Campesinos de Aucayacu, Huánuco, y la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú (JNUDRP) manifestaron su rechazo a la reciente promulgación de la Ley de Recursos Hídricos, conocida como la Ley de Aguas.

Por un lado, más de medio millar de campesinos decidieron movilizarse por las principales calles de Aucayacu, en la provincia de Huánuco, como medida de protesta contra la mencionada ley, la cual consideraron como una efectiva "privatización de los recursos hídricos".

Los manifestantes aseguraron que en el valle del Alto Huallaga hay un sector importante de agricultores que desconocen los alcances de esta norma, por lo cual se requiere de mayor difusión para conocer sus implicancias a corto y largo plazo.

Por otro lado, el presidente de la JNUDRP, José Enrique Málaga, adelantó que su gremio prepara una propuesta de reglamento a la ley 29338.

Málaga expresó su malestar por la decisión del Ejecutivo de dar luz verde a la norma, pese a que los productores habían dejado constancia de muchos puntos controversiales, precisó en conversaciones con la Coordinadora Nacional de Radio (CNR).

"Definitivamente, ante los hechos consumados y al haber (las empresas) conseguido que se introduzcan artículos con sesgo privatista, no tenemos sino que trabajar en el reglamento para evitar ser avasallados ante el ímpetu de algunas compañías como las mineras o las agroindustriales", agregó.

Ejecutivo defiende su dictamen
A pesar de las críticas, el Ejecutivo consideró que la Ley de Aguas busca "modernizar y hacer más eficiente el uso del agua tanto en los sectores productivos como en el doméstico".

Según el documento recientemente aprobado, a partir de ahora será creado el "Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, cuyo objetivo será articular el accionar del Estado para conducir los procesos de gestión integrada y de conservación de los recursos hídricos en los ámbitos de las cuencas, los ecosistemas y los bienes asociados".

Menciona además que "la Autoridad Nacional es el ente rector y la máxima autoridad técnica normativa del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, teniendo responsabilidad en el funcionamiento del mismo".

Una de las funciones inherentes a dicha autoridad será elaborar el método y determinar el valor de las retribuciones económicas por el derecho de uso de agua, así como por los vertimientos residuales en fuentes naturales.