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Por Raúl Zibechi

Desde fines de marzo los campesinos de la provincia Islay, en la región Arequipa, sur peruano, enfrentan a una de las más poderosas multinacionales mineras, Southern Copper, que pretende abrir una mina de cobre en el valle de Tambo. A lo largo de más de un mes, han contando con la solidaridad activa de los trabajadores de la construcción, profesores y pobladores urbanos de la Asociación de Urbanizaciones Populares de Arequipa.
 
La Southern Copper tiene una negra historia en Perú. Comenzó a explotar una mina a cielo abierto en Toquepala, en 1956, el mayor yacimiento de cobre del país, y construyó una refinería en Ilo, en 1960, ambas en el departamento de Moquegua, vecino de Arequipa. En 1976 abrió una segunda mina, más grande aún, Cuajone, en el mismo departamento. Durante años la Southern fue el mayor contribuyente del Perú.

Los campesinos se oponen al plan Tía María por posibles daños ambientales

Henry Checlla Chura, de 35 años, es el segundo civil muerto por disparos de la Policía Nacional en menos de dos semanas en el valle del Tambo, en la región Arequipa (costa sur de Perú), donde los agricultores iniciaron un paro hace 43 días en protesta contra el proyecto minero Tía María de la empresa Southern Copper, con una inversión de 1.400.000 dólares.

El proyecto Tía María genera tensiones en la zona desde 2009, cuando Southern Copper presentó por primera vez el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto, planteando usar agua de río para la extracción de cobre: una evaluación de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) lo rechazó. En 2011 las protestas contra el proyecto causaron tres muertos y casi 50 heridos. La minera entregó un segundo EIA en 2013 con una modificación: desalinizar agua de mar para no abastecerse del río Tambo, y esta vez fue aprobado, en 2014, por el Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, los agricultores temen que el polvo de la operación minera dañe sus cultivos. Frente a ello, el viceministro de Minas, Guillermo Shinno, dice que debido a la orientación de los vientos la agricultura no será perjudicada.

Dado que Máxima Acuña ha estado manifestando continuamente que ella y su familia siguen sufriendo, de manera sistemática, actos de hostigamiento, intimidación y violencia de parte de las fuerzas del orden y de presuntos trabajadores de la empresa minera Yanacocha, diversas instituciones solicitaron a la gobernación de Cajamarca garantías para los Chaupe.

Así, pues, esta decidió: “Otorgar las garantías del caso a Máxima Acuña de Chaupe y familia, a fin de proteger el libre ejercicio de derechos y libertades fundamentales reconocidas en la Constitución, así como aquellas libertades que se deriven del ejercicio de derechos posesorios en el predio Tragadero Grande, así como el retiro de todo servicio policial dentro del predio, salvo excepciones de ley o autorización previa de los posesionarios”, tal como se menciona literalmente en el documento oficial.

En Tragadero Grande, a 4.100 metros sobre el nivel del mar, frente a la Laguna Azul, en la Comunidad de Sorochuco, Región de Cajamarca, al Norte de Perú, una mujer de 44 años hace oír su voz. "Soy pobre y analfabeta, pero sé que nuestra laguna y las montañas son nuestro verdadero tesoro, y lucharé para que el proyecto Conga no las destruya", dice con firmeza Máxima Acuña de Chaupe, quien lleva resistiendo cuatro años de litigio y múltiples intentos de desalojo por parte de la Minera Yanacocha, la más grande productora de oro de Sudamérica.

El proyecto Conga está administrado por la sociedad anónima Minera Yanacocha —constituida por las empresas Newmont Mining Corporation (51,35%), Compañía de Minas Buenaventura (43,63%) yCorporación Financiera Internacional(5%)—, plantea trasvasar el agua de cuatro lagunas (Mala, Chica, Azul y Perol) hacia tres reservorios que se construirán cerca del lugar de origen de las mismas. Bajo los humedales hay oro, plata y cobre. Y en la Laguna Azul se tiene previsto depositar toda la roca removida.

Congreso pone en debate Proyecto de Ley 3941, que agudiza la afectación de derechos de las comunidades campesinas y nativas. Pueblos indígenas exigen su archivo definitivo.

El martes 06 de abril, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República ha incluido como punto de agenda la discusión de Proyecto de Ley 3941.