollo económico sustentable", afirma Orcélio Muniz, de la coordinación del Movimiento de los Damnificados por Represas. Una de las alternativas sería el reasentamiento digno de esas familias, con ambientes de trabajo y escuela para sus hijos, para que puedan de esta manera reconstruir sus vidas. 

Datos de la Comisión Mundial de Represas, órgano ligado a las Naciones Unidas, revelan que, en el mundo, cerca de 80 millones de personas fueron damnificadas directa o indirectamente por la construcción de usinas hidroeléctricas. En Brasil, ya expulsaron a cerca de 1 millón de personas y más de 34 mil km² de hectáreas de tierras fueron cubiertas por los lagos reservorios.

"Nosotros nos posicionamos en contra de la construcción de hidroeléctricas, porque los lagos creados por las represas generan energía para generar lucro. Las comunidades locales quedan excluidas y tienen que modificar toda su vida a causa de esto. Y la población brasilera también sale perjudicada, pues Brasil, incluso produciendo una gran cantidad de energía hidroeléctrica, todavía tiene la quinta tarifa de energía eléctrica más cara del mundo", resalta Orcélio.

El MAB denuncia que los gobiernos y la justicia son extremadamente rápidos para dar licencias ambientales y realizar expropiaciones con el objetivo de construir represas. La entidad destaca que los últimos años estuvieron marcados por el avance de las grandes empresas nacionales y extranjeras en el control de las riquezas naturales, minerales, del agua, de las semillas, de los alimentos, del petróleo y de la energía eléctrica.

Los integrantes del movimiento realizan manifestaciones durante toda la semana y mañana se reúnen en asamblea. En Rondonia, desde el miércoles (11), cientos de ribereños damnificados por las represas del Río Madeira están acampados en Porto Velho/RO. Entre los puntos contenidos en la pauta de reivindicaciones, se encuentra la suspensión de las licencias que autorizan la construcción y funcionamiento de las usinas y penalización por los delitos ambientales que las empresas están cometiendo.

El MAB exige además la suspensión inmediata del proceso de privatización del Río Madeira y de la energía y que todas las personas tengan acceso al Río Madeira y a los lagos sin amenazas, sin persecución y sin costos. Quieren la disminución en los precios de la energía eléctrica, con exención de pago hasta 100 kwh/mes para todas las familias, y que el precio de lo que se consuma por encima de los 100 Kwh/mes esté basado en el costo real de producción, así como la suspensión inmediata de los subsidios a los grandes consumidores de energía eléctrica, en particular a las industrias electrointensivas/exportadoras.