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Cada año que pasa se acentúa más la concentración de la propiedad agrícola en el Perú. Como advirtiera Otramirada, el neolatifundismo ha cobrado un nuevo impulso con grandes obras de irrigación como Chavimochic, Olmos o Chinecas. El gobierno de la gran transformación, que tuviera al general Velasco Alvarado como uno de sus referentes más importantes, nos ha devuelto a un escenario previo a la Reforma Agraria, con poderosos grupos económicos reemplazando a los antiguos gamonales.

Según el último Censo Agraropecuario (2012), recogido y comentado en la Revista Agraria, el 65% de las tierras irrigadas de la costa están controladas por una treintena de empresas agroindustriales. Ya sea por la privatización de las antiguas cooperativas agrarias o por la transferencia de tierras por subasta, grupos económicos como  Gloria poseen un territorio mayor a algunas regiones del país (79 728 ha.). El límite en la posesión de tierras, debatido arduamente en el anterior Congreso, hoy es cosa del pasado.

Reconocimiento y legalización de tierras y territorios ancestrales; reconocimiento del uso y usufructo en territorios ancestrales; y la participación social y resolución de conflictos son los tres temas que la Comisión de Soberanía Alimentaria someterá a consulta prelegislativa dentro del tratamiento del proyecto de Ley de Tierras.

El legislador Mauricio Proaño (PAIS), vicepresidente de la Comisión, manifestó que estas tres temáticas están contempladas en 18 artículos del proyecto y se relacionan con el mecanismo para reconocer: qué son tierras ancestrales, si están en uso productivo y cuál debería ser el mecanismo para resolver un problema interno en las comunidades.

Proaño aseguró que todos los artículos revisados garantizan derechos, por lo que no sería necesaria la consulta, pero prefieren cumplir con este mecanismo de participación ciudadana para que ningún tema quede en el aire.

En medio de una institucionalidad ambiental cada vez más debilitada, hay empresas con mayor cantidad de resoluciones de sanción y procesos pendientes por haber incurrido en faltas en esta área. Además, un grupo de empresas mineras buscan afectar la fiscalización a través de distintas demandas. Lo curioso es que la mayoría de ellas también han sido sancionadas por incumplir la normativa ambiental.

Es cuestión de sentido común. Durante su trabajo habitual, las empresas mineras tienen permitido emitir cierto porcentaje de elementos químicos  (plomo, arsénico, zinc, etc.) en cantidades mínimas que no afecten ni a las personas ni al ambiente que los rodea.

Pero el sentido común no es suficiente. Se necesita un instrumento que sirva para medir este porcentaje. Ese instrumento, en nuestro país, es el Límite Máximo Permisible (LMP). Sin embargo, a la luz de información obtenida por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), se ha podido comprobar que la mayoría de empresas incumplen y exceden los LMP.

Desde la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales denunciamos este atropello a los Derechos de la hermana Máxima Acuña y su familia. Expresamos nuestra total indignación y repudio al Estado Peruano que obra a favor de la empresa minera transnacional Yanacocha, sin respetar fallos judiciales, y actua de forma abusiva e Ilegal en contra de una humilde familia. Exigimos proteccion para ella y su familia Difundamos este nuevo atropello y mantengamonos unid@s en solidad con Maxima exigiendo Justicia y proteccion para ella y su famila.
 
Mirtha Vázquez, abogada de la señora Máxima Acuña de Chaupe, quien recientemente había ganado un juicio a Minera Yanacocha por el conflicto sobre la propiedad de las tierras que posee en la zona de Tragadero Grande cerca a las lagunas que pretende afectar el proyecto Conga, informó que la DINOES y la policía en un acto cobarde abusivo e ilegal ha destruido la ampliación de la casa de la familia Chaupe. 

Cerca de 30 comunicadores  y promotores indígenas provenientes y aliados de las bases de Moquegua, Apurímac y Puno, asistieron a la ciudad de esta última región para  participar en el Taller de capacitación y réplica “Comunicación Popular Radial para la Incidencia y Fortalecimiento de las Organizaciones Base”.

Esta actividad de carácter macroregional tuvo el objetivo de que las bases convocadas reconozcan en la comunicación popular  herramientas para fortalecer su organización a través del diálogo y el entendimiento mutuo; además de que expresen por sus propios medios e identidades culturales, sus problemas, agendas y propuestas para buscar cambios significativos.

La Confederación Nacional Agraria – CNA realizó el evento de dos días, en el marco del proyecto “Llipinchis Yupsunchis: Todos y todas contamos”, orientado a visibilizar la identidad y fortalecer las agendas de las bases, y sobre el que se viene impulsando una escuela indígena de comunicación que lleva el mismo nombre.