En diversos lugares de la Región existen numerosas manifestaciones de resistencia frente a las invasiones que siguen ocasionando las Industrias Extractivas. La resistencia no ha sido fácil, los proyectos de inversión de las grandes Compañías han venido acompañadas con políticas de Estados que promueven la militarización y criminalización de la protesta social.
Las agrupaciones y movimientos sociales que defienden Derechos colectivos exigen el cambio de las políticas estatales neoliberales; y de poner fin al saqueo y destrucción que vienen ocasionando las actividades industriales que van en desmedro de grande mayorías y de extensos territorios.

En Puelmapu (Argentina), desde el 2007 se inicia un proceso de análisis y convergencia entre pobladores, comunidades y Pueblos de la Patagonia afectados o amenazados por Industrias extractivas.

También desde el 2007, en Ngulumapu (Chile), la Red de acción por la Justicia Ambiental y Social inicio un proceso de diagnostico, información y articulación frente a los graves conflictos territoriales que existen a causa de políticas de inversión pública o privada, principalmente como consecuencia de industrias extractivas, tales como la Minería, Celulosa - Forestales y mega proyectos hidroeléctricos.

En Bogotá, Colombia, septiembre de este año, diversas organizaciones del continente definen un plan de acción en el Foro social frente a la gran Minería. En ella, Referentes sociales de diversos Países autoconvocaron para establecer nuevas formas de alianza y asumir articuladamente la defensa de sus Derechos. Exigen cambios radicales frente a la sobre explotación de los Bienes Naturales y Colectivos que hacen poderosos grupos económicos bajo el amparo de Estados; y exigen que se pare el saqueo, la destrucción y contaminación que ha provocado esta industria.

En Perú, importantes referentes Indígenas como AIDESEP y CONACAMI han asumido una posición crítica y han promovido diversas propuestas económicas alternativas frente a la invasión de las petroleras y Mineras, respectivamente, basadas en el buen vivir.

En estos y diversos otros espacios que han contribuido para analizar los conflictos causados por las industrias extractivas, se podría desprender que han existido diversos puntos en común y transversales. Algunos de ellos:

La situación de exclusión, imposición, negación y atropello a los derechos colectivos de los Pueblos y sus habitantes rurales y urbanos, que son víctimas de un modelo económico y política neoliberal y de Estados capitalistas unicentristas, patriarcales y colonialistas, se traduce en problemáticas significativas en cada aspecto del bienestar social, desde la situación de la salud y educación, los territorios, medio ambiente, Recursos Naturales, hasta la exclusión de los procesos políticos, del mercado laboral justo, productivo sustentable y la alienación cultural de grandes mayorías.

Son hechos que se han evidenciado y que suceden a diario y en este marco los Pueblos Indígenas son una de las principales víctimas.

Los Pueblos Indígenas preexistentes a la formación de los Estados, con visión, organización y Derechos propios, han sido víctima de procesos colonialistas en todo el devenir histórico, de políticas genocidas, racistas, de marginación y empobrecimiento. Actualmente, nuevas formas de genocidios y colonialismos se traducen en esta invasión de Corporaciones Económicas principalmente Transnacionales.

Con respecto a la Militarización y Criminalización, un ejemplo constante es como se ha venido manipulando el concepto de "terrorismo", como ha ocurrido en Chile contra el Pueblo Mapuche o en Perú y Colombia contra Pueblos Indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes, donde a modo de ejemplo, en la tierra del vallenato se usó de excusa la "guerrilla" para reprimir toda protesta social y movilización que pudiese afectar los intereses de los grandes proyectos de inversión, sin importar de donde y porqué provenga. Coincidentemente son los tres principales países ejes de Sudamérica de un arraigado corte neoliberalista e imperialista.

Como mapa de conflictos, en Colombia, las principales arremetidas de paramilitares, militares y bases militares estadounidenses, coinciden donde se ubican los principales proyectos para industrias extractivas, lo que ha generado en varias ocasiones desplazamientos forzados de poblaciones y verdaderos genocidios a causa de Mineras y Petroleras. Hechos muy similares han ocurrido en Perú en el marco de las invasiones de las mismas industrias.

Con el actual escenario, resulta necesario y fundamental, ante el abandono de parte de la institucionalidad pública y la crisis del modelo económico global y sistema estatal, resguardar los derechos Humanos y socio ambientales del tipo individual y colectivo, siendo fundamental que sean las propias comunidades, las poblaciones, las organizaciones sociales quienes deban asumir los grandes desafíos de articularse para defender y ejercer sus derechos colectivos, de manera autónoma, amplia, representativa, efectiva, horizontal, solidaria y eficiente.

Por otra parte, se ha valorado e identificado la necesidad de articularse y buscar alianzas horizontalmente con otros sectores sociales que son víctimas directas o indirectas de políticas de inversión pública o privada y que transgreden derechos básicos de los Pueblos como son, la libre determinación, las soberanías y autonomías, tales como soberanías en territorialidad, Recursos Naturales; Soberania alimentaria, economías locales, Participación y decisión Política, entre otros.

También, se ha valorado e identificado la necesidad de avanzar hacia Movimientos Sociales coordinados, que involucren acciones e incidencia sobre temas de fondo en la esfera de las Políticas que favorecen a las Corporaciones Transnacionales y la reproducción del modelo neoliberal e imperialista.

Asimismo, que se avance hacia una visión de Respeto a los Derechos de los Pueblos, la Justicia social y Ambiental y las Reparaciones ante los graves daños causados por Estados y Compañías a Pueblos y Comunidades en diversos puntos de la Región.

Recopilación: Alfredo Seguel
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