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Perú

La ingeniera forestal Isabel Gonzales Icaza advierte que los impactos negativos del cultivo de palma aceitera en la Amazonía peruana se producen en gran parte por la frágil institucionalidad ambiental y la falta de ordenamiento territorial y forestal.

A ello se agrega que el marco regulatorio sobre la adjudicación de tierras en la Amazonía aún se precisa aclarar y consolidar.

La especialista, miembro de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), observa que la palma aceitera se viene expandiendo de manera importante en departamentos como Loreto, San Martín y Ucayali, donde se la asocia a impactos como la deforestación y el reemplazo de bosques por agricultura.

El Congreso de la República, el 07 de octubre, ha aprobado, bajo la denominación de Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar (LPDAF), una norma para los agricultores familiares y esta ha sido promulgada el 03 de noviembre, que tiene N° 30355 (publicado el 04 de noviembre en el diario El Peruano). La Ley ha sido sustentada por el congresista de la Comisión Agraria, Manuel Merino de Lama (Acción Popular–Frente Amplio / AP–FA).

La LPDAF ha considerado las propuestas de los congresistas: Wuilian Monterola y Norman Lewis del Alcázar (Unión Regional / UR), Claudia Coari (Dignidad y Democracia / DD) y Modesto Julca (Perú Posible / PP).

El contenido de la Ley es muy pobre, porque lo que trae para ser asumido por el Estado no son grandes cosas.

La guerra por el agua se desató a raíz de la promulgación Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua (30157), que busca una mejor fiscalización de la administración del agua y transparentar a las organizaciones de usuarios, al disponer que los dirigentes de las juntas de regantes sean elegidos bajo supervisión de la ONPE y que la Asociación Nacional del Agua (ANA) apruebe los padrones electorales.

Estas medidas que permitirán la democratización y transparencia de las entidades de regantes del país, cayeron como un balde de agua fría en algunos grupos interesados enquistados en la ANA y algunas Juntas de Regantes, que se oponen a la fiscalización y quieren seguir manejando el agua sin ningún control.

Los miembros de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI), realizaron una marcha cívica y cultural en defensa de sus derechos y boquearon la carretera marginal a la altura de la entrada a lacomunidad nativa de Pampa Michi (vía de comunicación entre Perené y La Merced en Chanchamayo). 

Según Lyndon Pichagua, coordinador de ARPI, su objetivo es demandar lostítulos de propiedad de los territorios de sus comunidades nativas. 

Otros punto que también fue y continúa bloqueado es la zona de repartición a las provincias de Oxapampa y Satipo, a la altura del puente Reither, donde pusieron troncos y piedras para impedir la circulación. 

Según presidente del Frente de Defensa de Ayacucho Claudio Tapia, las muertes se produjeron por disparos de trabajador minero que le sustrajo el arma a efectivo policial.

Dos fallecidos y decenas de heridos se registran producto del enfrentamiento entre trabajadores de la mina Exploraciones Andinas y manifestantes de siete comunidades campesinas del distrito de Puquio, en Ayacucho.

La reyerta se produjo durante el paro de 48 horas convocado para el miércoles 21 y jueves 22 de octubre contra citada empresa, a quien acusan de contaminar la cuenca de la laguna Yaurihuiri, cuyas aguas son indispensables para la agricultura, la ganadería y el consumo humano de la población local.

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