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Con el objetivo de generar un encuentro entre la academia y las organizaciones rurales que permita visibilizar, investigar y debatir los procesos a nivel del sector juvenil y la educación rural, Colombia realizará el Encuentro Campesino: Jóvenes y Educación Rural, respuesta desde los territorios, el 30 y 31 de octubre; y, 1° y 2 de noviembre en las instalaciones de la Universidad Nacional de este país, sede Bogotá.

El evento se centrará en la discusión de la afirmación planteada desde el Informe Nacional de Desarrollo Humano PNUD Colombia (2011): ¨Colombia es más rural de lo que pensamos. Pero por casi cuarenta años, la progresión del proceso de urbanización como la ruta privilegiada hacia la modernización opacó esa realidad.¨

Colombia entra en otra semana de protestas sociales con los campesinos y productores agrícolas en espera de una salida a la crisis que vive el campo y los pilotos de Avianca que reclaman mejores salarios y condiciones laborales.

Tras la reciente Cumbre Agraria realizada el viernes último, que sesionó de forma paralela al gran Pacto Agrario promovido por el Gobierno, los agricultores, que desde el 19 de agosto se encuentran en paro, reiteraron al Ejecutivo que sus propuestas han sido claras.

"Seguimos insistiendo en avanzar hacia una política de reforma agraria integral que reconozca los territorios colectivos indígenas y afro, que dote de la tierra y territorialidad necesaria al campesinado, y que desmonte los grandes latifundios que han concentrado la mayor parte de la tierra cultivable", sostuvieron.

La Red de Integración de Economía Social y Solidaria ( REDESS Colombia) y la Confederación Colombiana de pro-sumidores, frente a los posibles acuerdos del pacto agrario que pondría fin a una serie de movilizaciones del Paro Agrario en ese país, emite una carta abierta al Presidente Juan Manuel Santos invitándolo a reflexionar  y comprender que un pacto debe contar de profundas reformas sociales, económicas y políticas.

Este jueves 12 de septiembre se lanzó el gran Pacto Nacional Agrario, iniciativa del presidente colombiano, para redireccionar -según fuentes oficiales- al sector rural por la enorme informalidad en la tenencia de la tierra, por los niveles de desempleo y pobreza, por el mal estado de las carreteras y ahora también por el recorte de la tercera parte del presupuesto del Ministerio de Agricultura. 

El informe hecho público el domingo por la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdos (MIA) en Colombia es espeluznante. Al menos, 660 casos de violaciones de derechos humanos individuales y colectivos, 262 detenciones arbitrarias, 12 personas asesinadas, 21 personas heridas con armas de fuego, 485 heridos con otro tipo de elementos, 4 desaparecidos, 51 casos de ataques indiscriminados contra la población civil en diferentes departamentos de Colombia y 52 casos de hostigamiento a líderes y lideresas campesinos y populares.

Los departamentos colombianos del Huila, Caquetá, Cauca, Nariño y Putumayo, en el sur y suroeste, continúan aislados hoy y escasean alimentos en muchos de sus municipios debido a los bloqueos de carreteras por la huelga agropecuaria que comenzó hace más de dos semanas.

El sector agrario colombiano inició el 19 de agosto una huelga indefinida que el Gobierno ha podido mitigar los últimos días con algunos acuerdos puntuales con campesinos de departamentos como Boyacá, Cundinamarca o Nariño, pero persisten focos conflictivos en el sur del país.