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Perú

- AIDESEP y el BID revisan proyecto de titulación a fin de ampliar su alcance con posible aporte estatal.

Servindi, 25 de febrero, 2015.- Una reunión celebrada entre la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) analizó la conveniencia de incrementar de 80 a 96 millones de dólares el Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Peru- Tercera Etapa (PTRT3).

En el diálogo sostenido el viernes 20 de febrero se puntualizó la necesidad de destinar íntegramente 16 millones de dólares para titular 1166 comunidades indígenas amazónicas, los que serían cubiertos “con posible aporte estatal” indicó una n ota informativa de AIDESEP.

Nery Zapata, miembro del Consejo directivo nacional de la organización amazónica, enfatizó la necesidad de priorizar la titulación de las comunidades indígenas amazónicas, lo que no ha sucedido desde 1996, en que se implementó el primer PTRT.

El pasado viernes 13 de febrero se realizó la  conferencia de prensa en el Congreso de la República, convocada por congresistas como Verónika Mendoza, Manuel Dammert y Juan Pari, además de dirigentes indígenas  y representantes de instituciones civiles; los cuales hicieron escuchar sus posturas al respecto de las nuevas normas: la Ley 30230, el Decreto Supremo 001-2015-EM y el Proyecto de Ley 3941-2014 PE, los que podrían incrementar los  conflictos territoriales. 

Richard Smith, Director del Instituto del Bien Común (IBC), Representante del Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú y miembro de la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra, se unió a la propuesta de ley para lograr la derogatoria de estas normas por considerarlas serias amenazas al régimen de propiedad comunal, poniendo en peligro los derechos territoriales de las comunidades campesinas y nativas del Perú.

Reconocimiento y legalización de tierras y territorios ancestrales; reconocimiento del uso y usufructo en territorios ancestrales; y la participación social y resolución de conflictos son los tres temas que la Comisión de Soberanía Alimentaria someterá a consulta prelegislativa dentro del tratamiento del proyecto de Ley de Tierras.

El legislador Mauricio Proaño (PAIS), vicepresidente de la Comisión, manifestó que estas tres temáticas están contempladas en 18 artículos del proyecto y se relacionan con el mecanismo para reconocer: qué son tierras ancestrales, si están en uso productivo y cuál debería ser el mecanismo para resolver un problema interno en las comunidades.

Proaño aseguró que todos los artículos revisados garantizan derechos, por lo que no sería necesaria la consulta, pero prefieren cumplir con este mecanismo de participación ciudadana para que ningún tema quede en el aire.

Cada año que pasa se acentúa más la concentración de la propiedad agrícola en el Perú. Como advirtiera Otramirada, el neolatifundismo ha cobrado un nuevo impulso con grandes obras de irrigación como Chavimochic, Olmos o Chinecas. El gobierno de la gran transformación, que tuviera al general Velasco Alvarado como uno de sus referentes más importantes, nos ha devuelto a un escenario previo a la Reforma Agraria, con poderosos grupos económicos reemplazando a los antiguos gamonales.

Según el último Censo Agraropecuario (2012), recogido y comentado en la Revista Agraria, el 65% de las tierras irrigadas de la costa están controladas por una treintena de empresas agroindustriales. Ya sea por la privatización de las antiguas cooperativas agrarias o por la transferencia de tierras por subasta, grupos económicos como  Gloria poseen un territorio mayor a algunas regiones del país (79 728 ha.). El límite en la posesión de tierras, debatido arduamente en el anterior Congreso, hoy es cosa del pasado.

En medio de una institucionalidad ambiental cada vez más debilitada, hay empresas con mayor cantidad de resoluciones de sanción y procesos pendientes por haber incurrido en faltas en esta área. Además, un grupo de empresas mineras buscan afectar la fiscalización a través de distintas demandas. Lo curioso es que la mayoría de ellas también han sido sancionadas por incumplir la normativa ambiental.

Es cuestión de sentido común. Durante su trabajo habitual, las empresas mineras tienen permitido emitir cierto porcentaje de elementos químicos  (plomo, arsénico, zinc, etc.) en cantidades mínimas que no afecten ni a las personas ni al ambiente que los rodea.

Pero el sentido común no es suficiente. Se necesita un instrumento que sirva para medir este porcentaje. Ese instrumento, en nuestro país, es el Límite Máximo Permisible (LMP). Sin embargo, a la luz de información obtenida por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), se ha podido comprobar que la mayoría de empresas incumplen y exceden los LMP.

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